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Aumentan asesinatos de mujeres a manos de sus cónyuges

Registran 12 casos hasta agosto pasado, la misma cantidad con la que se cerró 2013, según un organismo que vela por mujeres

Aumentan asesinatos de mujeres a manos de sus cónyuges

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Aumentan asesinatos de mujeres a manos de sus cónyuges

Brendy Arely Campos es una de las salvadoreñas que —en lo que va del año—han muerto a manos de sus parejas. Ellas también son víctimas del Estado porque este no les garantizó protección pese a que, en algunos casos, ellas la habían solicitado.

En agosto pasado se superó la cifra de mujeres asesinadas en estas circunstancias con respecto a las registradas en 2013, según el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa).

Vilma Vaquerano, representante de la organización, asegura que 12 mujeres fueron ultimadas por sus cónyuges hasta agosto, es decir el mismo número de feminicidios registrado el año pasado.

Mientras que hasta septiembre, la cifra de mujeres asesinadas en diferentes circunstancias (no solo por sus parejas) fue de 215, igual número de casos documentados al final de 2013.

Brendy Campos, de 28 años, fue asesinada el 1 de octubre en el cantón Miraflores, en San Miguel. Su atacante fue Heriberto Paniagua, con quien engendró una niña que actualmente tiene 4 años.

Algunos parientes de Campos relataron que la pareja se había separado desde hace varios meses pero Paniagua acosaba a Brendy para que volviera con él.

Como la mujer siempre se negaba, él trató de agredirla en varias ocasiones; incluso la amenazó de muerte porque creía que ya tenía una nueva pareja sentimental.

Por temor a que le hiciera daño, unos días antes del feminicidio, Brendy lo denunció y un juzgado decretó que se le diera protección.

El tribunal le puso restricciones al agresor para que pudiera ver a su hija y para que no se acercara a su expareja.

Sin embargo, la decisión judicial no evitó que la historia terminara en tragedia, ya que ni la Policía ni el Juzgado verificaron que Paniagua cumpliera la medida.

De nada valió la restricción porque él la mató a balazos frente a la hija de ambos; mientras que otra niña de siete años, que era solo de Campos, estaba en la escuela.

Testigos del hecho relataron que Heriberto llegó armado y enfurecido a la casa de su excónyuge e inició una pelea.

La mujer vio que Paniagua sacó una pistola y corrió junto con su hija hacia una casa vecina para pedir auxilio. El sujeto las persiguió y cuando las alcanzó la hirió de muerte.

Un mes y medio antes, en Santa Ana, Eduardo Amílcar Larín, de 53 años, mató a su compañera de vida, Delmy Aracely Ascencio, de 19. También lesionó a su cuñada, de 17, cuando intentó defender a su hermana.

Según los dolientes, la marcada diferencia de edad entre ellos los hacía enfrentarse constantemente.

En marzo, cinco meses antes del homicidio, él incendió la casa sabiendo que su pareja estaba dentro. La oportuna reacción de vecinos y autoridades la salvaron de morir.

Atentados como los que sufrieron Brendy, Delmy y su hermana ocurren con frecuencia en el país a todo nivel social; pero no todos terminan en muerte, ni siempre se hacen públicos.

Según Vaquerano, en un tercio de los casos registrados en 2013 había antecedentes de violencia intrafamiliar y las víctimas habían buscado el amparo del Estado.

Sin embargo, estas quedan desprotegidas porque las autoridades correspondientes, en la mayoría de casos, no velan para que las disposiciones judiciales se cumplan, aduciendo que carecen de recursos.

"El mensaje que se les da a los agresores es que aquí, a pesar de que los marcos legales prohíben todo tipo de violencia contra las mujeres, es que ellos pueden violentarlas y no serán castigados penalmente. Esto naturaliza la violencia", opina Vaquerano.

Fallos en la aplicación de la Ley

Para los especialistas en el tema de la violencia contra mujeres, muchos feminicidios registrados en el país se habrían evitado si los jueces hubieran aplicado correctamente la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia.

Según Ormusa, un claro ejemplo de esto es un fallo emitido por un Juzgado de Paz de Morazán, en octubre de 2013, que horas después terminó en desgracia.

Una mujer que por muchos años sufrió violencia de parte de su cónyuge, José Paz Reyes, lo denunció pero cuando el caso llegó ante la jueza ella solo le ordenó que asistiera a la iglesia y no ingiriera bebidas embriagantes.

A pesar del alto riesgo que corrían la víctima y sus dos hijos (de 10 meses y de 9 años) al vivir bajo el mismo techo que su agresor, la jueza no puso restricción sobre este punto.

Horas después de haberse realizado la diligencia judicial, Paz agredió físicamente a la madre de sus hijos.

El ataque fue mientras ella amamantaba al bebé en una hamaca. La víctima gritó pidiendo auxilio y su madre, de 65 años, llegó armada con un palo junto con el hijo mayor de la pareja.

El agresor le arrebató el objeto a su suegra y con él la golpeó en la cabeza y las costillas, mientras que su compañera de vida huyó con los niños en busca de ayuda. Cuando retornaron, la señora estaba muerta y él había escapado.

"Es un crimen que pudo haberse evitado. Hay muchos prejuicios por desconocimiento de la ley, por falta de capacitación o de sensibilización. El mismo Estado puede prevenir estas muertes de mujeres", según la delegada de la organización feminista.

Para Vaquerano, si el aplicador de la ley no juzga con la misma balanza un hecho de violencia contra mujeres como lo hace con otros delitos, se da un problema grave de aplicación de la normativa.

Atentan contra hijos para dañar a mujeres

Los hijos de las mujeres que son asesinadas por sus parejas no solo sufren la pérdida de su madre, sino el dolor y el trauma de que fue su padre quien se las quitó.

Generalmente los niños quedan a cargo de parientes que no siempre están en capacidad para acogerlos en sus hogares; de lo contrario son entregados a orfanatos.

No obstante, las autoridades han registrado casos en los que los atacantes no solo mataron a sus parejas, sino también a sus hijos. Además, hay hechos en los que los agresores asesinaron a sus descendientes o hijastros para causarles dolor a las mujeres.

Un caso reciente es el de una bebé de cinco meses, quien murió en septiembre, luego de que su padrastro, Douglas Molina Oliva, la lanzó contra la pared tras discutir con su pareja.

El incidente fue en un cantón de San Julián, Sonsonate.

La abuela de la niña dijo que su hija y su yerno estaban separados. Él había amenazado con matar a la bebé si la joven no regresaba a vivir con él.

Un mes antes, Dagoberto Marroquín, de 34 años, mató a Margarita Hernández, de 31, y a su hijastra, de seis años.

El doble feminicidio fue en un cantón de Chalchuapa, Santa Ana. Tres días después que Dagoberto y Margarita se habían separado.

La pareja convivió por más de una década pero cada vez que se peleaban se dejaban por un tiempo y luego retomaban la relación.

Parientes de las víctimas relataron que Marroquín les había dicho que cuando tenía cinco años fue testigo de cómo su padre mató a su mamá y su abuela tras una discusión.

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