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Argentina y la herencia maldita de una deuda

Vía decreto, se limitó retiros bancarios y se dejó de pagar a acreedores

Las consecuencias de cambiar las reglas del juego financiero, como lo hizo Argentina en diciembre de 2001, deben encararlas ahora. En la foto, la sede del Banco Central de la República Argentina. Foto EDH / Archivo

Las consecuencias de cambiar las reglas del juego financiero, como lo hizo Argentina en diciembre de 2001, deben encararlas ahora. En la foto, la sede del Banco Central...

Las consecuencias de cambiar las reglas del juego financiero, como lo hizo Argentina en diciembre de 2001, deben encararlas ahora. En la foto, la sede del Banco Central de la República Argentina. Foto EDH / Archivo

Había pasado apenas un lustro como país independiente y Argentina ya contraía deudas en el exterior. Casi dos siglos después, el país suramericano parece incapaz de sacarse el lastre de ser un "deudor serial" y la tormenta de una nueva quiebra amenaza en su horizonte.

La amenaza la representan esta vez fondos de inversión especulativos, que, con una sentencia definitiva a su favor en la justicia estadounidense, están dispuestos a embargar los millones que Argentina gire a finales de este mes a acreedores con bonos reestructurados, alternativa que, de concretarse, implicará un nuevo cese de pagos.

El riesgo de mora llega paradójicamente tras casi una década de políticas de desendeudamiento que lograron bajar la deuda total de $191.000 millones en 2004 a los actuales a $101.900 millones.

"Este Gobierno no endeudó, no provocó el 'default', y hoy aparece una herencia de esa situación", dijo el pasado martes el ministro de Economía argentino, Áxel Kicillof.

La historia de la deuda externa de Argentina, que hasta un museo propio tiene, comienza a escribirse en 1824, cuando el país solicitó a la casa inglesa Baring Brothers un empréstito por 700,000 libras esterlinas.

Pero la verdadera "bola de nieve" comenzó a engordar y rodar durante la última dictadura militar (1976-1983), período en que la deuda creció de 5,200 millones a $27,000 millones.

En la versión de la presidente Cristina Fernández, "La deuda externa, que comenzó a crecer exponencialmente desde la dictadura, constituyó el cepo más formidable que atentó contra el crecimiento de Argentina y generó pobreza, desempleo, atraso".

En la década de 1990 comienza otra etapa de fuerte endeudamiento para sostener la convertibilidad "uno a uno" entre el peso y el dólar estadounidense, que culmina con la severa crisis de finales de 2001 y la declaración del mayor cese de pagos de la historia moderna.

El 3 de diciembre de 2001 se desata el "corralito": Ése es el nombre de una historia que sucedió a finales de ese año. Entonces, se publicó el decreto que limitaba la retirada de efectivo de los bancos en la segunda mayor económica de Latinoamérica. Además el país dejó de pagar a sus acreedores en una reacción desesperada.

Argentina llegó a ese punto con una deuda total de $127,000 millones-equivalente al 160 % del PIB e impagable-, luego de un "blindaje" de $40,000 millones prestados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un "megacanje" de bonos.

Tras el "crack" del 2001, Argentina reestructuró su deuda en mora con acreedores privados en 2005 y 2010, con una adhesión del 93 % y fuertes quitas sobre el capital original.

También canceló en 2008 toda su deuda con el FMI ($9,500 millones) y recientemente llegó a un acuerdo con el Club de París para regularizar deudas en mora por $9,700 millones.

"Las renegociaciones y el pago de la deuda con reservas lograron un fuerte desendeudamiento de casi $90,000 millones a la fecha, disminuyendo la presión que genera sobre la economía el pago de la deuda pública", destacó el economista Ramiro Castiñeira, de la consultora Econométrica.

Actualmente, tras las refinanciaciones y los pagos que se han ido haciendo en los últimos años, la deuda bruta de Argentina tiene una incidencia sobre el PIB del 41,7 %, muy lejos de la pesada carga que representaba en el trágico 2001 y que derivó en el "default".

Ahora las condiciones macroeconómicas no derivarían por sí en un cese de pagos, y de hecho Argentina ha pagado regularmente sus compromisos financieros tras las reestructuraciones sin sobresaltos, aún con las puertas cerradas de los mercados externos para conseguir fondos frescos.

Sin embargo, la posibilidad de un nuevo cese de pagos es concreta, no porque no disponga de los $1.500 millones que la Justicia estadounidense obliga Argentina a pagar a los denominados "fondos buitres" que compraron bonos en mora en 2008 -siete años después de que dejaran de pagarse esos papeles-, sino porque si paga a sus querellantes se enfrenta a un riesgo mayor.

Es el que representa el resto de ese 7 % de acreedores privados que no se adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 y que, si Argentina paga a los litigantes, podrían con ese precedente legal exigir que también se les paguen sus papeles en mora por un total de $15,000 millones.

Esa cifra es algo más de la mitad de las actuales reservas monetarias de Argentina y constituye ya, por su sola magnitud, una suma impagable para el país.

Pero peor es un escenario en el que el otro 93 % de los acreedores que sí accedieron a refinanciar los bonos en su poder se sienten discriminados en el trato -donde ellos aceptaron fuertes quitas sobre el capital mientras al resto se les paga el 100 % de la deuda original- y acuden a la Justicia para dar marcha atrás con las reestructuraciones y exigir el pago de $120,000 millones. Sería una verdadera catástrofe.

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