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Fiscal General se reúne de emergencia con jefes de la PNC por desborde de violencia

El titular del Ministerio Público convocó a la reunión ante el alza de los homicidios, que llega a 15 por día

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron encontrados en un camino vecinal de la finca San Joaquín, cantón La Empalizada, Santa Ana. Foto EDH / Douglas Urquilla.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron encontrados en un camino vecinal de la finca San Joaquín, cantón La Empalizada, Santa Ana. Foto EDH / Douglas Urquilla.

Los cuerpos de las cinco víctimas fueron encontrados en un camino vecinal de la finca San Joaquín, cantón La Empalizada, Santa Ana. Foto EDH / Douglas Urquilla.

Ante la violencia desbordada y el repunte de homicidios que sufre el país, el Fiscal General, Luis Martínez, se reunió ayer tarde con los máximos jefes policiales para frenar la escalada criminal, confirmaron fuentes del Ministerio Público.

La reunión, a la que asistieron el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez, y otros mandos, se realizó en el despacho del Fiscal y duró al menos dos horas, se informó.

La violencia criminal se ha desbordado tanto que parece haber superado la capacidad de reacción de las autoridades de Seguridad Pública, las cuales hasta el momento no han dado a conocer las medidas emergentes para frenar este embate criminal que no se vivía en los últimos tres años.

Sólo en lo que va del año han sido asesinados 19 policías.

Las fuentes de la Fiscalía dijeron que la reunión había sido "hermética".

El director de la Policía, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo a los periodistas que se trataba de una "reunión de rutina" y no por el incremento de homicidios que se vive.

Sin embargo, fuentes de la Policía señalaron que reuniones como la anterior no son muy frecuentes entre los titulares de la Fiscalía General y los mandos de la PNC.

Justo al terminar esa reunión, dos sujetos ametrallaron a la seguridad del Centro Judicial Isidro Menéndez. Dos vigilantes fueron heridos.

Los altos índices de violencia registrados en las últimas semanas, en su mayoría generados por las pandillas, ya han alcanzado los elevados niveles que se tuvieron en los tres primeros años del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014).

Los registros de la Policía detallan que el promedio de crímenes en el primer trimestre de este año llega a 13 asesinatos por día, una tasa similar registrada entre 2009 y 2011, cuando se sobrepasaron los 4,000 homicidios en los tres años de forma consecutiva.

Pese a que no se tiene un registro confiable de que si la mayoría de víctimas es pandillero o gente ajena a esos grupos, Ramírez Landaverde dijo, en una entrevista televisiva, que "la mayor cantidad de los hechos de violencia se lo podemos atribuir con certeza a estos grupos de pandillas", y agregó que "no solamente estos grupos criminales han constituido el principal grupo de autores de hechos de violencia, sino que a la vez constituyen el principal grupo de víctimas de estos casos".

El subdirector de la Policía, Howard Cotto, sostuvo en la misma entrevista que el 40 por ciento de homicidios son atribuidos a las pandillas.

Sin embargo, hay un buen número de víctimas que no tiene relación alguna con las pandillas, como el motorista de un microbús de la Ruta 24 y una pasajera que murieron ayer en un ataque, donde además un niño de tres años resultó herido. Al igual que ese caso, un despachador de buses de la misma ruta fue asesinado ayer Cuscatancingo (ver nota siguiente página).

Fuentes policiales aseguraron que el auge de la violencia se debe a que los cabecillas de las pandillas han ordenado incrementar los homicidios de policías en represalia por la muerte de ocho mareros al enfrentarse a policías en San José Villanueva, La Libertad. Además de la gran cantidad de pandilleros muertos en tiroteos con las patrullas policiales.

En ese sentido, el criminólogo y articulista de El Diario de Hoy Carlos Ponce señala que "aunque el pacto con los cabecillas involucró una reducción generalizada de los homicidios, las autoridades en repetidas ocasiones se jactaron de que, como resultado de su iniciativa, los asesinatos de policías se habían disminuido".

Agregó que "al convertir los homicidios y, en particular, las agresiones letales en contra de policías en una ficha de negociación, las autoridades tácitamente trasladaron a los jefes pandilleros que estos constituían un flanco débil que no tenían la capacidad de defender".

Hay oficiales de la Policía que se atreven a señalar que las pandillas han arreciado la violencia y en especial en contra de los policías, en represalia por el traslado de los 21 cabecillas de esos grupos ilegales hacia el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca.

Pese a la incontrolable escalada de violencia que en los primeros seis días de abril registra un promedio de 15 asesinatos por día, se desconoce si las autoridades de Seguridad Pública tienen medidas emergentes como para poder contrarrestar el embate de la criminalidad que se vive en el país.

Oficiales de la Policía coincidieron en que las autoridades policiales deben de impulsar como primer medida emergente el acuartelamiento de los policías para protegerlos de los ataques de las pandillas y, además, para mejorar la operatividad policial para frenar el auge de homicidios.

En la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, de GANA, sostuvo que "como una medida emergente y necesaria para que se pueda enfrentar el problema, ya que todo mundo conoce y sabe dónde están los líderes de mareros y pandilleros, es la implementación en esta plenaria de los estados de sitio focalizados", aseveró Gallegos.

El diputado Ernesto Angulo, de ARENA, señaló que además de apoyar la moción de GANA, propuso que se llame a 10,000 reservistas de la Fuerza Armada para que ayuden en las tareas de seguridad, sobre todo en el área rural del país.

Sostuvo que con esta medida se contarían por lo menos con 15,000 soldados que podrían brindar seguridad sólo en las zonas rurales para que la Policía se concentre en las áreas urbanas.

El diputado Antonio Almendáriz, del PCN, coincidió con Angulo y recomendó el acuartelamiento de los policías en los sitios de alta concentración de pandilleros. Consideró que uno de los problemas es la aplicación de leyes existentes.

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