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Estafaban con promesa de pagar 14 % de interés a sus clientes

Conseguía a sus clientes a través de clasificados en periódicos

Carlos Alberto Morán Ferracuti y su esposa Blanca Miriam Serrano fueron procesados por captación ilegal de fondos públicos y defraudación a la económica pública. Foto EDH / Cortesía Juzgados.

Carlos Alberto Morán Ferracuti y su esposa Blanca Miriam Serrano fueron procesados por captación ilegal de fondos públicos y defraudación a la económica pública. Foto EDH / Cortesía...

Carlos Alberto Morán Ferracuti y su esposa Blanca Miriam Serrano fueron procesados por captación ilegal de fondos públicos y defraudación a la económica pública. Foto EDH / Cortesía Juzgados.

Motivados por una tasa de interés cinco veces mayor que la ofrecida por el sistema financiero nacional, varios clientes en 2011 entregaron sus ahorros a dos personas, una de ellas condenada a 10 años de cárcel y otra absuelta por fraude a la economía pública y captación ilegal de fondos público.

Casi cinco años pasaron de aquel engaño, sin que hasta la fecha las víctimas hayan recuperado su dinero y la totalidad de los intereses prometidos.

Peor ahora, que el principal promotor está en prisión descontando una pena de 10 años y al parecer su patrimonio en sus cuentas bancarias, bienes inmuebles y vehículos reflejen los 564 mil dólares que le reclaman sus víctimas.

Según la Fiscalía, Carlos Alberto Morán Ferracuti y Blanca Miriam Serrano convencieron a los representantes de la Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, Comercialización de Ahorro y Crédito Pioneros Invencibles (ACOPACPION DE R.L.) para captar fondos del público a su nombre, al igual que cualquier agencia bancaria.

Morán Ferracuti, un corredor de bolsa, obtuvo un poder de ACOPACPION para realizar negocios en nombre de la cooperativa, afirmó la fiscal asignada al caso.

Con esa autorización, Ferracuti y Serrano abrieron varias cuentas en diferentes bancos, al tiempo que hacían llamados en periódicos de circulación nacional para motivar a los salvadoreños a depositar sus recursos en sus cuentas y a cambio obtendrían el 14 por ciento de interés.

Para atender el flujo de interesados, los imputados contrataron los servicios de una oficina virtual en la colonia Escalón, la cual era apoyada por un Call Center.

A raíz de la publicidad en los periódicos varias personas depositaron sus ahorros en cuentas de Ferracuti, algunos entregaron 25 mil, 90 mil y en uno de los casos, una señora depositó más de 400 mil dólares.

Empezaron pagando los intereses a tiempo

Al principio no hubo problema, los intereses eran pagados por la cooperativa en los plazos acordados por el usuario, unos por mes, otros trimestral y semestralmente.

Los afectados, según la Fiscalía, en su mayoría eran pensionados, jubilados y adultos mayores.

La Fiscalía aclara que los imputados no fueron denunciados por los ahorrantes sino por la Superintendencia del Sistema Financieros (SSF), quienes en un rastreo en los periódicos encontraron los "llamados que hacían al público", para que depositaran sus capitales en sus cuentas.

Fernando S., de 80 años fue uno de los clientes que entregó unos 40 mil dólares a Ferracuti, confiado en los excelentes intereses que ganaría y por la amistad que los unía con Ferracuti desde su infancia.

"Yo no tengo interés que esté preso (Ferracuti) sino que me pague mi dinero", afirmó Fernando tras ser interrogado por la Fiscalía en el juicio que desarrolló el Tribunal Tercero de Sentencia en su contra.

El cliente reconoció que la entidad siempre le pagó los intereses con puntualidad.

El problema surgió cuando la Superintendencia descubrió la presunta irregularidad, la investigó y detectó que podría haber algún ilícito que perseguir.

Miguel Ángel Portillo, jefe del departamento de lavado de dinero y activo de la SSF, explicó a los jueces del Tribunal Tercero de Sentencia, que luego de notar la supuesta irregularidad, como cualquier interesado en invertir sus fondos en ACOPACPION, llamó al número que aparecía en el clasificado.

La operadora lo transfirió con una señora identificada como Conny Hernández, quien entre otros requisitos le manifestó que solo requería del DUI y el NIT para realizar la transacción.

Hernández, en su condición de asesora de la cooperativa, dijo al funcionario de SSF, que no necesitaba abrir una cuenta de ahorro con la cooperativa, sino hacer sus depósitos a nombre de la cooperativa en el banco Hipotecario o en las diversas cuentas que estaban habilitadas en el resto del sistema financiero.

No abrían sus propias cuentas de ahorro

El que ACOPACPION no abriera sus propias cuentas de ahorro aumentó aún más la sospecha de que algo irregular sucedía en las transacciones de la cooperativa, sostuvo el funcionario de la SSF.

Portillo relató a los jueces, que en su conversación que sostuvo con Cony preguntó, ¿qué garantía tenía el ahorrante al depositar su dinero en las cuentas a nombre de Ferracuti? y la respuesta de ella fue que había una póliza de seguro internacional que respaldaba esos fondos.

Según el funcionario de la Superintendencia, existen cooperativas autorizadas para captar fondos de sus socios pero no del público y otras a percibir recursos de sus socios y del público.

Sin autorización para captar fondos

Para recibir fondos del público mediante cuentas de ahorro, cuentas corrientes o certificado de depósito a plazo, una cooperativa debe estar autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero.

En tanto que para captar capital de socios o accionistas, una cooperativa no requiere más que estar inscrita en el Insafocoop, mientras que para recibir fondos del público necesita la autorización de la SSF.

En vista de las supuestas irregularidades de esta cooperativa, el investigador de la SSF verificó el historial de la cooperativa a través del NIT y se encontró que estaba como ACOPACPION de RL y ACOPACPION S.A.

Con esta información la Superintendencia envió el caso a la Fiscalía para continuar con la investigación y determinar el tipo de delito que se había cometido e identificar supuestos responsables.

Fiscalía luego de tomar el caso se apoyó de peritos de la Superintendencia del Sistema Financiero, también de un contador público de la Universidad de El Salvador, un administrador de empresas y un experto en análisis telefónico de la Policía Nacional Civil, así como otros 30 testigos.

Cada uno ilustró las irregularidades que encontró en las cuentas de Ferracuti.

Según la Fiscalía el capital captado en certificados a plazos y en cuentas de ahorro, poco a poco se agotaba, porque "los fondos se estaban gastando y no invirtiendo como para que multiplicaran y que la promesa de Ferracuti se mantuviera a favor de los ahorrantes en el tiempo".

En la investigación la Fiscalía descubrió que las cuentas de Ferracuti y Miriam donde jubilados y pensionados habían depositados sus ahorros, estaban casi vacías, luego de los informes bancarios se descubrió que las cuentas tenían pequeñas sumas de dinero para la magnitud de los depósitos que habían sido guardado en ellas, solo en dos habían 12 mil 300 y 14 mil dólares, en las demás 14 dólares, 7 dólares, 76 y 500 dólares, las cuales fueron embargadas, al igual que dos vehículos, modelo Volvo año 1995 y un BMW, año 1993.

También bienes inmuebles como una finca y dos lotes en Sonsonate, al igual que en el Jícaro en Jucuapa, Usulután, todos a nombre de Alberto Ferracuti.

Cooperativa surgió para ayudar a los agricultores

La cooperativa ACOPACPION de R.L. surgió en Sonsonate no con el propósito de captar fondos del público sino para apoyar a los grupos más vulnerables, especialmente agricultores.

Los abogados de Ferracuti, Miguel Ángel Flores y Nelson Salvador García, alegaron que el operador de la Superintendencia con su declaración dejó que su defendido no había cometido delito, porque quienes depositaron sus fondos lo hicieron con el fin de asociarse.

Flores cuestionó que el pilar que sostuvo el proceso judicial contra sus clientes fue información personal y bancaria de sus clientes. En esta última se obtuvo información sin autorización de un juez, lo que pudo anular la prueba.

El defensor se mostró en desacuerdo que sus clientes hayan sido enjuiciados por defraudación a la economía pública solo por disposición del juez de instrucción y no a petición de la Fiscalía.

Además sus clientes no pudieron haber cometido estafa porque los ofendidos afirmaron sentirse engañados, lo que se podía resolver con una conciliación, pues a su juicio existen fondos congelados, inmuebles y vehículos con los cuales podían devolverles el dinero depositado.

Flores negó que los procesados hayan puesto anuncios en los periódicos para invitar al público a depositar sus dineros, porque los llamados a nuevos clientes fue puesto por otra firma.

Flores restó importancia que la Fiscalía haya presentado como pruebas las bitácoras de llamadas telefónicas entre Ferracuti y Miriam, porque no los llevaba a revelaciones importantes para el proceso, porque ellos son pareja y la comunicación era normal.

El abogado intentó sacar ventaja de las declaraciones de una de las víctimas quien afirmó que él no había entregado su dinero (cerca de 90 mil dólares) a Ferracuti como ahorro sino como un préstamo, con lo que descartaba el delito de captación ilegal de dineros del público.

Pero al final el Tribunal halló culpable a Ferracuti y absolvió a su compañera de vida.

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