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FGR tras 400 casos de extorsión y $52 millones en zona oriental

La mayoría son ejecutadas por las pandillas que siguen operando desde los penales. FGR confirma 500 condenas y millonarias pérdidas económicas

El sector comercial es el más afectado en el oriente del país, Fiscalía confirma pérdidas por más de $52 millones. Foto EDH / archivo.

El sector comercial es el más afectado en el oriente del país, Fiscalía confirma pérdidas por más de $52 millones. Foto EDH / archivo.

El sector comercial es el más afectado en el oriente del país, Fiscalía confirma pérdidas por más de $52 millones. Foto EDH / archivo.

Como que se tratara de una moda, los extorsionistas brotan como hormigueros en el país, unos son capturados y otros siguen delinquiendo.

De acuerdo con un análisis delincuencial del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, por cada extorsionista hay 60 personas que colaboran con él, en la ilícita actividad.

Algunos de estos son familiares y otros son grupos de pandilleros bajo su mando.

La zona oriental del país es una de las más golpeadas con esta ola delincuencial.

Según la Fiscalía General de la República hay en promedio 400 casos en proceso de investigación en el año.

Las extorsiones en la zona occidental se han mantenido, dice el jefe de la subregional de la Fiscalía, German Arriaza.

En los tribunales de justicia más de 549 personas han sido condenadas por el delito de extorsión y solo en 39 casos han sido dejadas en libertad, afirmó el fiscal Arriaza.

La efectividad se traduce en un 95 por ciento de procesados han sido condenados, de acuerdo con los resultados de los procesos judiciales.

San Miguel está a la cabeza con 289 condenas, seguido por Usulután con 112 y en La Unión con 45 condenas.

En su mayoría los sentenciados son miembros de pandillas y en menor escala, delincuentes comunes, quienes valiéndose de las maras chantajean a las víctimas.

Una de las modalidades más frecuente en el oriente ha sido la extorsión transnacional.

Estos casos empezaron a provocar angustia en los migueleños a partir de 2006.

Arriaza puntualizó que los primeros imputados capturados por extorsiones transnacionales ya fueron enjuiciados en 2010.

Una de las estructuras que fue llevada al banquillo de los acusados es la encabezada por Damián Antonio Zelaya Fuentes, (a) el Flaco de la MS, quien descuenta una condena en el penal de Ciudad Barrios, en San Miguel.

Según el director de la sede fiscal de oriente, las víctimas en estos casos son familias que residen en la zona oriental y en los Estados Unidos.

En los casos que se documentaron en los Estados Unidos, pandilleros del penal de Ciudad Barrios llamaban a sus víctimas para extorsionarlos, y más tarde coordinaban con sus similares en el país del norte, para que se encargaran del cobro de la renta. Además la orden era que luego de recibir el dinero lo enviarán a El Salvador vía remesa.

En uno de los procesos 14 implicados fueron condenados entre ellos el cabecilla (Flaco) quien recibió 50 años de prisión.

Otro de los casos fue en contra de integrantes de la pandilla "Mirada Loca", recluidos en el penal de Usulután.

Más de 23 sujetos que conformaban una estructura que se dedicaba a chantajear en Usulután y otros departamentos de la zona oriental, así como a sus familiares en Estados Unidos, ahora están detrás de las rejas.

Pero los chantajes no solo se limitaron a residentes en los Estados Unidos sino también en Guatemala, ya que sus víctimas se hallaban en El Salvador o viceversa.

Estos eran miembros de la MS de El Salvador y del vecino país. Las investigaciones por estos hechos iniciaron entre 2011 y 2012. Todos los involucrados de esta red y que vivían en El Salvador fueron condenados a diferentes penas. A otros sujetos que residían en Guatemala fueron declarados rebeldes y se les decretó orden de captura internacional.

La más reciente condena fue contra la banda criminal dirigida por Élmer Antonio Blanco Hernández o González, quien se encontraba preso en el penal de Sonsonate y desde ahí se comunicaba con sus víctimas en San Miguel, segura la Fiscalía.

"Se revisaron las bitácoras de llamadas, se hicieron los análisis telefónicos correspondientes y se determinó que las llamadas telefónicas con las que se interceptaban a sus víctimas salían del Penal de Sonsonate".

En el penal de Sonsonate hay pandilleros de la MS recluidos. Según el Ministerio Público, Blanco González se encargaba de negociar con sus víctimas. La negociación era necesaria porque los imputados pedían sumas elevadas de dinero, que las personas alegaban no poder pagar y se tenía que acordar una suma de dinero más accesible.

El prisionero contaba con la colaboración de varias personas, ocho de ellas fueron capturadas y halladas culpables por el tribunal de sentencia.

Según el director de la zona oriental de la Fiscalía estas personas recogían las extorsiones que las víctimas pagaban.

Sus afectados eran sobre todo comerciantes y empresarios de la zona oriental.

En total bajo la modalidad de extorsiones transnacionales este año, los Tribunales de Justicia han condenado a 72 extorsionistas.

Un balance de la Subregional de oriente de la Fiscalía, revela que sumado a todos los procesos ya juzgados hasta la fecha, la extorsión asciende a más de 52 millones de dólares y más de 70 personas chantajeadas.

En los demás casos los imputados han movido cantidades similares, dijo el fiscal.

El Ministerio Público sostiene que estos son los resultados de las denuncias de las víctimas y que pese a las amenazas de muerte de los criminales, no callaron.

La Fiscalía no descarta que las cifras de extorsionistas en el país sea mayor de los casos procesados.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las extorsiones vía teléfono se han incrementado en un 24 por ciento a escala nacional. Además los chantajes originados desde los penales se han elevado en un 42 por ciento.

Las estadísticas de la cartera de Justicia y Seguridad Pública revelan que en 2013 se han registrado más de 2,300 denuncias por el referido delito.

Según la PNC, la embajada de El Salvador en Estados Unidos ha tramitado entre enero de 2012 y septiembre de 2013, 114 denuncias por extorsión transnacional, que luego de las investigaciones la Policía detuvo en el país a 60 personas vinculadas a esos hechos.

De ahí que la Fiscalía sigue sus investigaciones de nuevos hechos en la zona oriental del país.

"La invitación a la población es que se haga uso de los mecanismos legales para denunciar estos casos, porque la Fiscalía no escatimará esfuerzos para llevar ante las justicia estos criminales", puntualizó el fiscal German Arriaza.

Actualmente, en la zona hay 10 investigaciones abiertas en la modalidad transnacional.

En general en los departamentos de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión y La Paz, hay 400 procesos en investigación.

Con estas indagaciones más las condenas registradas durante este año, la cifra solo en la zona oriental asciende a los 900 personas procesadas.

A parte de la modalidad transnacional, las víctimas siguen siendo extorsionadas sobre todo desde los penales del país vía telefónica, exigencias directas, escritos anónimos y de forma presencial.

En esta forma los delincuentes visitan a su víctima y le plantean la exigencia, al tiempo que le hacen las amenazas de muerte en caso se resista a la imposición.

Los casos que proceden de los centros penales son de los mayores.

Arriaza afirmó que este año solo en oriente la Fiscalía ha girado 375 órdenes de detención contra bandas de extorsionistas.

Según la Fiscalía una estructura criminal dedicada a la extorsión es conformada por al menos 10 sujetos.

Exigencias

La Fiscalía en la zona oriental ha documentado procesos en los que los imputados les hacen exigencias de dinero semanales, quincenales y mensuales. En estos casos las víctimas son obligadas a pagar cinco mil, 10 mil y hasta 25 mil dólares.

Las extorsiones afectan a todos los salvadoreños en general pero con mayor dureza a los comerciantes y empresarios del sector transporte público.

Aunque empresarios del transporte colectivo han denunciado asesinatos de empleados por no pagar la "renta", la Fiscalía niega que se haya documentado un solo caso en el que un ofendido haya muerto por no pagar una extorsión.

"Estamos utilizando todas las herramientas legales para combatir las extorsiones en el país como entregas controladas, análisis telefónicos, bitácoras de llamadas, entrevistas a víctimas y escuchas telefónicas entre otras", subrayó el fiscal jefe de oriente.

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