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Docente pierde su empleo, a raíz de la delincuencia

Acudió a la Sala de lo Constitucional y pidió amparo contra resoluciones de Educación

Departamental de educación

San Salvador,11 de Enero de 2012. | Foto por Archivo

San Salvador,11 de Enero de 2012.

A Roberto N., un docente de matemáticas, el haber sido extorsionado por las pandillas y haberlas denunciado ante la Fiscalía le costó su empleo.

Ahora lucha por recuperar su trabajo, una situación que se le ha convertido en un calvario que hasta lo ha llevado a pedir un amparo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las autoridades de la Dirección Departamental del Ministerio de Educación en La Libertad lo destituyeron sin aparente justificación, simplemente porque tuvo que ausentarse a sus labores por asistir a las diligencias judiciales y por quebrantos de salud derivados del proceso judicial.  

A lo anterior se le suma que tuvo que cambiar de domicilio constantemente con su familia por cuestiones de seguridad, según su denuncia.

El amparo que pidió Roberto N., a la Sala de lo Constitucional va en contra de resoluciones tomadas por las autoridades del Ministerio de Educación del departamento de La Libertad. Él asegura en el escrito que le violentaron sus derechos a la estabilidad laboral, a la seguridad jurídica y al acceso al trabajo relacionado con el derecho a la libertad.

Entre las autoridades demandadas figura el director departamental, el jefe de Recursos Humanos, el director y el Consejo Directo  del centro escolar donde estaba destacado en Comasagua, La Libertad. El ofendido aseguró que el director departamental es primo del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Extorsionado para dejarlo trabajar

Roberto N., relata en su demanda que en junio de 2012 comenzó a ser extorsionado por pandilleros para dejarlo trabajar en un centro escolar de San Juan Opico, La Libertad. 

Señala que tuvo la valentía de denunciar el hecho ante la Policía y luego de haber arrestado a los cuatro mareros que lo extorsionaban e iniciar el proceso judicial, a él le dieron la calidad de testigo protegido. El proceso judicial se inició en junio de 2012 y culminó en mayo de 2013 con las condenas de los extorsionistas, explica.

Para poder asistir a todas las diligencias judiciales pedía permiso con frecuencia, sin que aparentemente hubiese ningún reclamo de las autoridades de Educación.

Detalla que por razones de su seguridad y la de su familia, tuvo que solicitar traslado del centro escolar donde estaba destacado y después de una serie de trámites lo enviaron en noviembre de 2012 a otro centro educativo en Comasagua, La Libertad.

Pese a que los permisos que solicitaba para acudir a las diligencias judiciales, el demandante aseguró que el director departamental de Educación lo acusó de haber abandonado sus labores.

Sin embargo, la Fiscalía de Santa Tecla lo citó para explicarle la gravedad del caso del demandante y aclararle que no se trataba de abandono de labores, según dijo el demandante.

En agosto de 2013, el ofendido pidió permiso sin goce de sueldo por un mes debido a  su estado de salud que aparentemente se había deteriorado por el proceso judicial y por un supuesto acoso laboral que sufría en la escuela donde lo habían traslado.

Sin embargo, el permiso nunca fue enviado por el director del centro escolar a las autoridades departamentales de La Libertad para que hicieran los trámites correspondientes, asegura.

El consejo directivo y el director del centro escolar de Comasagua lo denunciaron ante la Dirección Departamental y también ante la Junta de la Carrera Docente por abandono de trabajo.

El uno de noviembre de 2013, la referida junta resolvió despedir a Roberto N., por haber abandonado su trabajo, a pesar de que, según él, presentó las constancias de los permisos de trabajo y las constancias médicas que certificaban que su situación de salud estaba delicada. 

Señala el demandante que pidió la revocatoria del despido que según él fue injustificado, pero las autoridades la declararon inadmisible.

Roberto N., pide en su amparo que ordene su reinstalo como docente, el pago de los salarios y prestaciones de ley que ha dejado de percibir a consecuencia del despido y que le permitan acceder a los concursos para plazas de docentes.

El dirigente de Bases Magisteriales Paz Zetino Gutiérrez explicó que como asociación se le prestó ayuda a Roberto N., para que fuera reinstalado en el centro escolar de Comasagua, pero aparentemente  no  aprovechó la oportunidad. 

“Él como que no quiere trabajar, porque nosotros le resolvimos su problema, pero él no lo aprovechó”, dijo Zetino. 

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