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Fiscalía pide enjuiciar a militares y a médico

Son procesados por comercio y depósito ilegal de arma de fuego, actos arbitrarios y estafa agravada

Audiencia contra coronel Salvador Quezada, otro subteniente y un médico fue a puerta cerrada. Foto EDH / Cortesía Juzgados.

Audiencia contra coronel Salvador Quezada, otro subteniente y un médico fue a puerta cerrada. Foto EDH / Cortesía Juzgados.

Audiencia contra coronel Salvador Quezada, otro subteniente y un médico fue a puerta cerrada. Foto EDH / Cortesía Juzgados.

Dos militares y un odontólogo comparecieron ayer a la audiencia preliminar en el juzgado 8° de Instrucción donde se definirá si son enjuiciados por los delitos de comercio y depósito ilegal de armas de fuego, actos arbitrarios y estafa agravada, en perjuicio de varias víctimas.

Los procesados son el coronel Salvador González Quezada, el subteniente José Luis Arístides Figueroa y el odontólogo José David García, estos dos últimos enfrentan la justicia por el delito de estafa agravada.

Aunque ayer finalizó la audiencia, la jueza Patricia de Chavarría no emitió su resolución sino que la programó para el próximo jueves.

Como parte de la acusación, la Fiscalía General enumeró cada uno de los nueve casos en los cuales se involucra al militar, quien valiéndose de ser el director de Logística del Ministerio de Defensa sustrajo armas de grueso calibre y las vendió a diferentes personas.

Según el Ministerio Público, las armas que supuestamente fueron comercializadas ilegítimamente presentaban diferentes registros y alteraciones, así como irregularidades que no permitieron a los compradores registrarlas debidamente.

De acuerdo con las investigaciones, para cometer los ilícitos el militar se valió de la colaboración del subteniente José Luis Arístides Figueroa y el odontólogo José David García.

Por las abundantes pruebas testimoniales y científicas en contra de los implicados, la Fiscalía ha solicitado a la jueza que envíe a los militares a juicio y se decrete la detención provisional para los tres imputados, esto para garantizar su comparecencia en el proceso.

Además solicitó que se de por iniciada la acción civil en el proceso y se decrete el embargo a los bienes de los imputados.

Los fiscales del caso señalaron que el coronel registró fraudulentamente dos fusiles AR-15 y dos fusiles AK-47.

Al parecer, comercializaba las armas de grueso calibre, con escrituras públicas, matrícula y registro balístico modificando las series originales y clonando sus pieza. Todo eso lo habría realizado mientras fungía como director de Logística en 2010.

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