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CSJ le embarga 12 propiedades a López Cardoza

Corte dice que el diputado aún  no supera observaciones que le han hecho. Uno de los inmuebles de 91 mil metros cuadrados le costó $5 mil

El diputado por Chalatenango, Reinaldo Antonio López Cardoza deberá demostrar el origen del dinero para haber comprado 12 propiedades.

El diputado por Chalatenango, Reinaldo Antonio López Cardoza deberá demostrar el origen del dinero para haber comprado al menos16 propiedades. | Foto por elsalv

El diputado por Chalatenango, Reinaldo Antonio López Cardoza deberá demostrar el origen del dinero para haber comprado 12 propiedades.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) constató  ayer que el diputado Reynaldo Antonio López Cardoza y su esposa Alma Yaneth Gutiérrez son propietarios de al menos doce inmuebles, algunos de los cuales no han sido declarados como parte de su patrimonio. Por lo mismo ordenó una investigación para determinar por qué el diputado omitió informar de estos bienes en su declaración patrimonial.

En seguida, le advierte que las declaraciones de probidad de los funcionarios y exfuncionarios se hacen bajo juramento y deben ser “verdaderas, exactas y completas”.

La Corte dice que el diputado ha tenido “la oportunidad de explicar las irregularidades advertidas por Probidad”, pero no superó con su contestación todas las observaciones efectuadas.

El 6 de octubre, los magistrados decidieron ordenar que se realice un juicio contra el diputado López Cardoza  por presunto enriquecimiento ilícito y ordenó a la Cámara de lo Civil de San Salvador iniciar el juicio y un embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias.

En un inicio el diputado y su esposa aparecieron como los propietarios de ocho inmuebles y ayer los magistrados determinaron que tenían cuatro más.

La Corte, que anteriormente ha cuestionado el origen de los fondos de López Cardoza, ayer volvió decir lo mismo del dinero con que se adquirieron estas propiedades. “Se desconoce el origen de los fondos  con los que estos nuevos inmuebles fueron adquiridos por el diputado López Cardoza”, dice un comunicado oficial de la CSJ.

Un informe del Registros de la Propiedad de raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registro (CNR), confirmó que  también estos últimos inmuebles corresponden al diputado y su cónyuge.

Según el CNR, las 12 propiedades se localizan en los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Salvador y La Libertad.

Una de las propiedades está ubicada en barrio San Jacinto con matrícula 60125102-00000.

Los magistrados corroboraron en los informes del CNR que “todos los inmuebles descritos en su declaración patrimonial” aparecen a nombre del diputado López Cardoza  y de su cónyuge.

Pero además hallaron que en el mismo documento estaban inscritas otras cuatro propiedades  a su favor, las cuales no habían sido incluidas en su declaración patrimonial que presentó entre los años 2012 y 2015.

Para los magistrados llama la atención que el diputado dejara por fuera esos inmuebles de las declaraciones patrimoniales  de esos años, a pesar de que haberlos adquiridos entre 2010 y 2011.

Según el CNR, una de esas propiedades está localizadas en El Ocotal, Dulce Nombre de María, Chalatenango, la cual consta de una extensión de 1,384.06 metros cuadrados registrada con el número 40014463-00000 y adquiridos por compraventa por un valor de  2,500 dólares, el 9 de abril de 2010.

En el mismo lugar fue localizado otro terreno  de 32,397.01 metros cuadrados, matriculada con el número 4004464-00000, comprada por el diputado López Cardoza por la suma de 2, 500 dólares, la misma fecha del anterior.

El tercer inmueble se localizó en colonia Posada o finca Buena Vista, Barrio San Jacinto, al sur de San Salvador, el cual mide un área de 91.1100 metros cuadrados, matrícula 60125102-00000, adquirido por un valor de 5 mil dólares a través de una compraventa del 8 de marzo de 2010.

La cuarta propiedad se encontró en Joya grande o Galana, Apopa, al norte de San Salvador, el cual consta de un área de 375,84 metros cuadrados, inscrito con el número 60041727-00000 y comprada a nombre de la señora Gutiérrez de López (esposa del diputado) mediante una compraventa el 24 de mayo de 2011 por un valor de 10 mil dólares.

Los magistrados consideraron necesario que se tomen las previsiones legales o el embargo de estos cuatro inmuebles más para garantizar “los eventuales resultados  de un juicio  por enriquecimiento ilícito”.

Cuentas bancarias

Además de los cuatro inmuebles, la Corte incluyó las cuentas bancarias a nombre de la pareja  para que sean congeladas.
Asimismo demandaron verificar la veracidad de las declaraciones patrimoniales que el diputado López Cardoza presentó en su primer periodo como legislador entre el 1 de mayo de 2012 a abril de 2015.

A esta declaración, el 19 de  agosto de 2015,  Probidad de la Corte Suprema de Justicia le hizo observaciones, pero el diputado no logró explicar.

Un día después, Probidad  reiteró las mismas observaciones, a excepción  de la declaración patrimonial de toma de posesión  para el segundo periodo del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018, para lo cual le fueron concedido 15 días para que respondiera y no lo hizo hasta el 7 y 9  de septiembre del presente año.

El propósito es evaluar las observaciones que el 19 de agosto de 2015 hizo la sección de Probidad de la CSJ en cuanto a la declaración de sus bienes al finalizar su primer periodo como diputado entre el 1 de mayo de 2012 al 30 de abril  de 2015.

De ahí que el diputado López Cardoza debía tanto al inicio como al final de cada periodo en la Asamblea Legislativa, debía rendir una declaración sobre sus bienes, para demostrar que durante su gestión no se hizo de bienes con fondos públicos.

En esa ocasión el diputado López Cardoza contestó a Probidad, pero no enmendó la totalidad de las observaciones  y dio origen a nuevos requerimientos. 

La resolución fue firmada por los magistrados Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, María Luz Regalado, Ovidio Bonilla, Óscar López Jerez, Roberto Argueta, Leonardo Ramírez, Dafne Sánchez y Sergio Luis Rivera.

Los magistrados Ricardo Iglesias y Paula Velásquez consideraron que el embargo debía hacerlo la Cámara Segunda de lo Civil.

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