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Exdiputado repartió bienes a familiares

La Fiscalía ha pedido confiscar 27 inmuebles a nombre del exdiputado, su esposa y tres hijos

El exdiputado Wilber Rivera Monge está detenido desde octubre pasado en el penal de Metapán. Foto EDH/Mauricio Cáceres.

El exdiputado Wilber Rivera Monge está detenido desde octubre pasado en el penal de Metapán. Foto EDH/Mauricio Cáceres.

El exdiputado Wilber Rivera Monge está detenido desde octubre pasado en el penal de Metapán. Foto EDH/Mauricio Cáceres.

Parte de los 27 bienes inmuebles por los que la Fiscalía General ha pedido al Juzgado de Extinción de Dominio que le sean expropiados al exdiputado suplente Wilber Rivera Monge, procesado por lavado de dinero, habían sido traspasados a sus familiares más cercanos, aparentemente para evitar que se los confiscaron. Sin embargo, el Ministerio Público incluyó en su petición de expropiación de esos bienes a la esposa y tres hijos del exparlamentario.

Según las investigaciones fiscales, de los 27 bienes inmuebles, el exdiputado Rivera Monge tenía registrados 10 a su nombre y están situados en San Salvador, Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad y La Paz.

Además, a su esposa Aremis Leonor le han descubierto seis propiedades, tres de las cuales están en San Salvador y el resto en Santa Ana. Además, a ella le han congelado una cuenta bancaria con 65 mil dólares, según la Fiscalía.

A su hijo Wilber Alexander le encontraron registros de propiedad de tres inmuebles en San Salvador y uno en Chalatenango.

Así también, a una de sus hijas le encontraron dos propiedades en Ahuachapán, y a otra, cinco en Nuevo Cuscatlán, colonia Escalón, y San Marcos.

El valor de las 27 propiedades, entre residencias, terrenos agrícolas, lotes rurales y hasta un rancho de playa asciende a 988 mil 725 dólares. La cantidad de dinero en efectivo a incautar es de 78 mil 354 dólares en distintas cuentas bancarias.

Destacan las fuentes fiscales que el monto total de lo que se ha solicitado que le sea expropiado a Rivera y a su núcleo familiar llega a un millón 67 mil dólares.

En la petición fiscal presentada el 19 de mayo pasado se señala que ni el exdiputado ni su esposa, ni mucho menos sus hijos han podido justificar legalmente la forma de como obtuvieron esos bienes.

Tanto la esposa como su hijo Wilber Alexander están siendo procesados en los tribunales de justicia junto a otras 11 personas, señaladas de integrar la narcobanda que se supone dirigía Jorge Ulloa Sibrián, apodado el Repollo.

Sin embargo, en el requerimiento fiscal, presentado en septiembre pasado y en el que se acusa al exdiputado de lavado de dinero, se señala que Rivera Monge no ha podido justificar el manejo de más de 8 millones de dólares, 41 propiedades y decenas de vehículos que se encuentran a su nombre y de sus familiares cercanos.

"Se concluyó que existe un incremento patrimonial no justificable", es decir que no tienen cómo demostrar que los obtuvieron de manera legal, dijo uno de los fiscales del caso.

Los fiscales señalan que el precio de los inmuebles en las escrituras de compraventa es inferior al costo real de las propiedades.

"A simple vista se nota que esos precios que aparecen en las compraventas no son los reales. Entonces, a todos los inmuebles hay que hacerles un valúo y de ahí se va a determinar el monto real al que realmente ascienden todos los inmuebles", dijo una fiscal, quien agregó que por el "momento está arriba del millón de dólares y aseguró que habrá una variación luego del peritaje.

La fiscal insistió en que la diferencia será mucho mayor del precio que aparece reflejado en los documentos legales que amparan la tenencia de los inmuebles.

El proceso de extinción de dominio es independiente de la causa penal que se le sigue al exdiputado Rivera y a dos de sus familiares.

"El proceso de extinción no se basa en los resultados del proceso penal. Una persona puede ser condenada o absuelta en el proceso penal, pero eso no va ser vinculante a la investigación que se lleve en la extinción del dominio", aclaró.

Lo que se investiga es la supuesta procedencia ilícita de los bienes, dijo.

El juzgado tiene cinco días hábiles para resolver si procede o no la petición de extinción de los bienes. Hasta ayer no habían sido notificados de la resolución del caso.

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