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Entra en vigencia la Ley Antiextorsiones en el país

El presidente Salvador Sánchez Cerén sancionó la nueva normativa, que ya fue publicada en el Diario Oficial y está vigente para su aplicación

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La nueva Ley Antiextorsiones ya está en vigencia. El presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, la sancionó (aprobó) y mandó a publicar en el Diario Oficial, lo que da validez a las leyes salvadoreñas.

La Presidencia de la República informó ayer, a través de su portal en Internet, que el Decreto Legislativo N° 953 fue sancionado por el mandatario y ha sido publicado en el Diario Oficial N° 56.

La entidad estatal indica que el artículo 1 de la nueva ley plantea que la misma tiene por objeto "establecer regulaciones penales y procesales especiales, así como medidas de índole administrativa para la prevención, investigación, enjuiciamiento y sanción penal del delito de extorsión".

El proyecto de ley fue dado a conocer por el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, a la Asamblea Legislativa el pasado 11 de febrero y fue aprobada por los diputados el 18 de marzo pasado.

Fueron 78 diputados los que levantaron su mano para aprobar la nueva normativa contra la extorsiones, en la que se eliminó la prisión para directores y empleados de las empresas telefónicas por no evitar que la señal para teléfonos celulares llegue con intensidad a los penales.

"(Con) la ley especial (se) plantea un endurecimiento de las penas de cárcel para las personas que incurran en este delito, contemplando la aplicación de herramientas judiciales como la incautación de bienes producto de las extorsiones y el bloqueo de señales telefónicas en los centros penitenciarios, para evitar que se ordenen extorsiones desde dichos lugares", indicó la Presidencia en su comunicado.

Antes de la presentación de la nueva normativa ante la Asamblea, Sánchez Cerén manifestó que la extorsión no solo afecta a la víctima, sino que afecta a toda la sociedad.

Penas más severas

La nueva ley contempla penas de 10 a 15 años de prisión para los extorsionistas, pero el delito será considerado agravado cuando sea cometido por una agrupación delictiva, como las pandillas; cuando se utilice a menores de edad, si la extorsión se ordenara desde un centro penal, si se cometiere contra parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

También se considerará agravada cuando la extorsión fuera cometida por un funcionario, empleado público o municipal o agente de la Policía. En ese sentido, la pena de prisión que será aplicada se aumentará hasta en una tercera parte de los 15 años de prisión que contempla la extorsión simple.

También la ley indica que las autoridades policiales y fiscales no tendrán que tener una denuncia de la víctima, sino que la investigación se iniciará de oficio, ya sea por aviso o una denuncia formal.

Además, podrá denunciar cualquier asociación legal en defensa de intereses colectivos, como por ejemplo de los transportistas.

La nueva ley en vigencia ordena al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por medio de la Siget, que monitoree que no sean utilizados los servicios de telefonía para hacer o recibir llamadas telefónicas los centros penales.

La misma también les prohíbe a las empresas de telefonía a prestar los servicios de todo tipo de telecomunicaciones en los centros penales, granjas penitenciarias o centros de internamiento de menores.

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