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Autoridades de Seguridad ordenaron silencio a exfuncionarios

Un agente antimotín custodia un autobús donde son trasladados reos desde el penal de Mariona hacia otros reclusorios.

Un agente antimotín custodia un autobús donde son trasladados reos desde el penal de Mariona hacia otros reclusorios.

Un agente antimotín custodia un autobús donde son trasladados reos desde el penal de Mariona hacia otros reclusorios.

El secreto era una regla que les impusieron a los exfuncionarios de Centros Penales que estaban inmersos en las operaciones financieras que servían para pagarles a familiares de pandilleros, mediadores de la autodenominada tregua entre las pandillas y cuatro de sus colaboradores, según testificaron algunos de ellos a la Fiscalía.

Autoridades del Ministerio Público han explicado que en las mismas grabaciones filtradas de los testimonios de los exfuncionarios de penales que la investigación está dirigida a confirmar los pagos a los cabecillas de las pandillas y que cuentan con información que están confirmando.

El exinspector general de Centros Penales, Anílver Rodríguez, también reveló a los fiscales que lo entrevistaron que hubo ciertas situaciones sobre las que no le notificaban y que además el exdirector de Penales Nelson Rauda le pidió que no le contara a nadie con respecto a los cheques que firmaba cada mes.

También reveló que el traslado de los 30 cabecillas de las pandillas desde el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca se lo ocultaron y no fue sino hasta el día que habían sido llevados a otros penales que se dio cuenta, a pesar de que él tuvo que haber coordinado la seguridad de los reclusos durante el trayecto.

El exviceministro de Seguridad Pública, Douglas Moreno, declaró en la Fiscalía que a él lo apartaron de todo lo relacionado con la tregua entre las pandillas porque "no lo convocaban a las reuniones que se hacían para tratar esos temas", al grado de que su ascenso a viceministro de Justicia lo confundió sobre si fue por su "buen trabajo" o para "quitarme de en medio".

Además Moreno explicó que el actual director de Centros Penales, Rodil Hernández, le manifestaba con frecuencia su descontento por las medidas que se estaban tomando en los penales donde están hay mareros recluidos.

Entre estas disposiciones que se habían tomado se destacaba que habían reducido los registros minuciosos a los familiares de los pandilleros al ingresar a los penales, y por eso se había separado a la Fuerza Armada de realizar los registros, lo que pudo facilitar el ingreso de objetos ilícitos como celulares, drogas, dinero y otros artículos prohibidos por la Ley Penitenciaria.

Moreno declaró que Hernández le había dicho que "todo lo que se había hecho en cuanto a las medidas estrictas en los penales, se había perdido, que se había retrocedido".

Desde que se conoció la tregua entre pandillas, el presidente Mauricio Funes siempre se ha desligado de esa medida y ha negado que haya existido una negociación con los grupos de pandillas a cambio de bajar la cantidad de homicidios.

Además, Funes ha defendido el pacto de no agresión como una estrategia efectiva para poder reducir los homicidios. Sin embargo, tanto el exviceministro de Justicia y Seguridad Pública Douglas Moreno como el exdirector de Centros Penales Nelson Rauda manifestaron en sus declaraciones en la Fiscalía que Funes tenía conocimiento de lo que acontecía alrededor de la tregua, incluyendo el traslado de los 30 pandilleros.

La Fiscalía ha sostenido que esos traslados se hicieron de forma ilegal, porque los análisis criminológicos se hicieron después de los trasladados.

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