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EE. UU. dará $700,000 para ley que busca confiscar bienes a criminales

El gobierno estadounidense colabora con formulación de la ley Es una de las metas del convenio Asocio para el Crecimiento

La embajadora de EE. UU., Mari Carmen Aponte, saluda al fiscal Luis Martínez durante el evento sobre la Ley de Extinción del Dominio. La funcionaria espera que el país apruebe la legislación de confiscación de bienes a los criminales. Foto EDH / Mari

La embajadora de EE. UU., Mari Carmen Aponte, saluda al fiscal Luis Martínez durante el evento sobre la Ley de Extinción del Dominio. La funcionaria espera que el...

La embajadora de EE. UU., Mari Carmen Aponte, saluda al fiscal Luis Martínez durante el evento sobre la Ley de Extinción del Dominio. La funcionaria espera que el país apruebe la legislación de confiscación de bienes a los criminales. Foto EDH / Mario Amaya

El gobierno de Estados Unidos contribuirá con 700,000 dólares para que El Salvador pueda tener una legislación que le permita a la justicia salvadoreña confiscarle los bienes al crimen organizado, a las pandillas y al narcotráfico, conocida como "Ley de Extinción del Dominio".

El anuncio fue hecho por la embajadora estadounidense en el país, Mari Carmen Aponte, durante la inauguración del curso sobre legislación que aborda esa temática, el cual reunió a magistrados, jueces, fiscales, policías y políticos salvadoreños.

"Los departamentos de Estado y de Justicia en Washington lograron recientemente un acuerdo para un financiamiento adicional de 700,000 dólares para apoyar los esfuerzos en el tema de extinción del dominio en El Salvador", dijo Aponte.

En El Salvador existen al menos cuatro anteproyectos de Ley de la Extinción del Dominio que han sido presentados desde 2004.

El último anteproyecto fue presentado a finales del año pasado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero como una de las metas del convenio bilateral entre Estados Unidos y El Salvador denominado Asocio para el Crecimiento.

Con esta ley se pretende utilizar los activos y el dinero de las organizaciones criminales para financiar programas de seguridad, provenientes estos bienes y propiedades de las incautaciones ocurridas a raíz de actividades delictivas.

Sin embargo, todos estos proyectos de ley duermen el sueño de los justos en los archivos de la Asamblea, por lo que la embajadora Aponte demandó de los diputados que ahora sea el momento para poder impulsar un instrumento legal que les permita a las autoridades fiscales y policiales la confiscación de los bienes producto de las actividades criminales.

Aponte tiene confianza en que las experiencias que compartirán durante el curso la exjueza colombiana Sara Salazar y el juez de Extinción de Dominio de Guatemala, Marco Antonio Villeda, puedan servir como insumos para que los diputados aprueben de una vez por todas esta ley especial para el decomiso de los bienes mal habidos de los criminales.

"Tengo una gran esperanza de que vamos a ver esta ley hecha realidad, porque es una gran herramienta para dar un golpe bien profundo a las entidades criminales transnacionales", dijo Aponte, quien agregó que "hay que golpear al crimen organizado donde más le duela para que no puedan seguir financiando sus actividades delictivas".

El llamado que hiciera la embajadora Aponte a la Asamblea Legislativa tuvo rápido eco en el presidente de ese órgano de Estado, Sigfrido Reyes.

"En varias circunstancias he exhortado a mis colegas diputados y diputadas a poner este tema con carácter de urgencia en la agenda legislativa", dijo Reyes.

El fiscal general, Luis Martínez, sostuvo que se hace necesario que el país cuente con una legislación especial para poder confiscarles todos los bienes a los criminales organizados, ya que "los delincuentes no solo utilizan armas y violencia, sino también dinero y sobornos para comprar propiedades, voluntades y poder".

Agregó que en El Salvador esta ley sería un marco legal y eficaz que ayudará a enfrentar las amenazas transnacionales, porque "el narcotráfico se abstendría de comprar bienes y acumular riqueza ilícita, tendrían pánico a la extinción del dominio", dijo Martínez.

Los registros de la División Antinarcóticos (Dan) de la Policía revelan el decomiso de 16 millones 913 mil 237 dólares, entre los años 2010, 2011 y 2012. La mayor parte de ese dinero incautado estaba en los narcobarriles descubiertos en la hacienda El Recolado en Zacatecoluca, La Paz; y en una vivienda particular situada en una colonia exclusiva de Lourdes, Colón.

Además, la policía antinarcótica les confiscó a las organizaciones del narcotráfico 229 vehículos, la mayoría de modelos recientes; y más de un centenar de armas de fuego en los referidos años.

Con esos decomisos se puede fortalecer la lucha antinarcótica, según las jefaturas policiales.

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