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Advierten a procurador no opinar por caso Flores

Sala Constitucional también lo silenció

Advierten a procurador no opinar por caso Flores

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Por tercera ocasión, solo que esta vez fue el juez Primero de Instrucción, Levis Itamir Orellana que advirtió al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, que respete la independencia judicial y que no se inmiscuya en las decisiones judiciales que no trascienden la esfera de los derechos humanos.

Esta fue la respuesta que el juez Orellana dio a Morales, tras solicitarle que explique cuál es el fundamento constitucional y legal que motivó la decisión de abrir expediente contra la parte querellante, como sanción por revelar información restringida del Reporte de Operaciones Sospechosa.

En noviembre, por segunda vez la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que se abstuviera de invadir las competencias de la Sala.

La llamada de atención de la Sala al procurador Morales fue en respuesta a un pronunciamiento de la PDDH, en un proceso de amparo por una supuesta vulneración a derechos constitucionales de un ciudadano.

La Sala declaró "improcedente la demanda por considerar que se trataba de una cuestión de mera legalidad".

Orellana manifestó que la Constitución lo faculta a juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y que son independientes, únicamente sometidos a la Carta Magna y a las leyes.

El juez aclaró que durante la secuencia procesal del expresidente Francisco Flores, el Procurador ha insistido en conocer sus decisiones a fin de ejercer de manera paralela, una revisión y su conveniente interpretación de la norma constitucional.

Esto sucedió cuando se decretó la reserva del caso y al momento decretar el arresto domiciliar de Flores.

En ambas resoluciones, el procurador ha responsabilizado al juez Orellana de violar la normativa de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Agregó que ha sido notoria la intervención apresurada e injustificada de Morales, en aquellas decisiones que no han sido emitidas conforme a su líneas de pensamiento, lo que percibe como un acto de intimidación para que se resuelva de manera diferente.

"Está desconociendo el procurador que es facultad y competencia del juez decidir sobre la aplicación de medidas cautelares en un proceso penal, y si las partes acreditadas se consideran agraviadas por la decisión judicial, tienen los medios impugnativos para intentar revocar dichas decisiones", subrayó el juez.

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