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Dos microempresas cierran cada semana por extorsión de maras

Encuesta Conapes: 79 por ciento de pequeños y microempresarios es afectado

Las extorsiones que cobran las pandillas a pequeñas y microempresas están causando que dos negocios sean cerrados en el mes y que de 25 a 30 empleados pierdan sus trabajos por esos cierres, según el estudio de Conapes. FOTO EDH / Archivo

Las extorsiones que cobran las pandillas a pequeñas y microempresas están causando que dos negocios sean cerrados en el mes y que de 25 a 30 empleados pierdan...

Las extorsiones que cobran las pandillas a pequeñas y microempresas están causando que dos negocios sean cerrados en el mes y que de 25 a 30 empleados pierdan sus trabajos por esos cierres, según el estudio de Conapes. FOTO EDH / Archivo

Una encuesta del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes) reveló que el 79 por ciento de los pequeños y microempresarios sigue agobiado por las extorsiones que les exigen las pandillas.

Durante la investigación fueron consultados más de 425 empresarios, quienes poseen sus pequeños negocios en 32 municipios, algunos de estos denominados "libres de violencia", en los departamentos de La Libertad, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, La Paz, Cabañas, Usulután, La Unión y Morazán.

El presidente de Conapes, Ernesto Vilanova, sostuvo que la encuesta reveló que lejos de reducirse las extorsiones, éstas han tenido un alza considerable, lo que ha generado que dos negocios sean cerrados cada semana por no poder seguir siendo sostenibles.

Lo anterior se traduce en una mayor pérdida de empleos y, por consiguiente, en que miles de familias se queden sin el sustento diario.

"El caos y el incremento delincuencial está provocando el cierre de negocios e incrementando el desempleo", condenó Vilanova.

En el documento se detalla que "mensualmente, entre 25 y 30 empleados pierden sus trabajos".

El estudio agrega que, de cada 10 personas consultadas, dos dijeron que estaban desempleadas y tres más que tenían un trabajo eventual.

"Lo que nos indica que solo la mitad de la población económicamente activa tiene un empleo formal", detalla Conapes en el documento.

Uno de los hallazgos que llama la atención de la gremial es que el 65 por ciento de los microempresarios prefiere no denunciar por la falta de confianza que tienen en la Policía y además por temor a represalias.

Hay un 20 por ciento de víctimas que denuncia, pero lo hace con cautela.

La falta de confianza en la Policía para animarse a denunciar obedece a la complicidad de policías en hechos delictivos y "eso no permite que se denuncien los delitos y que la cifra negra de los mismos crezca", señala Vilanova.

Además, el 65 por ciento de los pequeños empresarios entrevistados manifestó que no continuará invirtiendo en sus negocios, porque no quieren seguir perdiendo su capital, mientras que el 80 por ciento de los entrevistados dijo que sienten temor y angustia por el auge de la delincuencia.

"El extorsionista, el pandillero, el delincuente no anda viendo diferencias si son empresarios o trabajadores. Los delincuentes extorsionan donde tienen la facilidad de hacerlo, la extorsión es actualmente como se dice: 'de moda'", dijo Vilanova, quien agregó que "no tiene ni límites ni frontera; la extorsión es pareja para medio mundo".

La investigación del Consejo apunta además que el 60 por ciento de las órdenes para extorsionar proviene de cabecillas de las pandillas que se encuentran fuera de los penales; mientras que el restante 40 por ciento sale de los cabecillas que ya están cumpliendo condenas en las cárceles; estas últimas órdenes son enviadas a través de sus familiares cuando llegan a visitarlos.

La encuesta refleja que, además de los chantajes, otros de los delitos que están afectando a las comunidades donde se encuentran sus negocios es el narcomenudeo al que se dedican los pandilleros en las comunidades.

Al anterior se suman otros delitos como robos a casas, a comercios, de vehículos y en autobuses, homicidios; y también el acoso del que son objeto los alumnos, por parte de los pandilleros, en las escuelas, quienes son reclutados o involucrados en la venta de drogas.

Cuestionan tregua

Conapes cuestiona el hecho de que aún cuando la autodenominada tregua entre las pandillas está en vigencia, las extorsiones no han bajado y, por el contrario, se elevaron a índices preocupantes al grado de que Raúl Mijango, uno de los autodenominados mediadores de dicho pacto, ha reconocido de forma pública que las pandillas continúan con esa práctica ilícita.

El informe del cuarto año de gobierno del presidente Mauricio Funes, realizado por la Fundación Salvadoreño para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), cita una frase de Mijango cuando afirma que "en un caso reciente de extorsión, a una empresa importante, logró propiciar un entendimiento, y eso ha permitido que la empresa quede absuelta de todo tipo de presión por la cuestión de las extorsiones y todo lo demás".

Según Mijango, "el hecho de que la empresa se interesó en cómo contribuir con el proceso, facilitó el entendimiento, ya que esta es una cosa de actos recíprocos, de buena voluntad".

A estas extorsiones se les suma aquellos chantajes económicos de las pandillas hacia vendedores de pan, comerciantes en los mercados y hasta a dueños de tiendas que funcionan en colonias y comunidades, según fuentes de la Policía.

Hay casos de panaderos que tienen que pagar hasta dos extorsiones por mes a distintas pandillas. Un vendedor de pan que recorre varias colonias al norte de San Salvador le paga 75 dólares a una pandilla y 80 dólares a la otra mara.

En una oportunidad estuvo a punto de ser asesinado, porque se había atrasado con el pago. Sin embargo, los pandilleros le quitaron la bicicleta con el pan y le dijeron que fuera a conseguir el dinero. Después de conseguir prestados los $80 dólares le regresaron la bicicleta con el producto.

Sin política de seguridad

También, los pequeños empresarios fueron consultados sobre si sabían de alguna política de seguridad impulsada por el Gobierno. De cada 15 empresarios consultados, 12 respondieron que "no hay una política definida de seguridad; ni la Policía ni la Fiscalía la tienen". "No se le puede dar credibilidad a lo que no existe", señalaron.

El estudio concluye que mientras los índices de la delincuencia no bajen y las extorsiones no se reduzcan, difícilmente habrá tranquilidad en el país.

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