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Obama ve gran oposición a su plan para inmigrantes

Los demócratas intensificaron su rechazo a los cambios jurídicos que agilizarían la deportación de niños inmigrantes centroamericanos, mientras que los republicanos exigen esas condiciones

Inmigrantes a los que se capturó después de que cruzaran sin permiso la frontera hacia Estados Unidos son albergados dentro de la estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen, en Texas.

Inmigrantes a los que se capturó después de que cruzaran sin permiso la frontera hacia Estados Unidos son albergados dentro de la estación de la Patrulla Fronteriza de...

Inmigrantes a los que se capturó después de que cruzaran sin permiso la frontera hacia Estados Unidos son albergados dentro de la estación de la Patrulla Fronteriza de McAllen, en Texas.

La Casa Blanca se está encontrando cada vez más resistencia tanto de la izquierda como de la derecha en su intento de sacar adelante una multimillonaria propuesta de gasto de emergencia para la frontera de Estados Unidos, planteando dudas sobre las posibilidades de que se tome alguna medida en el Congreso para responder a la crisis de decenas de miles de niños que cruzan solos hacia el país por el sur de Texas.

Los demócratas intensificaron el miércoles su rechazo a los cambios jurídicos que agilizarían la repatriación de los menores inmigrantes procedentes de América Central, mientras que los republicanos exigen esas condiciones a cambio de apoyar cualquier aspecto de la petición de 3,700 millones de dólares en gastos presentada por el gobierno.

"Querías que alguien se levantara y dijera, 'Eh, hablemos de la realidad, no hay modo de conseguir este dinero de la cámara de representantes a menos que ajustes la ley''', comentó el miércoles por la tarde el senador Mark Kirk, republicano de Illinois, después de una sesión informativa de la administración Obama en el senado que no pareció cambiar muchas opiniones.

En la sesión informativa, el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, reiteró su apoyo a cambiar la ley de 2008 para tratar a los niños centroamericanos como a los menores mexicanos, que pueden ser devueltos en la frontera sin la vista de inmigración garantizada a los migrantes de América Central.

Sin embargo, no tuvo mucho éxito en convencer a los escépticos republicanos, mientras que los demócratas expresaron su alarma por ese cambio.

Por su parte, varios legisladores hispanos demócratas también expresaron su firme rechazo a cualquier modificación y se reunieron el miércoles con Obama para hacerle patente su posición.

"Fue una buena reunión, pero (...) ¿una declaración definitiva sobre el estatus del cambio de ley? No", dijo el congresista Raúl Grijalva, demócrata de Arizona, tras la reunión.

La Casa Blanca ha dejado la puerta abierta a que el Congreso encuentre una solución, pero está por ver que los legisladores acepten el desafío.

Se esperaba que un grupo de parlamentarios republicanos que quiere enviar a la Guardia Nacional y acelerar las deportaciones de los niños presentara formalmente sus recomendaciones el miércoles, pero no lo hizo. Congresistas y asesores dijeron que aún estaban trabajando en las propuestas, con planes de unirlas a una partida de gastos rebajada. No estaba claro que ese texto tuviera apoyo suficiente en la cámara.

Las deserciones eran seguras en ambos partidos, ya que algunos republicanos son reacios a dar dinero a Obama, y hay demócratas contrarios a cambios de política que aceleren las deportaciones. Y cualquier ley aprobada por el congreso, de mayoría republicana, tendría problemas en un senado bajo control demócrata, mientras se acaba el tiempo para tomar una decisión antes del receso anual del congreso.

Entre tanto, el aspecto político del asunto parecía ganar peso, y una portavoz del senador Ted Cruz, un texano popular entre el tea party, anunció que empleará toda legislación a su alcance para intentar revocar la directiva tomada hace dos años por Obama que permite a quedarse y trabajar en Estados Unidos a ciertos inmigrantes que llegaron al país de forma ilegal cuando eran niños.

Los republicanos afirman que esa política es responsable en parte de la crisis actual, al crear la percepción de que los jóvenes pueden quedarse en el país, a pesar de que los que llegan ahora no estarían cubiertos por esa norma. El gobierno rechaza ese argumento.

Pese a todo, legisladores de ambos partidos expresaron su deseo de actuar, entre signos de que el público pide una solución. Una de cada seis personas considera la inmigración como el problema más urgente al que se enfrenta el país, según un nuevo sondeo de Gallup, un fuerte alza desde el mes pasado, cuando apenas el 5 por ciento lo consideraba su primera preocupación.

En este tiempo, la crisis de los niños sin acompañantes ha acaparado titulares, con más de 57,000 menores llegados de Guatemala, Honduras y El Salvador desde otoño, a menudo huyendo de la brutal violencia de las pandillas.

"Es una situación terrible. Hablas de niños pequeños, sin nadie allí para ayudarles, pero tienen que volver", comentó la senadora republicana de Carolina del Sur Lindsey Graham, partidaria de la estancada iniciativa del congreso por reformar las normas de inmigración del país. "Estoy a favor de la reforma migratoria, pero no hay mercado para esto en América (...) América no va a tolerar esto".

Las dinámicas en torno a este tema parecen cambiar con rapidez.

La semana pasada pareció que podría haber un acuerdo que vinculara los cambios legales para acelerar las deportaciones de los jóvenes a la solicitud de gasto de Obama.

Pero desde entonces, demócratas destacados que en principio parecían abiertos a la idea han cambiado de postura, ante una fuerte presión de los defensores de la inmigración, que afirman que ese proceso acelerado, que ya se utiliza con los menores mexicanos, enviaría a los niños de vuelta a la violencia de pandillas y situaciones peores.

La líder de la bancada del partido en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que había dicho la semana pasada que esos cambios no serían innegociables, modificó su postura el miércoles y anunció su rechazo a alterar la ley en una forma que simplifique el proceso a los menores centroamericanos en las cortes de inmigración.

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