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Sector textil considera nueva ley como "punto de partida"

La ley exime a las empresas en zonas francas a no pagar impuestos sino hasta dentro de 12 años

La industria textil genera aproximadamente 81,600 empleos directos y otros 160 mil indirectos. foto edh / aRCHIVO

La industria textil genera aproximadamente 81,600 empleos directos y otros 160 mil indirectos. foto edh / aRCHIVO

La industria textil genera aproximadamente 81,600 empleos directos y otros 160 mil indirectos. foto edh / aRCHIVO

Después de dos años de intensa discusión, la industria textil por fin tiene en sus manos una ley que les aclara las condiciones gubernamentales para invertir en el país.

Están satisfechos, pero también reconocen que la ley no lo es todo y que, de ahora en adelante, el Gobierno está obligado a mejorar la infraestructura vial, a agilizar los trámites de importación y exportación y mejorar la seguridad, entre otras cosas, que sumarían a la competitividad de las empresas.

José Escobar, presidente de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador (Camtex), afirmó que esta ley es solo el punto de partida para todo el trabajo de atracción de inversión y mejora del clima de negocios que necesita el sector.

"Con una ley como esta, El Salvador será atractivo, pero es solo una herramienta, no la solución", dijo el empresario, quien se mostró optimista.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, señaló que "solo la ley no atraerá inversión por sí sola".

Y en algo se ha avanzado. Según las reformas a la ley, aprobadas por unanimidad en la Asamblea Legislativa, se creará un comité consultivo de zonas francas que estará integrado por un representante del sector laboral, otro del sector empleador y otro del Gobierno.

La misión de este comité será recomendar al Ministerio de Economía medidas y acciones necesarias o convenientes para fortalecer las zonas francas y los depósitos de perfeccionamiento de activos (DPA).

Hay temas como la agilidad en las aduanas, la energía eléctrica y la infraestructura vial que tanto Camtex como ASI han insistido al Gobierno que mejoren para que la industria sea más competitiva.

"Un camión en Honduras tarda dos horas en llegar a Puerto Cortés, pero uno salvadoreño tarda un día. Eso nos resta competitividad".

También está en el tapete la preocupación del sector textil de que Estados Unidos pueda beneficiar a Vietnam y otros 18 países del Asia Pacífico con un acuerdo comercial que dejaría en desventaja el tratado comercial que tiene con El Salvador.

Camtex ha solicitado al gobierno salvadoreño que le ayude a detener este acuerdo porque de lo contrario perdería más de 30 mil empleos.

Otro de los puntos que el gobierno deberá priorizar, a partir de esta ley, será la búsqueda de nuevas empresas que quieran invertir en el país.

Escobar dijo que la tarea será convencer a las empresas extranjeras de que el país es uno de los mejores para establecer sus compañías.

Arriaza dijo que Proesa ya está haciendo gestiones para atraer a compañías textileras.

"Hoy hay una ley que da claridad a las empresas extranjeras", destacó Arriaza.

Escobar agregó que en el país ya hay dos empresas (Pettenati y CS Central América) que ya están dispuestas a invertir entre 11 y 14 millones para mejorar sus compañías establecidas en el país.

El reto será atraer a otras empresas que nunca han invertido en el país.

La nueva ley de zonas francas prioriza los beneficios de acuerdo con la inversión y generación de empleos y sustituye a otra que otorgaba beneficios por la cantidad de productos exportados.

En su articulado queda establecido que estarán exentos de impuestos durante 12 años. Después de ese tiempo tendrán que pagar impuestos como el resto de empresas.

Según Arriaza, si esta ley no se hubiera aprobado, el sector hubiera quedado en desventaja frente a la industria textil de Centroamérica.

Escobar sostuvo que con esta se garantizará la estabilidad de 81,600 empleos del sector textil y otros 160 mil que se generan indirectamente.

La ley, aprobada por mayoría el jueves en la Asamblea Legislativa, fue discutida entre el Gobierno y el sector privado por más de dos años.

El proyecto fue modificado en las últimas semanas, a espaldas de los textileros, pero reuniones de último minuto entre empresarios y funcionarios permitieron que la ley fuera aprobada por consenso.

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