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Corte Plena ordena juicio a diputado López Cardoza

Según Probidad, ha habido un aumento injustificado del patrimonio del legislador.

El diputado por el PCN Reynaldo Antonio López Cardoza, al cierre de su campaña llegó en un helicóptero.
El diputado por el PCN Reynaldo Antonio López Cardoza, al cierre de su campaña llegó en un helicóptero.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno ordenó el martes abrir un juicio contra el diputado por el partido de Concertación Nacional (PCN), Reynaldo Antonio López Cardoza, por presunto enriquecimiento ilícito.

La CSJ indicó que hay suficientes indicios para determinar el delito que se le atribuye a López Cardoza, quien además forma parte de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.

Los magistrados tomaron la decisión después que la Sección de Probidad del máximo tribunal hiciera un análisis de los bienes declarados por López Cardoza y los informes que rindieron diferentes entidades tanto públicas como privadas.

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Esto permitió a la Sección de Probidad determinar la existencia de irregularidades e indicios  en los que presumen el supuesto enriquecimiento ilícito del que es señalado el diputado.

“La Corte concluyó que las condiciones personales del diputado no son coherentes con sus ingresos declarados, al menos con los que tienen algún sustento. Al tratarse de un funcionario cuya fuente de ingresos declarada está constituida por los salarios y otras prestaciones en el ejercicio del cargo de diputado, los hallazgos realizados revelan no solo un presunto enriquecimiento del declarante sino también la inexistencia de justificación sobre un aumento que ha sido notablemente superior”, dice el comunicado de la Corte.

Por lo  anterior, el máximo tribunal ordenó a la Cámara Segunda de lo Civil que inicie el juicio al parlamentario.

Al mismo tiempo remitió certificación del informe  a la Fiscalía General para que investigue y promueva las acciones penales correspondientes y ordenó que se inicie juicio por enriquecimiento ilícito.

Además ordenó la congelación de cinco inmuebles y la inmovilización de las cuentas bancarias propias y la de su cónyuge.

Los señalamientos

Según la resolución, pesar que en sus declaraciones el diputado ha manifestado que su esposa no genera ingresos ni gastos, ha realizado varios depósitos a plazo fijo que ascienden a la cantidad de 220 mil dólares (cancelados) y 85 mil dólares (vigentes). Dichas cuentas no fueron declaradas y no se ha justificado de dónde provienen los fondos.

Probidad también estableció que el diputado adquirió inmuebles sin recurrir a créditos y sin registrar retiros de fondos de sus cuentas bancarias; los precios de compra de los inmuebles son sustancialmente bajos, considerando su extensión y ubicación, y los valores declarados de los bienes poco tiempo después son significativamente superiores, sin justificar el aumento de valor.

La instancia de justicia indicó que los precios de compra de bienes adquiridos por López Cardoza  son considerablemente bajos, considerando la ubicación y extensión de los mismos. Al poco tiempo, el diputado declaró sus bienes con montos superiores a los que ya había declarado en su oportunidad. Al ser cuestionado sobre el incremento, no pudo justificarlo.

Es así que el diputado declaró la adquisición de inmuebles valorados en $129 mil 500, y después señaló que tales bienes tenían un valor de $397 mil 500.

Con respecto a uno de los mencionados inmuebles, por ejemplo, el diputado indicó que  su precio de compra era de $28 mil dólares, y  tres años declaró que era de  $125 mil. Otro de ellos se compró en $25 mil dólares, y dos años después declaró que su valor fue de $175 mil.

Según Probidad, el diputado no declaró en su totalidad el reintegro por deuda política y se desconoce de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña que le permitieron realizar las erogaciones correspondientes.

 López Cardoza declaró en concepto de cuentas por cobrar  $ 77 mil dólares, en calidad de reintegro por deuda política, correspondiente al período legislativo 2012 al 2015.

Sin embargo, al solicitar al partido PCN informe sobre ingresos obtenidos por el legislador en concepto de reintegro respecto a la deuda política correspondiente al período antes mencionado, el secretario Nacional de Asuntos Económicos del referido partido, Donald Ricardo Calderón Lam, manifestó que se le entregó un total de $256 mil 207. Dicho monto no fue declarado en su totalidad.

El secretario dijo desconocer  de dónde provinieron los fondos gastados en la campaña  y que luego fueron reintegrados por el partido.

Según consta en la declaración presentada en junio de 2009, el parlamentario reflejó dos deudas hipotecarias a favor de un banco por un monto de $225 mil dólares  y con saldo de $202 mil; y otra de $35 mil dólares con saldo de $30 mil 271.

Los créditos antes mencionados fueron cancelados antes de la fecha de su vencimiento, el primero el 16 de junio de 2014 y el segundo, el 18 de octubre de 2011.

Y de acuerdo con Probidad, el funcionario en la declaración que presentó para la toma de posesión del presente período legislativo 2015-2018,  a la fecha  no tiene  ninguna deuda.

Cabe destacar que los gastos declarados por López Cardoza son relativamente bajos, oscilan entre los  $12 mil dólares y los $18 mil  anuales,  lo cual no coincide con el estilo de vida que lleva el diputado, señala el informe. Sin embargo, solo en el 2009  a la fecha, el funcionario y su esposa realizaron 50 viajes personales al extranjero.

Casi unánime

La resolución  fue aprobada con el voto favorable de los magistrados Óscar Pineda Navas, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González, María Luz Regalado, Ovidio Bonilla, Dafne Sánchez, Paula Patricia Velásquez, Sergio Luis Rivera, Elsy Dueñas, Leonardo Ramírez, Roberto Argueta y Ricardo Iglesias.

El único que se abstuvo de votar ayer en la Corte Plena fue el magistrado Óscar López Jerez.

El magistrado explicó a El Diario de Hoy que no recordaba si años atrás él había sido apoderado legal del diputado López Cardoza en un caso, por lo que al dar su voto podría incurrir “en una posible infracción contra un cliente” e incurrir en delito. El Código Penal prohibe que se realicen acciones en perjuicio de un cliente del cual han sido apoderados o  si han realizado alguna gestión como tal.

Sin embargo, el magistrado consideró que la documentación que  fue presentada ante la CSJ era robusta y dijo que acompaña a los demás magistrados que firmar.

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