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Avanza plan para traslado de sede consular de El Salvador en Washington

El cónsul general en la capital estadounidense estima que al cambiar las oficinas hacia una zona periférica se conseguiría un alquiler más barato que donde está desde el año 2007.

Avanza plan para traslado de sede consular de El Salvador en Washington

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La sede del consulado general de El Salvador en Washington se estaría moviendo hacia otra zona de la capital nacional de Estados Unidos para reubicarla en un barrio donde se pueda pagar menos en alquiler que lo que cuesta la renta de donde funciona esa oficina en la actualidad.

El cónsul general de El Salvador en Washington, Dagoberto Torres, se ha propuesto la tarea de encontrar un nuevo local y adelantó que ya ha visto algunos establecimientos que ofrecerían la ventaja inicial de ser más baratos, aunque los usuarios podrían tener que pagar en estacionamiento privados, mientras realizan los tramites.

En una evaluación de su gestión el cónsul dijo a un grupo de salvadoreños, que al llegar al cargo en 2013, se encontró con un contrato de $29 mil dólares mensuales que se paga por el local ubicado en la Avenida Wisconsin, cerca de la Catedral Nacional.

Ese contrato que fue firmado durante la gestión presidencial de Antonio Saca, y cuando fungió como cónsul general de Washington, Margarita Chávez, se acordó para 10 años; el actual titular cree que hay motivos para la movilización y hasta bajar la penalidad que caería al gobierno por abandonar el inmueble antes de lo acordado. Con calculadora en mano Torres estima que en tres años se podría ahorrar hasta $1 millón de dólares al estado.

"Quisiéramos hacerlo a la menor brevedad posible, pero hay cuestiones legales y burocráticas que nos frenan, en primer lugar la idea es negociar con el propietario la posibilidad de salir de este consulado sin la penalidad que de acuerdo al contrato mal suscrito por cierto, nos impone una situación desventajosa, es decir una penalización de esas podría andar en miles de dólares, pero ya hicimos las proyecciones de cuánto le ahorraríamos al estado salvadoreño", comentó el titular al proponer la medida.

Según el funcionario, ese inmueble que se consideró idóneo cuando se hizo el traslado hace siete años, porque tiene entrada por dos calles, desde la avenida principal y por la zona de estacionamientos donde hay plazas asignadas para empleados y usuarios; no llena las expectativas en la actualidad al existir una serie de violaciones a los términos del contrato.

Una de las fallas es que hace algunos años el sótano del inmueble se inundo a causa de daños en una tubería y desde entonces ese espacio que se proyecto para ser habilitado, y que en un principio funcionó como clínica de salud preventiva, hoy esta deshabitado, entre otros aspectos que el funcionario considera negativos.

Algunos salvadoreños afines al oficialismo que acudieron a ese encuentro en la sede consular hace algunas semanas calificaron de lesivo para el estado el contrato por el precio a pagar y porque las oficinas están ubicadas en una zona donde no hay estación de metro y los usuarios deben abordar autobuses para llegar al barrio de Georgetown, cuando no tienen transporte propio.

Cuestión de números y de otras cosas

Si bien los argumentos del actual titular de la oficina consular en la capital estadounidense es que la renta del inmueble representa un monto demasiado alto para el estado salvadoreño, lo cierto es que ese despacho consular es altamente rentable si se compara los gastos operativos con los recursos que percibe como pagos por los servicios prestados a los salvadoreños.

En promedio esta oficina consultar emite unos 100 pasaportes al día, por el que cada solicitante cancela $60 dólares con lo que a diario se remesa a las arcas del estado unos $6 mil dólares; así en los 20 días laborales del mes, esa oficina estaría generando unos $120 mil dólares, con lo que estarían más que solventes los gastos operativos.

Esto sin contar otros servicios que se prestan por lo que hay cargos.

Las historias y anécdotas contadas sobre las aventuras y desventuras en los sitios que ha ocupado la oficina consular en la capital estadounidense, cuando empezó a crecer la población salvadoreña en el Área Metropolitana de Washington desde la década de 1990 y que ha disparado la demanda de servicios, todavía son recordadas hasta la actualidad y salpicadas de humor.

Empleados consulares que vivieron esas experiencias y recuerdan edificios en la zona del centro de la capital, donde la administración de inmueble, luego de los primeros meses de traslado, prohibieron que se congregaran todos los usuarios dentro de las estrechas oficinas, así que hasta en época de invierno un empleado bajaba y subía escoltados a los usuarios en pequeños grupos. Para entonces todavía no existía el consulado de Woodbridge en Virginia con el que se desconcentró Washington.

Sin embargo, las quejas saltaban al vecindario, como cuando estuvo la oficina consular cerca del Dupont Circle, antes de moverse a la ubicación actual, en esa casa de tres pisos no había capacidad para mantener a las decenas de usuarios dentro, por lo que buena parte preferían esperar afuera mientras eran llamados para completar el trámite.

Son incontables las veces que la Policía de Washington DC acudía por las quejas de vecinos que se mostraban molestos al ver a los usuarios del consulado sentados en las escaleras de sus casas, o en peores situaciones cuando encontraban desperdicios en sus jardineras.

De ahí la urgencia de la anterior cónsul Chávez de encontrar un local con estacionamiento y donde los usuarios podrían esperar sentados en una sala de espera, y que a la vez la oficina fuera multifacética para utilizarla para reuniones de la comunidad cuando fuera necesario, como la realizada por el actual cónsul para presentar su informe de labores.

El cónsul Dagoberto Torres asegura que continua en la búsqueda de un inmueble dentro de la capital estadounidense que reúna condiciones optimas para el trabajo y atención a los usuarios, a un precio menor de alquiler que el que se paga en la actualidad. Y adelanta que tiene en la mira un par de inmuebles donde los salvadoreños tendrían opción de guardar sus vehículos en estacionamiento público, aunque con un pago adicional mientras realizan sus trámites.

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