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Familia de salvadoreño demanda a la ciudad de Los Ángeles por $25 millones

El connacional Gerardo Hernández, quien trabajaba como agente de la Administración de Seguridad en el Transporte, fue asesinado a balazos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a fines del año pasado

Familia de salvadoreño demanda a la ciudad de Los Ángeles por $25 millones

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Familia de salvadoreño demanda a la ciudad de Los Ángeles por $25 millones

La viuda e hijos de un agente de la Administración de Seguridad en el Transporte que fue matado a balazos en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a fines del año pasado demandaron a la ciudad y al condado por 25 millones de dólares.

La demanda por responsabilidad, presentada el martes en el Tribunal Superior, argumenta que fallas de seguridad y la demora en la atención médica contribuyeron a la muerte del salvadoreño Gerardo Hernández. No especifica daños y perjuicios, pero una reclamación presentada previamente por la familia ante la ciudad calculaba los daños en más de 25 millones de dólares.

Hernández, de 39 años, recibió una docena de balazos por parte de un hombre que ingresó a una terminal el 1 de noviembre y disparó en un punto de revisión de seguridad. Otros dos trabajadores de la TSA (siglas en inglés de la Administración) y un pasajero resultaron heridos.

Paul Ciancia, un hombre originario de Nueva Jersey que vivía en Sun Valley, se declaró inocente de 11 cargos federales, incluido el de homicidio de un funcionario federal.

Las autoridades dijeron que cuando Ciancia ingresó a la Terminal 3 tenía un fusil semiautomático, cientos de balas y rencor contra la TSA.

La oficina del asesor jurídico de la ciudad no hace comentarios sobre litigios en curso, dijo el vocero Frank Mateljan, en respuesta a una solicitud de The Associated Press. Un mensaje que se dejó a la oficina de abogados del condado no fue devuelto de inmediato.

La demanda asevera que varios factores contribuyeron a la muerte de Hernández, incluida negligencia en la contratación, capacitación y supervisión del personal; negligencia en los procedimientos, la comunicación y la coordinación en el aeropuerto; y la demora de más de media hora antes de que Hernández recibiera atención médica.

Entre otras cosas, la querella argumenta que agentes de varias agencias que manejaban la seguridad del aeropuerto habían dejado su puesto sin informar de ello ni colocar a un sustituto.

Un informe de la AP encontró que dos policías armados del aeropuerto habían tomado un descanso y no estaban dentro de la terminal cuando comenzó la balacera. Uno había ido al baño en la siguiente terminal y el otro había salido a almorzar.

Los agentes no informaron a controladores, como lo exige la política del departamento. La terminal quedó sin ningún agente armado durante casi tres minutos y medio mientras el hombre con el fusil avanzaba.

Un informe de 83 páginas comisionado por la ciudad que fue publicado en marzo llegó a la conclusión de que la respuesta de emergencia fue entorpecida por problemas de comunicación y coordinación.

La demanda fue presentada en representación de la viuda de Hernández, Ana Machuca, y de los dos hijos de ambos, Luis y Stephanie Hernández. Acusa a Los Angeles World Airports, que opera el aeropuerto, a la ciudad de Los Ángeles y sus departamentos de policía y bomberos, así como al condado Los Angeles.

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