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Banco Mundial: descoordinación entre Fiscalía y PNC favorece la impunidad

Decenas de masacres cometidas en el país continúan sin esclarecerse. Un informe del ente financiero, que analizó varios casos entre 2011 y 2012, señala que falta de coordinación entre Ministerio Público y Policía provocó resultados negativos en las

En esta casa fueron asesinados un anciano de 96 años, su hijo, su nuera y su nieto. La masacre fue cometida en mayo de 2013, en el cantón El Copinol, Zacatecoluca, La Paz. Foto EDH / Archivo.

En esta casa fueron asesinados un anciano de 96 años, su hijo, su nuera y su nieto. La masacre fue cometida en mayo de 2013, en el cantón...

En esta casa fueron asesinados un anciano de 96 años, su hijo, su nuera y su nieto. La masacre fue cometida en mayo de 2013, en el cantón El Copinol, Zacatecoluca, La Paz. Foto EDH / Archivo.

Decenas de masacres que se cometieron en el país desde hace un par de años siguen en la impunidad por la saturación de trabajo en la Fiscalía y Policía, así como por la falta de coordinación entre ambas instituciones.

Un informe elaborado por el Banco Mundial, llamado Estudio Institucional y de Gasto Público en Seguridad y Justicia —presentado en 2013— revela que cada año el 20 % de delitos graves se acumula como pendiente a causa de retrasos en la investigación.

Según el estudio, en 2009 hubo bajo porcentaje de delitos resueltos y solo unos pocos terminaron en condena.

Aunque los datos plasmados en el documento fueron recabados entre junio de 2011 y marzo de 2012, estos muestran un panorama similar al que se vive actualmente, que ha impedido que haya una pronta y cumplida justicia para las víctimas.

A estos crímenes múltiples que están archivados se suman otras 23 matanzas que las autoridades han registrado entre el 1 de enero y el 23 de junio de este año. Unos pocos, según las autoridades, ya fueron resueltos y hay capturas.

El informe del organismo internacional señala que, en 2009, el Ministerio Público recibió 119,797 casos. En total, el 11.5 % se resolvió a través de conciliación y 62,076 fueron archivados permanentemente por la Fiscalía, lo que representa más de la mitad del total recibido (51.82 %).

Además, señala que solo alrededor del 38 % de los casos recibidos por la Fiscalía (44.824) fue presentado antes los tribunales.

Los jueces sobreseyeron el 48 % de los casos en la fase de instrucción y declararon la no culpabilidad en otro 6 %; por esta razón en el informe se interpreta que "pareciera que el 54 % de los casos presentados ante los tribunales carecía de pruebas suficientes para lograr una condena".

En este aspecto, el documento concluye que solo el 10 % de los procesos judiciales terminó en condena y que estos representan solo el 3.9 % del total de casos recibidos por el Ministerio Público en ese mismo año.

Discrepancias entre la Fiscalía y la Policía

La falta de coordinación entre la Policía y el Ministerio Público durante las investigaciones es otro aspecto al que hace referencia el informe del organismo internacional.

"En la mayoría de los casos analizados la Fiscalía no lideró adecuadamente la investigación ni proporcionó instrucciones claras a la Policía. En otros casos, la Policía no siguió las instrucciones de la Fiscalía", reza el documento.

Esta falta de acoplamiento, según la fuente, paralizó o produjo resultados negativos en las pesquisas.

A esto se suma que los fiscales consultados para elaborar el estudio aseguraron que a menudo no tienen la capacidad de responder de forma proactiva a todos los delitos, debido a las cargas de trabajo excesivas: aproximadamente 200 casos por año.

Una situación similar experimentan varios juzgados del país. La saturación de trabajo, incluso, obligó en 2012 a los empleados de los juzgados Antimafias a no recibir más casos hasta que no saldaran la mora que vienen arrastrando desde hace varios años.

La medida impidió que se llevaran a cabo decenas de audiencias y juicios. Para superar la crisis, los afectados propusieron a la Corte Suprema de Justicia la creación de más juzgados o la contratación de más personal.

Según el estudio del Banco Mundial, otra queja que hacen los delegados del Ministerio Público es que la Policía no tiene las habilidades necesarias para investigar los delitos.

Por su parte, los policías señalan que ellos no son responsables de las fallas en la investigación criminal, sino que depende de la capacidad técnica de los fiscales para dirigir el trabajo, así como la disponibilidad de recursos científicos y materiales para realizarlo, consta en el documento.

En cuanto al manejo y recopilación de pruebas que hacen estas instituciones, el estudio refiere una búsqueda inadecuada de ellas: "Algunas evidencias no se analizan científicamente y por eso no pueden utilizarse en las investigaciones".

Además, el informe subraya que en varios casos la Policía y Fiscalía no realizan sus mejores esfuerzos para identificar, localizar y entrevistar a los testigos.

Por ejemplo, señala que en casos de asesinatos donde han habido varios testigos se consideró suficiente la información obtenida de uno solo de ellos.

"Varios casos se archivaron debido a que el testigo de la Fiscalía había fallecido o no se pudo localizar de manera oportuna", indica el estudio.

Crítica a dependencia de testigos con beneficios

La "preferencia" de la Fiscalía de recurrir más a los imputados con beneficios penales (testigos criteriados) que a la evidencia científica o forense durante los procesos judiciales es otro aspecto que también incide en las pesquisas, según el estudio.

En él se sostiene que es común que los fiscales utilicen a testigos para que declaren contra otros coacusados en un juicio. A cambio, estos informantes se benefician con libertad, retiro de cargos o reducción de penas.

"Existen serias dudas sobre la credibilidad de los testimonios obtenidos utilizando estas medidas, lo que pone en peligro la imparcialidad del proceso judicial", agrega el informe.

El documento señala que en la visita que hizo al país, en enero de 2012, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias "criticó lo que consideró un énfasis excesivo en el uso de la prueba testimonial".

El Diario de Hoy intentó abordar el tema de los procesos de investigación con delegados de la Fiscalía General pero, a través de la Oficina de Comunicaciones, se informó que no se pronunciarían al respecto.

Por su parte, el viceministro de Justicia y Seguridad, Javier Martínez, se limitó a decir que la Policía únicamente es un órgano auxiliar que está bajo el mando de la Fiscalía General en la investigación.

"No es que nosotros tengamos que hacer como que queremos o no queremos, ahí estamos bajo la orden del fiscal... Pronto habrá mejores articulaciones. La idea de nosotros es ser más unidos en este tema porque sino la batalla se nos complica más ", sostuvo Martínez.

El funcionario reconoció que este año ha habido un incremento de homicidios respecto a 2013 y que el alza se debe al repunte de asesinatos múltiples.

Martínez señaló que en torno a las masacres hay muchas variables y aseveró que las autoridades ya manejan información en varias de ellas; no obstante, recriminó que los familiares de las víctimas no colaboran con la investigación y eso hace más difícil judicializar los casos.

"Muchos de ellos están vinculados a una cadena de venganza... Ya estamos trabajando con el sector las iglesias para lanzar el programa Rompiendo las Cadenas de Venganza porque es uno de los fenómenos que más se nos está dando", dijo el funcionario.

Algunas masacres que siguen impunes

Unas de las matanzas que todavía sigue sin ser resuelta por las autoridades y que causó indignación entre la ciudadanía fue la cometida en mayo de 2010 contra seis hombres jóvenes que estaban jugando en una cancha de la colonia San Juan de Dios, en Olocuilta, La Paz.

El séxtuple homicidio desató diversas reacciones porque los atacantes no solo se hicieron pasar como policías que llegaron a hacer un operativo, sino que además acribillaron a las víctimas ante decenas de personas que estaban viendo el encuentro deportivo.

Tres de las víctimas eran estudiantes. En ese momento los habitantes de la zona y las mismas autoridades descartaron que pertenecieran a pandillas. Esta matanza ha quedado en la impunidad.

Otro hecho violento que causó conmoción fue el asesinato cometido contra un niño de cuatro años y sus padres, en una zona rural de Panchimalco.

El repudiable asesinato fue registrado en mayo de 2011, en una casa de bahareque en el cantón Azacualpa, caserío Los Miranda.

Los asesinos de Miguel Ángel Guzmán, de 40 años, lo ataron de pies y manos, luego le dispararon en la cabeza.

A su esposa Francisca Ortiz, de 47, le asestaron un disparo en la espalda y al niño le dieron un escopetazo en la cabeza. Otra menor de edad que estaba en la casa a la hora del atentado se libró de la muerte porque se ocultó bajo una cama cuando escuchó llegar a los homicidas.

Allegados de las víctimas dijeron que Francisca había sido amenazada por una vecina con quien tuvo una discusión que terminó con golpes.

Días previos a la masacre, la víctima les comentó a sus familiares y amigos que había denunciado a su vecina y que dentro de unos días acudiría a una cita en un juzgado. La mataron antes de que se realizara la diligencia.

En mayo de 2013, cuatro integrantes de una misma familia también fueron ultimados con saña en la hacienda Siete Joyas del cantón El Copinol, en Zacatecoluca, La Paz.

Entre las víctimas estaba Cándido Escobar, de 96 años; junto a él fueron ultimados su hijo José y su nuera Margarita, de 45 y 42 años, respectivamente, así como Héctor, el hijo de ambos, de 28.

El cadáver del anciano fue localizado en un área de la casa mientras que los otro tres cuerpos fueron sepultados en una fosa cavada dentro de la hacienda.

Según las autoridades, al menos a uno de los cuerpos había sido quemado.

Escobar se dedicaba a cultivar la tierra y el resto de víctimas vivía de la producción y venta de carbón.

El día de la masacre se rumoró en la escena que pandilleros de la 18 que supuestamente llegaban a robarle la cosecha al anciano estaban involucrados en el hecho, pero el caso se estancó.

Otro asesinato múltiple en perjuicio de tres hermanos agricultores fue registrada en 2011, en una finca del cantón Las Granadillas, en Santa Tecla, La Libertad.

Abraham de Jesús, de 32 años, Jorge Alberto, de 26, y Julio Alberto, de 22, todos de apellido Hernández Lozano, salieron una mañana a trabajar pero no volvieron a casa. Un día después sus parientes salieron a buscarlos y encontraron sus cadáveres en medio de unos sembradíos.

A estos crímenes se suman los cometidos contra dos empleados de un supermercado y el motorista de un microbús encargado de llevarlos hasta su casa en San Juan Opico, siempre en La Libertad, tras terminar su jornada laboral.

Las víctimas fueron asesinadas, en 2011, en la carretera que de Quezaltepeque conduce a San Juan Opico, frente a una cancha del cantón Primavera.

Eusebio Rivas, de 34 años, quien era el motorista, y Karla Hernández, de 20, perecieron en el lugar. Mientras que Sergio Javier Menjívar, de 20, murió en el hospital.

El próximo 25 de septiembre, los parientes de las víctimas conmemorarán tres años de la tragedia y el caso sigue sin ser resuelto.

Decenas de casos similares se encuentran archivados en las instituciones, mientras que los parientes y amigos de algunas víctimas dudan de que algún día los asesinos pagarán por los crímenes que cometieron.

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