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Asesinan a más de 800 empleados del transporte

En lo que va del año se han registrado 38 víctimas, mientras que 2014 cerró con 64 casos

Ante el acoso de las pandillas, un 30 % de transportistas ha tenido que abandonar el negocio.

Ante el acoso de las pandillas, un 30 % de transportistas ha tenido que abandonar el negocio.

Ante el acoso de las pandillas, un 30 % de transportistas ha tenido que abandonar el negocio.

El gremio de transporte de pasajeros es uno de los más golpeados por las bandas delincuenciales. Desde hace casi una década, los empresarios obligadamente pagan miles de dólares a las pandillas a cambio de que ellos o sus empleados no sean asesinados o se les permita brindar el servicio a la población.

No obstante, haberse atrasado en la entrega del dinero o no ceder a otras presiones de los delincuentes le ha costado la vida a unos 800 integrantes del gremio (empresarios y trabajadores) entre 2005 y 2014.

A estas víctimas se suman otras 38 que fueron ultimadas entre el 1 de enero y el 5 de junio de este año, dejando en evidencia la poca efectividad de los planes de seguridad de la Policía en el sistema de transporte.

Estas cifras se desprenden de las estadísticas de la Federación de Empresarios del Transporte (Fecoatrans), Inversiones y Negocios, dirigida por Catalino Miranda.

El transportista recuerda que el acoso de los extorsionistas empezó a finales de 2004, cuando les exigían el pago de entre uno y cuatro dólares por cada unidad de buses o microbuses, a cambio de permitirles salir a trabajar.

Los hampones fueron incrementando la cuota hasta llegar a recibir millones de dólares en concepto de extorsión. Según Fecoatrans, el año pasado, a nivel nacional, los empresarios pagaron unos 36 millones de dólares.

Mientras que la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), presidida por Genaro Ramírez, estima que en 2014 se pagaron 34 millones dólares.

"Esto ha venido creciendo por la ambición de las dos bandas organizadas (las pandillas) y por un 30 por ciento de gente oportunista que, en nombre de otros, extorsiona, roba o mata para conseguir su objetivo", reprocha Miranda.

Otro empresario —que por seguridad pide no ser identificado— asegura que además de los 2,000 mensuales que debe pagar, los delincuentes le advierten que debe entregar dinero adicional.

Según la fuente, varias veces los mareros le han pedido (de un día para otro) el pago de 1,000 o 1,5000 dólares, porque les han matado a un integrante de la pandilla y necesitan pagar el servicio fúnebre.

"Estamos viviendo una situación bien terrible. No nos han matado a nadie (empleado) porque estamos pagamos, sino lo hiciéramos olvídese", sentencia el empresario con tono decepcionado.

Homicidios y ataques van en aumento

El panorama para el gremio de transportistas es sombrío, pues las estadísticas reflejan que los asesinatos de los empresarios y trabajadores han tenido un incremento con respecto a 2014.

Hasta el viernes pasado, 38 empleados y empresarios de buses y microbuses fueron asesinados; mientras que 60 unidades resultaron dañadas por ataques de los grupos delincuenciales.

En contraste, el año anterior cerró con 64 homicidios de trabajadores del transporte público y hubo atentados contra 90 vehículos.

Entre las víctimas recientes está Misael Carballo, de 63 años, empresario de la Ruta 72, de San Vicente. El señor fue ultimado a balazos, el 1 de junio, cuando salió del punto de buses, en la colonia Navarra, en ese departamento.

Horas después del asesinato, un delegado policial informó que no se había determinado el móvil del homicidio y dijo que ya habían capturado a 17 integrantes de la mara Salvatrucha como sospechosos de haberlo matado.

Algunos colegas de la víctima no dudaron de que entre las razones por las que lo asesinaron esté el atraso en el pago de la extorsión o porque con el ataque se pretendía enviar un mensaje al gremio para "generar terror".

Dos días después, el cobrador de un microbús de la Ruta 140 fue herido de bala en la entrada al proyecto Santa Teresa, en San Martín.

En el ataque también resultaron lesionados dos pasajeros. Socorristas de Comandos de Salvamento informaron que el pronóstico de salud de los tres era delicado.

Además, el viernes, fueron asesinados el cobrador y una pasajera de un microbús de la Ruta 45 AB, cuando circulaba por la colonia Chintú II, en Apopa.

El la balacera resultó herido el motorista de la unidad, quien a pesar de su lesión condujo hasta la sede de Cruz Roja de la localidad para recibir asistencia médica. Las autoridades informaron que el blanco del ataque eran los empleados de la Ruta y que la señora fue una víctima circunstancial.

Según los registros de las gremiales de transporte, en lo que va del año más de una treintena de personas (entre pasajeros y delincuentes) han resultado lesionadas dentro de las unidades por ataques cometidos por delincuentes.

Unidades guardadas por falta de empleados

El riesgo de ser asesinados mientras se ganan el sustento para sus familias ha hecho que decenas de trabajadores deserten de las empresas.

Uno de los transportistas consultados asegura que hay días en los que algunos automotores se quedan guardados en el punto de buses porque no hay motoristas que se atrevan a sacarlos.

"No hallamos gente que quiera trabajar porque tienen miedo. Estamos a la voluntad de ellos (los pandilleros), aquí no existen autoridades", señala el afectado.

La semana pasada, trabajadores de la ruta de buses 108, que circula en San Juan Opico, La Libertad, hicieron un paro indefinido tras el asesinato de uno de sus compañeros.

Asimismo, la Ruta 46, que viaja hacia el cantón San Roque, en Mejicanos, suspendió el servicio tras recibir amenazas de las pandillas.

Algunos afectados reconocen que hay extorsionistas que han sido capturados porque sus víctimas los denunciaron, pero estos casos, a decir de ellos, son mínimos.

Uno de los transportistas asegura que él prefiere no denunciar porque tiene "bien comprobado" que algunos policías filtran información a los delincuentes.

Mientras que Catalino Miranda sostiene que la situación es complicada para las autoridades, pero cree que están haciendo lo que pueden.

Según el empresario, los ataques contra empleados del transporte son una estrategia de los grupos criminales para presionar al Gobierno y con ello obtener beneficios.

Miranda espera que las autoridades cumplan el compromiso de no hacer nuevos pactos con las pandillas y opina que no se debe "bajar la guardia" y se debe "subir la moral" de los policías y los soldados.

"El Gobierno dice no estar dispuesto a hacerlo (pactar con delincuentes)... debe cumplirlo porque el que negocia con el diablo termina en el infierno él también", expresa el empresario.

Él agrega que existieron algunas empresas (que tenían entre 10 y 15 unidades de transporte) que terminaron en la quiebra debido a que los propietarios estaban siendo extorsionados.

El delegado de Fecoatrans calcula que entre el 20 y 30 por ciento de transportistas se ha visto obligado a buscar otra formas de ganarse la vida porque para ellos el negocio dejó de ser rentable.

Otro empresario dice que él conoce varias familias que están desintegradas porque las cabezas de esos hogares eran de colegas suyos o empleados y tuvieron que emigrar porque no tenían otra opción.

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