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Empresas telefónicas adversan sanciones por señal en penales

b Suspensión del servicio en contornos de cárceles afectaría a miles de usuarios

Las compañías telefónicas recomiendan una mejor aplicación de la Ley de Intervención Telefónica para bloqueos de celulares.

Las compañías telefónicas recomiendan una mejor aplicación de la Ley de Intervención Telefónica para bloqueos de celulares.

Las compañías telefónicas recomiendan una mejor aplicación de la Ley de Intervención Telefónica para bloqueos de celulares.

Las empresas telefónicas rechazaron las sanciones económicas, administrativas y penales que contempla el proyecto de ley especial para el combate de las extorsiones por lo que han propuesto otras medidas de seguridad que podrían ayudar a reducir que los reclusos dejen de tener acceso a teléfonos celulares en las cárceles.

Las operadoras de telefonía celular fueron llamadas por la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa para que expusieran sus consideraciones con respecto a las multas, los años de prisión y la suspensión de las concesiones en caso no atiendan la orden de suspender toda señal de telefonía celular en los alrededores de los centros penales.

El diputado por ARENA, Ernesto Angulo, explicó que los representantes de las operadoras consideraron que aunque se eliminaran las señales de los celulares en los contornos de los penales, además de afectar a miles de usuarios residentes en varios municipios, los reclusos se las ingeniarían para tener señal de poder hablar desde las cárceles.

Angulo puso de ejemplo las experiencias vividas en Guatemala y Honduras, donde han eliminado la señal de telefonía en un radio de 20 kilómetros, pero los reclusos siempre han realizado llamadas desde los penales y además han comenzado a extorsionar a través de cartas y dispositivos USB.

La postura de los representantes de las telefónicas ante los diputados de la Comisión de Seguridad Pública fue unánime en el sentido de que no tienen la capacidad técnica para suspender las señales de celulares en los alrededores de los penales, pero le han propuesto al gobierno, donarle equipos tecnológicos para el bloqueo selectivo de teléfonos celulares, sin afectar el servicio en el exterior de los penales.

Angulo señaló que las operadoras están en la disposición de colaborar con las autoridades para reducir las extorsiones ordenadas desde las cárceles, vía telefónica, pero tampoco pueden asumir toda la responsabilidad de frenar el acceso de teléfonos celulares que tienen los reclusos en el sistema penitenciario.

Los artículos 14 y 16 han sido cuestionados por las operadoras de telefonía celular por considerar que recae toda la responsabilidad de las llamadas telefónicas que realizan los internos en las mismas, cuando el Estado es el que tiene que velar por evitar el ingreso de ilícitos, entre estos celulares, a los centros penales.

La normativa en estudio contempla sanciones económicas de hasta 1,200 dólares y si la empresa reincide en el incumplimiento, entonces se le podría suspender la concesión. También se contempla el encarcelamiento de directores, administradores y empleados si no cumplen con la suspensión del servicio.

En ese sentido, el diputado Sigifredo Ochoa Pérez cuestionó que se les ofrezca la cárcel a los representantes de las telefónicas, pero "no hay algo en contra de los directores de los centros penales que son los permiten que ingresen los aparatos (celulares, chips y otros objetos) a los penales".

Angulo reveló que las operadoras plantearon el problema de suspender la señal de telefonía en un área bastante extensa de hasta un radio de 20 kilómetros, lo que perjudicaría a miles de usuarios de acceder al servicio de telefonía celular y al uso de internet.

"Si hablamos de 18 o 20 kilómetros de distancia del penal de Izalco, se quedaría sin señal, Caluco, Sonsonate completo y un montón de poblaciones que se encuentran alrededor del penal. El Salvador es pequeño, técnicamente es bien difícil cumplirlo", dijo Angulo.

La última encuesta del Consejo Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa (Conapes) señala que ocho de cada 10 pequeños empresarios son extorsionados y el 85 por ciento de las víctimas no denuncia por temor a represalias de parte de las pandillas.

Además un 30 por ciento de las víctimas tiene intenciones de irse del país por los altos indices de inseguridad, 90 por ciento de los pequeños empresarios expresó su incertidumbre para este año.

Guillermo Gallegos, diputado de GANA, explicó que las telefónicas han ofrecido bloqueadores selectivos al gobierno para instalarlos en los centros penales, pero que "lo que no entendemos es por qué no los quiere aceptar el gobierno, que hubiese sido lo más fácil".

Gallegos está convencido de que el impasse sobre las operadoras telefónicas se va a poder superar, pero que si dentro de dos semanas, las empresas no dan otras alternativas, su partido dará sus votos para la aprobación de la legislación especial.

Además cree necesario que se prohíba a los visitantes llevarles dinero en efectivo a los reclusos, porque de esa manera se estaría evitando que sobornen a los custodios para el ingreso de celulares y también para la compra de móviles en las cárceles.

Ochoa Pérez cree necesario que se eliminen los artículos referentes a las sanciones contra de las telefónicas y la amenaza de prisión para los directores, administradores y empleados de las operadoras. Sin embargo, cuestiona que "no haya alguna sanción contra los directores de los Centros Penales que son los permiten que ingresen los aparatos (celulares y otros dispositivos electrónicos) a los reclusorios".

Consideró que el proyecto de ley, así como está elaborado, es "lesivo para la inversión extranjera, porque mandaríamos un mal mensaje a las empresas que quieren invertir en el país, porque aquí de un momento a otro se cambian las reglas del juego".

En respuesta a la posición de las telefónicas de que se les quiere trasladar la responsabilidad de frenar la comunicación telefónica desde las cárceles, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, aseguró que no es que se les traslade la responsabilidad a las operadoras, sino que "en este camino todos debemos de cooperar porque la extorsión ha llegado a un delito que afecta la paz pública".

Lara, quien llegó a la Asamblea Legislativa a pedir el apoyo de los partidos políticos para la aprobación de la ley, sostuvo que la ley propone que las operadoras deben de evitar que se emitan señales desde los centros penales, pero "no estamos hablando del entorno".

Aseguró que "un 90 por ciento del sistema penitenciario tenemos bloqueadores, pero las potencias de las antenas de algunas empresas es superior a la potencia del bloqueador".

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