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Exdirector del ISSS

Fiscalía acusa Leonel Flores de enriquecimiento ilícito

El Ministerio Público presentó, este martes, una demanda ante la  Cámara Segunda de lo Civil. La semana pasada seis bancos notificaron del congelamiento de 10 cuentas a nombre de Flores Sosa.

Demanda de la Fiscalía contra Flores

Demanda de la Fiscalía contra Flores | Foto por Cortesía Prensa centro judicial Isidro Menéndez

La Unidad Anticorrupción de la  Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente de enriquecimiento ilícito de unos $600 mil  dólares a Leonel Flores Sosa, exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en el gobierno de Mauricio Funes, y a su esposa, Deniss Karina Hernández de Flores. 

Andrés Amaya, jefe de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio Público,  presentó el requerimiento contra Flores la tarde de este martes ante la Cámara Segunda de lo Civil.

Amaya explicó que en la acusación se anexan la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el caso, el informe de la sección Probidad del máximo tribunal e informes del sistema financiero. 

   El 5 de enero, la Cámara Segunda de lo Penal dio a conocer que seis bancos han confirmado la congelación de 10 cuentas: nueve a nombre de Flores Sosa y una, a nombre de su esposa.

Siete de las cuentas fueron inmovilizadas el 27 de noviembre pasado, un día después que CSJ diera la orden de abrirle juicio a Flores por sospechas de enriquecimiento ilícito.

De otras tres cuentas no se detalla  la fecha de inmovilización de los fondos, mientras que la restante aparece en el documento con fecha de cancelación en julio de 2013.   

Amaya también reveló que hay bienes inmuebles de Flores Sosa y su esposa que han sido inmovilizados para que en su momento, si la Cámara considera que existe el delito del que está siendo señalado,  los embargue y pasen a manos del Estado. 

El 26 de noviembre del año pasado, la Corte ordenó abrirle juicio al exfuncionario por supuesto enriquecimiento ilícito. 

La decisión fue tomada por unanimidad de los magistrados del máximo tribunal, quienes enviaron el caso a la Cámara Segunda de lo Civil.

La decisión se tomó con base en un informe de la sección Probidad, que establece que Flores Sosa no pudo justificar de dónde provenía el dinero con el que adquirió diferentes bienes cuando fungió como director del ISSS, del 14 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2014. 

Según la misma investigación, el exfuncionario tampoco demostró otros ingresos adicionales que había recibido en ese período. Sumado a ello,  no justificó el dinero que  indicó haber adquirido a través de la empresa Best Quality Service LCC, registrada en Virginia y con domicilio en la ciudad de Manassas, EE. UU., de la que dijo ser accionista. 

Dos socios de la empresa desmintieron a Flores Sosa, porque manifestaron no haber tenido relaciones de negocios con él, ni haberle desembolsado en concepto de utilidades. 

De acuerdo al informe de Probidad, cuando el exdirector del ISSS ocupó su cargo, realizó depósitos que sobrepasaban los $512,016.13, mientras que  hizo retiros  por $367,182.37, cantidades que no coinciden con la suma de sus salarios y que no pudieron ser justificadas. 

El informe, además, muestra que solo en la suma de salarios de Flores Sosa hay una cantidad de  $194,733.33. Los depósitos eran realizados cada mes y se les aplicaban los descuentos de la renta. 

Asimismo, en la resolución de la Corte Plena se detalla que Flores Sosa informó que solo poseía $78,594 en sus cuentas de ahorro y  no se refirió a cuatro cuentas adicionales, lo que hace el depósito bancario de $105,010.03.

 Probidad estableció que el exfuncionario sumó una cantidad aproximada de $608,387.28, cuya procedencia no se encuentra justificada. Por lo que el 7 de diciembre, la Cámara tomó la decisión de abrirle juicio. 

Lo que sigue

El representante de la Fiscalía, Andrés Amaya, explicó que el siguiente paso es que la Cámara admita formalmente la acusación y cite a Flores Sosa, para que se defienda y aporte pruebas de descargo si las tiene y si así lo cree conveniente.

Una vez realizado esto,  la Cámara programará una audiencia previa, que le antecede a la audiencia de aportación de pruebas. 

Amaya también detalló que este proceso está siendo tratado como civil (por la investigación de bienes muebles e inmuebles del imputado), pero aplicando exclusivamente  la Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

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