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Vence plazo fatal del Consorcio que amplía el Canal de Panamá

Exigen $1,600 millones por sobre costos

El Canal representa una fuente de ingresos por el orden de los $12,000 millones por año para Panamá. Foto edh /archivo

El Canal representa una fuente de ingresos por el orden de los $12,000 millones por año para Panamá. Foto edh /archivo

El Canal representa una fuente de ingresos por el orden de los $12,000 millones por año para Panamá. Foto edh /archivo

Mientras el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) encabezado por la española Sacyr reiteró ayer que abandonará las obras de ampliación si la administración de la vía no cumple las peticiones financieras, que ya han sido desestimadas, las autoridades aseguran que la ampliación de la vía será terminada "lo más pronto posible".

A pocas horas para que se venza el plazo, el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, afirmó que se mantienen las conversaciones con el consorcio encargado de la ampliación de la vía pese a la amenaza de paralización a partir de este lunes por parte del contratista.

"Las negociaciones todavía se mantienen abiertas", declaró Quijano a los periodistas, durante una visita a la explanada donde se batió un récord Guinness de más personas pintando al mismo tiempo un lienzo -mural-, alegórico al primer centenario del Canal que se cumplirá el próximo agosto.

El administrador reiteró que el "compromiso" de la ACP "es con Panamá" y la Autoridad del Canal va a terminar la obra de cualquier modo.

Quijano dijo que recién recibió una carta firmada por Bernando González, director del consorcio, en la que reafirman la vigencia del ultimátum. GUPC dio el preaviso de suspender los trabajos de ampliación el 30 de diciembre, con un plazo de 21 días para que el Canal resolviera sus peticiones financieras, lo que implicaba atender los supuestos costos adicionales generados por la ejecución del proyecto, que elevaría en 50% el valor del contrato adjudicado.

A juicio de la ACP, la aplicación de la subcláusula 16.1 del contrato –citada por el consorcio para suspender los trabajos– está equivocada, porque solo aplica si la entidad hubiera incurrido en un impago de las cuentas al contratista, lo que no ha sucedido.

GUPC alega tener sobrecostos por $1,600 millones, pero la ACP ha reiterado que no puede asumir el pago de este dinero mientras el consorcio no presente los reclamos en los canales formales.

La ACP ha reiterado que las obras de ampliación se concluirán con o sin el consorcio, y que no se dejarán chantajear. —AGENCIAS

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