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Diputado Rivera recluido en las bartolinas de la DAN

Jueza fundamentó su resolución en que delitos superan a las penas excarcelables

Policías del Grupo de Reacción Especial trasladan a diputado de los Juzgados de San Salvador a las bartolinas de la División Antinarcóticos. Foto EDH / René Quintanilla.

Policías del Grupo de Reacción Especial trasladan a diputado de los Juzgados de San Salvador a las bartolinas de la División Antinarcóticos. Foto EDH / René Quintanilla.

Policías del Grupo de Reacción Especial trasladan a diputado de los Juzgados de San Salvador a las bartolinas de la División Antinarcóticos. Foto EDH / René Quintanilla.

Muy a pesar de los cuestionamientos de legisladores, que insistían en que ellos debían juzgar antes a su colega, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó que el diputado suplente, Wílver Alexander Rivera Monge, permanezca detenido mientras es procesado por agrupaciones ilícitas, lavado de dinero y activos.

Rivera, parlamentario suplente del Partido de Conciliación Nacional (PCN), fue llevado después del mediodía a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN).

Agentes del Grupo de Reacción Especial de la Policía (GRP) llegaron a la Sala de audiencias del Centro Judicial Isidro Menéndez, solo para cumplir la orden de detención provisional ordenada por la jueza.

En medio de un despliegue policial, Rivera Monge fue esposado y trasladado a la DAN, situada en las cercanías de la Terminal de Oriente.

El diputado se presentó ayer a la audiencia inicial después que la Fiscalía ordenara su captura y lo acusara formalmente de lavar más de ocho millones de dólares en cuentas bancarias, 41 propiedades y con la compraventa de vehículos.

La Fiscalía señaló que Rivera Monge no ha logrado justificar con sus ingresos declarados, el origen de los más de ocho millones de dólares en su poder y los demás bienes a su nombre.

Entre tanto, los defensores atribuyen su capital a la importación, compra y venta de vehículos, así como el negocio de bienes y raíces. "Él ha sido empresario importador de vehículos desde 1991", manifestó el abogado Luis Servellón.

"Cuando ellos (los fiscales) dicen (que) no se puede justificar los bienes del diputado, ¿ante quién?, sería la pregunta. ¿Ante el Ministerio de Hacienda? Entonces revisemos a ver qué delitos se han cometido", alegó el defensor.

El tribunal resolvió, además, unificar en un solo proceso el caso del diputado Rivera con el que involucra a su esposa y su hijo, el cual se ventila en el Juzgado Noveno de Instrucción.

Wílver Alexander Rivera Sifontes y Arenis Leonor Sifontes Meléndez fueron detenidos junto a una estructura de 19 sujetos más, la madrugada del 28 de agosto, a quienes la Fiscalía vincula al lavado de 26.7 millones de dólares.

La jueza, Nelly Pozas, fundamentó su decisión en la resolución de la Sala de lo Constitucional que establece que el fuero o inmunidad constitucional sólo es aplicable a los diputados suplentes cuando sustituyen al titular.

Esa fue la base de la autoridad judicial para descartar el principal argumento de cinco abogados defensores del diputado suplente durante la audiencia inicial.

El abogado Luis Servellón basó sus alegatos en dos sentencias de la Sala de lo Constitucional, dictadas en 1996 y 1997, que establecían el fuero constitucional para diputados suplentes, por lo que pidió la nulidad del proceso judicial contra Rivera, y en su lugar, fuera sometido a un antejuicio por parte de los diputados para evaluar si le quitaban la inmunidad.

"A través de medios se ha manejado que el fuero constitucional no abarca a los diputados suplentes, pero yo quisiera ver una sentencia de la Sala de lo Constitucional que diga que los diputados suplentes no gozan de fuero", argumentó Servellón.

Sin embargo, la jueza Pozas sostuvo que los fallos de la Sala de lo Constitucional no son simples comentarios sin valor legal, sino de estricto cumplimiento obligatorio, además, que los delitos que se imputan a Rivera no son excarcelables.

Ante la imposibilidad de detener el proceso judicial contra el legislador, los abogados pidieron a la jueza que procesara a su defendido pero sin enviarlo a prisión. Para ello, argumentaron que tenían constancias de la oficina de recursos humanos de la Asamblea Legislativa, certificación de partida de nacimiento y que el diputado era el único que estaba pendiente de la situación legal y alimentaria de su hijo y esposa que guardan prisión, como atestados para que la jueza desistiera de la detención.

La jueza afirmó que nada de lo ofrecido por sus abogados garantiza que no obstaculizará el proceso judicial o que estará presente en las diligencias que se le necesiten.

Al pedir la palabra, al final de la audiencia, el diputado afirmó: "Soy inocente, Dios sabe que no he hecho nada ilícito".

Los defensores no descartan acudir ante la Cámara Primera de lo Penal para apelar.

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