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Centros penales esconde estados financiero de tiendas

Autoridades penitenciarias dijeron que esa información es de carácter reservada y que no podía proporcionarla

Las tiendas en los 19 penales generan ingresos de hasta 600,000 dólares mensuales, los que deben ser invertidos en programas de asistencias sociales para los reclusos. Foto EDH / Archivo

Las tiendas en los 19 penales generan ingresos de hasta 600,000 dólares mensuales, los que deben ser invertidos en programas de asistencias sociales para los reclusos. Foto EDH...

Las tiendas en los 19 penales generan ingresos de hasta 600,000 dólares mensuales, los que deben ser invertidos en programas de asistencias sociales para los reclusos. Foto EDH / Archivo

Las autoridades de la Dirección de Centros Penales negaron la información sobre los ingresos y egresos, así como los estados financieros de las tiendas institucionales que funcionan en los 19 centros penitenciarios, después de que exfuncionarios de Seguridad Pública y Penales advirtieran en la Fiscalía General que con fondos de las mismas se financió la tregua entre las pandillas.

El Diario de Hoy pidió a la Unidad de Acceso a la Información Pública de la referida Dirección detalles sobre la forma en que funcionan las tiendas en el sistema penitenciario, cómo se administra, el cuadro de ingresos y egresos de las mismas, y si el servicio de las tiendas ha sido concesionado a personas particulares.

Además se pidió los estados financieros de las referidas tiendas, bajo qué reglamentación y bajo qué administración funcionan estas.

Sin embargo, la Unidad de Acceso a la Información Pública respondió a la petición de este periódico enumerando una serie de artículos del Reglamento de la Ley Penitenciaria y además señala que los estados financieros no se pueden revelar públicamente por ser "una información de carácter reservada".

La oficial de información de esa institución, Karlen Moreno, en su misiva del 14 de febrero de este año señala que las tiendas institucionales fueron establecidas dentro del Reglamento de la referida Ley que se publicó el 16 de noviembre del año 2000 en el Diario Oficial.

Detalla que el artículo 154 del referido Reglamento señala que para el establecimiento, supervisión, y control de la tienda, la Dirección General de Centros Penales deberá contar con un departamento de auditoría para que periódicamente fiscalice su administración.

Con relación a la información sobre los ingresos y egresos; así como los estados financieros de las tiendas, la oficial de Información explica en la misiva que esa información es considerada de carácter reservada como consta en la "Declaratoria de Reserva denominada Montos Dinerarios que fluctúan dentro de cada Tienda Institucional", de fecha 5 de julio de 2013.

Asegura que tampoco se ha concesionada la administración de las tiendas institucionales a personas ajenas a esa institución.

El artículo 152 del Reglamento de la Ley Penitenciaria es el que le da vida a las tiendas institucionales en cada uno de los centros penales del país.

En el referido artículo se establece los propósitos para las cuales han sido creadas las tiendas institucionales y el uso de los fondos de las mismas.

En ese sentido, se señala que la Dirección de cada Centro promoverá y desarrollar la tienda institucional con el único propósito de generar fondos para la atención de programas de asistencia social en pro de la población reclusa y de satisfacer necesidades inmediatas del establecimiento penitenciaria.

En ningún momento se dice, según el artículo, que los fondos se utilizarían para pagarles a los reclusos que proporcionen información que lleven a la Inteligencia Penitenciaria a detectar fugas, la existencia de objetos prohibidos en manos de reos o el cometimiento de algún hecho delictivo.

Las tiendas institucionales en las cárceles tomaron relevancia desde que exfuncionarios de Centros Penales y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública revelaron en la Fiscalía General que las anteriores autoridades de Seguridad Pública utilizaron fondos de las mismas para el pago de salarios de los mediadores de la tregua entre pandillas, de sus colaboradores, y familiares de varios reclusos, como parte de los acuerdos del pacto pandilleril.

Los pagos eran desembolsados bajo el concepto de "servicios de inteligencia" de las tiendas institucionales que según el artículo 152 del Reglamento no contempla la utilización de ese dinero para pagos por información de inteligencia.

El exadministrador de las tiendas institucionales, José Rafael Juárez, dijo en su declaración ante la Fiscalía que los fondos generados por las tiendas eran utilizados en un principio para la compra de bienes y equipos que serían destinados a los centros penales. Agregó que las tiendas generaban ingresos económicos de hasta 600,000 dólares mensuales, los cuales iban destinados a los pagos de los proveedores y salarios de los empleados.

Sin embargo, Juárez aseguró que desde abril de 2012 recibió la orden del exdirector de Centros Penales Nelson Rauda de que tenía que emitir un cheque por un valor de 2,500 dólares. Este cheque era extendido a nombre de Anílver Rodríguez Villeda, quien fungía como inspector general de centros penales.

Las indicaciones que recibió de Rauda, según Juárez, era que Rodríguez se lo iba a firmar para que después lo fuera cobrar y el dinero se lo llevara a Rauda.

Juárez aseguró que le dijeron que el concepto bajo el cual iba a extender ese cheque era por "servicios de inteligencia".

Una situación que al exadministrador le pareció raro porque nunca se había utilizado el dinero de las tiendas para el pago de informantes dentro de las cárceles, para que les proporcionaran información sobre posibles fugas o hechos violentos dentro de las mismas.

También reveló el exadministrador que Rauda le ordenó que iba a sacar otros cuatro cheques a nombre de cuatro personas que habían sido propuestas por Raúl Mijango como sus colaboradores en el tema de la tregua entre las pandillas.

Explicó que el cheque de los 2,500 dólares, pero que luego subió a 3,000 y 5,000 dólares; lo tuvo que extender hasta en junio del año pasado, fecha en la que fue separado por el actual director de Centros Penales, Rodil Hernández, por supuesta falta de confianza.

En medio de las declaraciones en la Fiscalía, el exinspector Rodríguez Villeda reveló que el actual director Hernández también conocía de la extensión de los cheques porque en una ocasión él le preguntó si sabía para quién eran los 5,000 dólares, le aseguró que era para "Raúl Mijango y sus secuaces" en clara referencia a las otras cuatro personas que supuestamente trabajaban como colaboradores en la supuesta tregua entre las pandillas.

Los fiscales que trabajaban en la investigación sobre las ilegalidades que habrían rodeado la supuesta tregua entre las pandillas, le advirtieron a Rauda que se iba a realizar una auditoría sobre los fondos de las tiendas institucionales usados para el pago de "servicios de inteligencia" y que se les pagaba a los familiares de algunos reclusos, que según las autoridades, les proporcionaban información hechos delictivos que cometían otros internos.

Rauda aseguró en la Fiscalía que los 2,500 dólares que recibía de los fondos de las tiendas se los daba al exministro de Seguridad David Munguía Payés y que era para apoyar a Mijango, como a Monseñor Fabio Colindres en el esfuerzo que estaban haciendo con respecto a la tregua.

El exdirector de Centros Penales aseguró que los 2,500 dólares se los entregaba Munguía Payés a Mijango y a Colindres. Rauda reconoció que él les daba los cheques a las cuatro personas que colaboraban con Mijango en la tregua pandilleril.

También manifestó que el exministro Munguía Payés le ordenó que sacara ese dinero de los fondos de las tiendas para apoyar el esfuerzo que se estaba haciendo con respecto a la tregua.

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