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CCR pide anular concesiones otorgadas por Siget a LaGeo

Bertrand Galindo: presidente de CCR está violando fallo de Sala de lo Constitucional

Rosalío Tóchez, presidente de la Corte de Cuentas, dice que pedirá este día nulidad de concesiones geotérmicas. Foto EDH

Rosalío Tóchez, presidente de la Corte de Cuentas, dice que pedirá este día nulidad de concesiones geotérmicas. Foto EDH

Rosalío Tóchez, presidente de la Corte de Cuentas, dice que pedirá este día nulidad de concesiones geotérmicas. Foto EDH

El presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Rosalío Tóchez Zavaleta, declaró ayer que solicitará hoy la "nulidad de pleno derecho" de las concesiones otorgadas a entidades privadas por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget).

Tóchez afirmó que la nulidad de la concesión de la explotación de los campos geotérmicos "es un hecho" si el Fiscal General de la República pide su nulidad por medio de un proceso contencioso administrativo.

"Esta petición de nulidad demuestra un pésimo conocimiento jurídico", dijo el apoderado legal de Enel Green Power, Francisco Bertrand Galindo. "Quien ya resolvió esto fue la Sala de lo Constitucional, ella es la que manda en este caso, y no puede venir ahora ni la Fiscalía ni la Corte de Cuentas a pretender que pueden anular concesiones por medio de un juicio".

Hace dos semanas, Tóchez advirtió ante un grupo de periodistas que garantizaba "en nombre de la República y en nombre de Dios, que estoy así (de cerca) para anular ese contrato amañado", refiriéndose al contrato entre Enel Green Power y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL).

El director jurídico de la CCR, Armando Laínez, desmintió esto, aseverando que "no estamos cuestionando el contrato CEL-Enel". Al mismo tiempo negó que estuvieran investigando delitos.

Laínez explicó que el informe actual surge a raíz de la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional en junio de 2012. Lo que la CCR argumenta en este caso, según Laínez, es que en la actualidad se carece de "parámetros de control" de las concesiones geotérmicas otorgadas por la Siget. Por lo tanto, la CCR exigirá a la Asamblea Legislativa que evalúe el "modelo de las concesiones".

Además, concluyen, "se considera que existe una nulidad de pleno derecho sobrevenida de los actos administrativos de concesión otorgados por Siget antes del pronunciamiento de la Sala en el año 2012".

Bertrand Galindo rechazó esta interpretación: "Lo que la Sala dice es que la atribución que la ley le otorga a Siget para dar concesiones de explotación de energía hidroeléctrica y geotérmica sólo puede darlas la Asamblea Legislativa".

Y agrega: "Al mismo tiempo la Sala le ordenó a la Siget que siguiera cumpliendo su rol como ente contralor de las concesiones. Por lo tanto, la Corte de Cuentas no puede atribuirse un rol de contraloría de las concesiones que legítimamente le pertenece sólo a la Siget".

Actualmente, el 25 % de toda la energía eléctrica que se consume en El Salvador proviene de la generación geotérmica. Sin embargo, las concesiones de los campos geotérmicos en El Salvador no están ni bajo el control directo de la CEL ni de Enel.

Estas concesiones le fueron transferidas por la Siget a la empresa salvadoreña LaGeo, de la cual dos empresas, Inversiones Energéticas (INE) y Enel, son sus accionistas.

Bertrand Galindo opina que lo que corresponde que ocurra ahora, a raíz de las declaraciones vertidas por Tóchez y Laínez en la conferencia de prensa de ayer, es una investigación de la Sala de lo Constitucional.

"La Sala debe verificar si se han cumplido sus fallos con relación a la no politicidad de los magistrados de la Corte".

Tóchez fue elegido como presidente de la CCR después de un fallo que removió al anterior presidente por su vinculación al FMLN.

"Tóchez está jugando a la política, está actuando como miembro de un movimiento político y está siguiendo la agenda de un partido", indicó Bertrand Galindo, a la vez que enumeró varias acciones que comprobaría esta afirmación: el incidente con Ana Vilma de Escobar; la amenaza pública contra Quijano; la amenaza hace dos semanas que declararía nulo el contrato entre CEL y Enel; el abuso de ubicar a hombres con metralleta como medio de control de una conferencia de prensa; las declaración de nulidad de concesiones sin tener una base jurídica.

Discrepancias

En relación al caso judicial promovido por la Fiscalía en relación al contrato entre CEL y Enel, El Diario de Hoy le preguntó a Tóchez por qué había una diferencia tan grande entre la cifra original de perjuicios económicos provenientes del peritaje realizado por los auditores de la Corte de Cuentas y el que hizo público la Fiscalía.

Tres peritos de la Corte de Cuentas, Edwin Murga, Roberto Fernández y Wilfredo Aguilar Montecinos establecieron que "el perjuicio causado a la CEL producto del Peculado" no superaba los $20.2 millones. La Fiscalía anunció que la cifra era superior a $1,800 millones.

"La Corte no tiene absolutamente nada que ver con esto", dijo Tóchez, "porque cada auditor es independiente y no le debe cuentas a nadie... sólo al Fiscal".

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