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CSJ da aval a empleados CCR para demandar a Tóchez

Sala Constitucional determina que él les vulneró sus derechos al despedirlos

Rosalío Tóchez terminó su período de un año al frente de la Corte de Cuentas el 30 de junio pasado, luego de que la Asamblea no avalara su reelección. Foto EDH / archivo

Rosalío Tóchez terminó su período de un año al frente de la Corte de Cuentas el 30 de junio pasado, luego de que la Asamblea no avalara su...

Rosalío Tóchez terminó su período de un año al frente de la Corte de Cuentas el 30 de junio pasado, luego de que la Asamblea no avalara su reelección. Foto EDH / archivo

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio luz verde a 41 empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para que puedan demandar económicamente a su expresidente, Rosalío Tóchez, por haberles vulnerado derechos constitucionales al despedirlos sin causa justificada en diciembre de 2013.

"Queda expedita a los peticionarios (demandantes) la promoción de un proceso por los daños materiales y/o morales resultantes de la transgresión de derechos constitucionales declarada en esta sentencia directamente en contra de la persona que cometió la aludida vulneración", indica parte del fallo de la Sala.

En la sentencia, los magistrados constitucionalistas señalan a Tóchez como responsable de la violación a los derechos de audiencia, de defensa, y a la estabilidad laboral de los 41 demandantes al haberlos despedido sin haberles tramitado un procedimiento para que pudiesen haberse defendido.

Los magistrados constitucionalistas detallan en la sentencia que en todo caso, el expresidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, aun cuando ya no esté fungiendo en el cargo, será el que deberá de responder económicamente de forma personal, si un tribunal de justicia lo declara responsable de los daños y perjuicios causados a los 41 empleados.

"De acuerdo con el artículo 245 de la Constitución, los funcionarios públicos que, como consecuencia de una actuación u omisión dolosa o culposa (no intencional), hayan vulnerado derechos constitucionales deberán de responder, con su patrimonio, y de manera personal, de los daños materiales y/o morales ocasionados", detalla parte de la sentencia.

A los 41 empleados de la Corte de Cuentas no les renovaron sus contratos para 2014. Sin embargo, en enero pasado la Sala de lo Constitucional ordenó al admitir las demandas de los empleados afectados y ordenó restituirlos mientras emitía una sentencia definitiva.

Si bien es cierto que los magistrados avalan a los demandantes a promover un proceso judicial para reclamar una indemnización por los daños causados con los despidos, antes deberán de demostrar que el despido les generó daños.

Además en el referido proceso judicial se deberá establecer el monto estimado de la indemnización por los daños causados a los demandantes, pero dependerá de la vulneración de los derechos acontecida y del grado de responsabilidad en el que incurrió el exfuncionario.

No justificó despidos

La Sala indica que, por su parte, Tóchez no presentó las pruebas que demostraran que los demandantes eran empleados eventuales, que prestaban servicios extraordinarios o que desempeñaban un cargo de confianza personal o político.

Los magistrados destacan que si bien los demandantes prestaban sus servicios a la Corte de Cuentas en virtud de contratos de servicio personales con plazo determinado, "la sola invocación por parte de la autoridad demandada de dichos contratos no es suficiente para tener por establecido que la prestación de los servicios realizada por aquellos a favor del Estado era de confianza, de naturaleza eventual o extraordinaria".

En ese sentido, la Sala considera que en este caso se utilizó fraudulentamente la figura del contrato en relación con los servicios ordinarios de la referida institución que realizaban los empleados que fueron despedidos.

La sentencia señala que se estableció que los empleados eran "titulares del derecho a la estabilidad laboral cuando se ordenó su remoción", por lo que previo a ordenar los despidos debió de tramitárseles un procedimiento para que ellos pudiesen ejercer la defensa de sus derechos e intereses.

Explica la Sala que en este caso concreto, la autoridad demandada (cuando Tóchez fungía como presidente de la Corte de Cuentas), omitió otorgarles ese derecho antes de ordenar que no les renovaran sus contratos de trabajo que vinculaban a los demandantes con la referida institución.

La Sala también ordena a las actuales autoridades de la Corte que les renueven los contratos a los beneficiados.

Tristemente célebre gestión

Tóchez fue electo presidente de la Corte de Cuentas, el 25 de julio de 2013. Su tristemente célebre gestión se caracterizó por protagonizar polémicas y encontronazos con políticos de la oposición, entre ellos la diputada arenera Ana Vilma de Escobar, así como con periodistas que lo cuestionaban.

De Escobar llegó al punto de presentarse a encararlo y reclamarle por hablar de ella a sus espaldas.

El sindicato de la Corte lo acusó de aprovecharse del cargo y hostigarlos.

Cuando Tóchez dejó el cargo, el pasado julio, el personal de la Corte celebró con viandas, mariachis, combos y petardos su salida.

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