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Condenan a 73 excombatientes por desórdenes

Todos fueron condenados a dos años de prisión por desórdenes públicos en Chalatenango. Por el delito de actos de terrorismo fueron absueltos.

Ayer por la mañana, tanto acusados como defensores auguraban una resolución a su favor. Foto EDH / Jaime López

Ayer por la mañana, tanto acusados como defensores auguraban una resolución a su favor. Foto EDH / Jaime López

Ayer por la mañana, tanto acusados como defensores auguraban una resolución a su favor. Foto EDH / Jaime López

El Juzgado de Instrucción de Tejutla, en Chalatenango, no encontró suficientes pruebas para enjuiciar a 73 excombatientes por el delito de actos de terrorismo, que según la Fiscalía habrían cometido los acusados durante una protesta desarrollada en el kilómetro 70 de la Troncal del Norte el pasado 7 de agosto.

El tribunal, no obstante, los encontró culpables en un proceso abreviado del delito de desórdenes públicos y les impuso una pena de dos años de cárcel.

Por tratarse de una sentencia excarcelable, el juzgador les cambió la prisión por trabajos de utilidad pública a los acusados, además les ordenó que en los siguientes años no deben participar en protesta alguna.

Todos los veteranos del Ejército y la exguerrilla, con excepción de una señora que gozaba ya de libertad condicional, permanecían detenidos por orden del Juzgado de Paz de Tejutla.

Luego de la resolución de ayer del Juez de Instrucción de Tejutla, 70 procesados recobraron su libertad de inmediato, excepto Trinidad Rivera y Sebastián Aparicio Rivera, quienes seguirán en detención por los delitos de desórdenes públicos y portación ilegal de armas de fuego. Ambos fueron enviados a juicio.

Solo en el caso de una señora que permanecía en libertad condicional y que no se presentó a la audiencia, el juez de Tejutla programará una nueva audiencia para definir su situación legal.

Como demostración de apoyo, varios veteranos del Ejército se concentraron en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador para demandar la libertad de sus compañeros.

Los manifestantes, de forma pacífica, afirmaron que el único delito por el que habían sido detenidos sus compañeros fue exigir sus derechos, como el pago de una pensión y la aprobación de una Ley que les reconozca sus derechos adquiridos en el pasado conflicto civil.

El día de los hechos, varias carreteras que conectan con el país fueron bloqueadas para demandar $5 mil de indemnización, $350 mensuales de pensión y para que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Compensación para los Veteranos del pasado conflicto armado.

En los incidentes del 7 de agosto hubo un muerto y seis agentes antimotines de la Policía Nacional Civil resultaron heridos. Ante las protestas de los excombatientes, los diputados de las diferentes fracciones reaccionaron comprometiéndose con los demandantes a estudiar las diferentes iniciativas y fundirlas en un solo proyecto de ley.

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