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Buseros pagan $3 millones mensuales en extorsiones

En diciembre, exigen el doble de extorsión como aguinaldo; algunos se niegan a cumplirles

La ruta 2 y 2C han paralizado labores en varias ocasiones por extorsiones. Foto EDH / ArchivoLos empresarios del transporte público aseguran que los mecanismos de extorsión no han variado: hacen uso de la amenaza, intimidación, asesinatos y tiroteos.

La ruta 2 y 2C han paralizado labores en varias ocasiones por extorsiones. Foto EDH / ArchivoLos empresarios del transporte público aseguran que los mecanismos de extorsión no...

La ruta 2 y 2C han paralizado labores en varias ocasiones por extorsiones. Foto EDH / ArchivoLos empresarios del transporte público aseguran que los mecanismos de extorsión no han variado: hacen uso de la amenaza, intimidación, asesinatos y tiroteos. Foto EDH / Archivo

Los empresarios del transporte colectivo aseguran que las pandillas los tienen al borde del colapso. Las extorsiones les cuestan 36 millones de dólares al año, a razón de 3 millones por mes, según estimaciones de los agremiados.

De acuerdo con los transportistas, los chantajes en 2013 se duplicaron con respecto al año anterior.

El problema no afecta a todas las empresas por igual; a algunas más que a otras, pues para algunas ese flagelo podría significar el 10 por ciento y para otras hasta el 25 por ciento de sus ingresos totales en el mes.

En el nuevo año, los empresarios aún no salen del impacto que las extorsiones causaron a sus finanzas, pues en diciembre las maras duplicaron el monto de los chantajes que normalmente entregan en el transcurso del año.

"Nosotros como empresa, en más de alguna ocasión, hemos acudido a la Policía; lamentablemente, la última vez que lo hicimos nos quemaron un autobús", se quejó Juan Pablo Álvarez, representante de la Ruta 29.

"Lo terrible es que uno va a la Policía y un día o tres días después los delincuentes lo están llamando porque ya se dieron cuenta que fuimos a la Policía, entonces ¿qué va a hacer uno? No queda más que estar pagando a los criminales", afirmó Álvarez.

El empresario comparó las extorsiones con el pago de un seguro de vida. "Hay que amortizarlo para que no maten a los empleados, ni vayan atentar contras las unidades", agregó.

Aún así, tres unidades del transporte colectivo fueron incendiadas por los pandilleros durante 2013, afirmó Fecoatrans, otra gremial del transporte colectivo.

Solo en el caso de la Ruta 29, la empresa entrega a los delincuentes más de 4 mil dólares mensuales, dinero que es distribuido a diferentes pandillas durante su trayecto por los municipios y colonias que siguen sus unidades.

A lo largo del recorrido, hay diferentes grupos de pandillas exigiendo dinero.

Un empresario de la Ruta 79, quien por su seguridad no quiso identificarse, se quejó de la misma situación: las maras y otros grupos delincuenciales los extorsionan en el transcurso del recorrido que realizan sus unidades.

Doble pago

"En diciembre fue el doble del dinero que pagamos, es decir, dimos 8 mil dólares", afirmó el representante de ACOPATT.

"¿Para dónde corre uno con este flagelo? De ahí el llamado al Gobierno para que nos brinde más seguridad, porque este problema se ha vuelto insoportable", sentenció.

Solo de esta manera la ACOPATT se puede librar de homicidios o quemas de sus autobuses.

"Estamos como en una jungla en la que, para vivir , debemos acostumbrarnos a lidiar con todos los animales", subrayó el representante.

"No podemos irnos a vivir a Estados Unidos o a Europa, sino quedarnos en este país, y soportar e ingeniárnosla para seguir trabajando", explicó el gremialista.

Los empresarios dicen que no basta estar al día con el Gobierno con los impuestos, sino también con la delincuencia para poder trabajar.

De ahí que abrir un negocio en este país y mantenerlo en el tiempo es "bien difícil", sostuvo el empresario.

El problema se torna más complejo en otras empresas, donde los pandilleros les exigen viajes personales para ir de paseo a la playa u otros lugares de diversión. Este no es el caso de ACOPATT, aclara Álvarez. Sin embargo, "hay rutas en las que los mareros llegan y le dicen al encargado: 'Me voy a llevar este microbús y si se niega ya sabe a lo que se atiene'", añadió.

Por si no fuera suficiente, el empresario se quejó de que los mareros también los asaltan, les roban las cajas con el dinero que los motoristas han hecho en sus recorridos. En estos hechos también participa la delincuencia común, pero en menor escala, indicó el agremiado.

"No tiene ningún sentido la implementación de la tarjeta prepago para saldar el costo del pasaje, porque las extorsiones ya están impuestas", afirmó.

"No sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir lidiando con este problema de la extorsión ", expresó el representante de ACOPATT.

A pesar de la insatisfacción y el coraje que le provocan las extorsiones, los transportistas temen conversar del tema abiertamente y de forma personal.

"Si nosotros los transportistas empezamos a denunciar estos hechos a las autoridades competentes, no hemos salido de la delegación cuando los mareros ya nos están duplicando la renta en represalia", dijo un transportista.

El sentimiento de los buseros es que la Policía captura a los delincuentes, pero por errores de la Fiscalía en el procedimiento acusatorio los sujetos en menos de un mes están libres.

Otro de los transportistas trajeron a cuenta que el flagelo de las extorsiones los están padeciendo desde 2005.

Aseguran que este mal es como "un cáncer o un vicio" que cada día se incrementa.

Los transportistas consideran que las extorsiones se han vuelto "insostenibles" al grado que hasta Policías que se dedican a combatirlos están siendo asesinados.

"Año con año nos incrementan la renta en distintas rutas. En diciembre nos golpea más porque nos piden para el aguinaldo y eso significa un aumento de casi el 100 por ciento", dijo un transportista quien prefirió resguardar su identidad.

Paralizan labores

Como ejemplo, un representante de la Ruta 79 manifestó que las pandillas les exigían 18 mil dólares de "renta" y 7 mil de aguinaldo. Ante la insolvencia económica, tuvieron que paralizar el servicio varios días en diciembre para no ser atacados por las maras.

Los empresarios lamentan que las extorsiones se sumen al incumplimiento del Gobierno de pagarles la compensación a tiempo o el subsidio al pasaje. Dicen que su situación económica se agudiza en lo que se refiere al gasto en combustible por el desorden vial a raíz de la reparación de las carreteras en la zona metropolitana a última hora.

Esto último les ha incrementado los costos en más de un 30 por ciento en combustible y les ha implicado la reducción de la demanda de pasajeros por la desubicación de las rutas en San Salvador, señaló Roberto Soriano, presidente de la Asociación de Transporte Público (ATP).

"El cambio de paradas de autobuses provoca que los usuarios anden perdidos en busca del bus y, al no hallarlo, optan por viajar con el vecino", dijo.

Los transportistas manifiestan que las extorsiones y la falta de compensación al sector transporte puso en aprietos a los empresarios para cumplir con las responsabilidades sociales de sus trabajadores.

"En las situaciones actuales nos es muy difícil cumplir a nuestros empleados con sus obligaciones", admitió.

La Asociación de Transporte Público estima que con los 18 millones de dólares que sus agremiados pagan a los extorsionistas, podrían comprar 300 buses nuevos para modernizar el transporte colectivo de todo el país y mantener las unidades en mejores condiciones.

Los montos de extorsiones en promedio son desde $1 mil a $3 mil dólares, pero en épocas especiales el monto sube a $6 mil y así sucesivamente, explicó Soriano.

También denunció que uno de los últimos atracos ocurrió en Santiago de María, Usulután, donde un policía tuvo que salir en defensa y varios mareros resultaron heridos.

El dirigente aclaró que la intervención policial en estos casos no ha sido dentro del marco del plan Bus Seguro, sino por una actitud particular del agente como cualquier otro ciudadano.

"Los asaltos a nivel nacional son los más crueles, porque nos quitan todo lo que han hecho nuestros empleados y asaltan a los usuarios", condenó el gremialista.

El peligro no está focalizado en determinado lugar, el problema está generalizado en todo el país, recalcaron.

Denunciar significa condena de muerte

Los homicidios en el transporte colectivo se nos incrementan cuando denunciamos a los delincuentes con la Policía, por la poca importancia que el Ministerio de Justicia y Seguridad da a sus quejas, consideran.

"No se tiene confianza en la seguridad policial y Fiscalía; porque hemos tenido casos en los que vamos saliendo de la Policía y Fiscalía y nos están llamando para incrementarnos la extorsión", reiteró.

Esto crea psicosis en los empresarios, porque la Policía puede dar seguridad uno, dos y tres días, pero no siempre.

Catalino Miranda, de Fecoatrans, dijo que el nuevo ministro del ramo de Seguridad le ha dado un blindaje a los policías que actúan en defensa propia o de la ciudadanía y eso contribuye a la seguridad, porque "los delincuentes no han cambiado en su forma de operar, como la presión, la amenaza, intimidaciones, salveques, tiroteos a viviendas de los agremiados y a las unidades", anotó.

Indicó que los mareros usan un mensajero o "soldado", que es quien entrega el teléfono celular a la víctima y le dice: "Te hablan...".

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