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FGR acusa a militar por tráfico de armas en El Congo

Lo vinculan a 213 explosivos antitanques hallados en octubre del año anterior

Un técnico explosivista de la Policía coloca parte de las 213 granadas antitanques M90 que fueron descubiertas en un terreno del municipio de El Congo, Santa Ana. Foto EDH / Archivo

Un técnico explosivista de la Policía coloca parte de las 213 granadas antitanques M90 que fueron descubiertas en un terreno del municipio de El Congo, Santa Ana. Foto...

Un técnico explosivista de la Policía coloca parte de las 213 granadas antitanques M90 que fueron descubiertas en un terreno del municipio de El Congo, Santa Ana. Foto EDH / Archivo

La Fiscalía General acusó ayer en el Juzgado de Paz de Coatepeque, Santa Ana, al mayor del ejército Élmer Espinoza Hércules de ser el responsable de haber escondido las 213 granadas antitanque M90 y un cohete Sam 7; armas descubiertas en octubre pasado en un terreno privado en el kilómetro 51 de la carretera hacia Santa Ana, en la jurisdicción de El Congo.

El Ministerio Público pidió además al referido tribunal que emita la difusión roja en Interpol para que sea buscado y de ser posible capturado en cualquier país del mundo.

Las investigaciones fiscales apuntan a que este arsenal de explosivos iba a ser vendido o había sido vendido a narcotraficantes de los vecinos Guatemala o México.

El jefe de la Unidad Anticrimen de la Fiscalía, Rodolfo Delgado, dijo que la Fiscalía ha recabado la suficiente evidencia que involucra al mayor Espinoza Hércules con la sustracción del arsenal del almacén de Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada y que después trasladó hacia la referida propiedad.

Agregó que Espinoza Hércules, de quien se desconoce su paradero, pero se sospecha que puede estar en Guatemala, contrató a una persona para que alquilara la propiedad y luego construyera una bóveda para esconder el lote de explosivos.

Delgado dijo que Espinoza Hércules le pagaba a esta persona la cantidad de 700 dólares por el cuido de la propiedad, por cuyo alquiler pagaba 350 dólares mensuales.

El terreno comenzó a ser alquilado desde enero de 2009, tiempo en el que comenzó la construcción de la bóveda.

También, ese mismo mes, las granadas fueron transportadas en un camión lleno de arena para evitar que estas hicieran explosión durante el trayecto.

Las investigaciones también han revelado que Espinoza Hércules contrató a Manuel de Jesús Ayala Quiroz para que construyera caletas (compartimientos secretos) en vehículos que le permitieran trasladar armas de guerra hacia otros países.

Ayala es prófugo de la justicia desde febrero de 2010, fecha en la que la Policía realizó un primer registro en el terreno y encontraron cuatro granadas de humo que días antes habría llevado el mayor Espinoza al lugar. En esa oportunidad arrestaron al custodio del sitio, mientras que Ayala Quiroz logró fugarse de la Policía.

Delgado no descartó que el lote de explosivos ya había sido negociado por Espinoza Hércules con narcotraficantes de Guatemala o México, pero cree que algo habría salido mal y no pudo entregarlo.

Esa hipótesis cobra fuerza porque 15 días antes de que se descubrieran las 213 granadas y el cohete Sam 7 llegaron varios hombres fuertemente armados al terreno para buscar el armamento, pero al no encontrar nada se retiraron. Los individuos iban en varios vehículos todo terreno con placas guatemaltecas.

Delgado sostuvo que las granadas formaban parte de 18 lotes, 16 de los cuales coinciden con los números de inventario del armamento que se supone había sido destruido por la Fuerza Armada.

"(Queremos) establecer si el mayor Espinoza Hércules, por su posición en el Comando de Ingenieros, tuvo acceso a poder hacer ver que el armamento de guerra fue destruido, cuando en realidad él lo sustraía con otros fines", dijo Delgado, quien no descarta la participación de otros militares en la sustracción y el traslado del armamento hacia El Congo, por lo que las investigaciones aún no terminan.

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