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Rousseff afirma que Uber "le quita el empleo a muchas personas"

La presidenta brasileña explicó que se debe reglamentar el uso de la aplicación de transporte Uber en los países de la región.

Millares de taxistas de las principales ciudades latinoamericanas protestaron contra la aplicación Uber que brinda servicio de transporte.

Millares de taxistas de las principales ciudades latinoamericanas protestaron contra la aplicación Uber que brinda servicio de transporte. | Foto por EFE

Millares de taxistas de las principales ciudades latinoamericanas protestaron contra la aplicación Uber que brinda servicio de transporte.

BRASILIA. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó ayer que la empresa de transporte privado Uber "le quita el empleo a muchas personas" y sostuvo que cada ciudad y cada región del país debe reglamentar su uso.

La mandataria se refirió a la polémica aplicación durante una rueda de prensa en la que explicó algunas medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la gestión y reducir los gastos, en momentos en que el país atraviesa por una delicada turbulencia económica.

Señaló entonces que los funcionarios han comenzado a utilizar una aplicación de internet que permite un uso más efectivo y controlado de los automóviles oficiales, lo cual también redunda en un ahorro de dinero público.

"Pero no es igual a Uber", aclaró la mandataria en referencia a la empresa de transporte privado con sede en Estados Unidos, que se ha expandido por el mundo y generado constantes protestas de los taxistas en decenas de países, incluido el propio Brasil.

"Creo que Uber es complejo, porque le quita el empleo a muchas personas. No es una cosa tranquila", indico la jefa de Estado.

En opinión de Rousseff, el modelo de negocios de Uber debería ser reglamentado por cada ciudad o cada uno de los estados del país, aunque insistió en que "eso le quita el empleo a los taxistas".

Desde su aparición en Brasil, Uber ha enfrentado numerosas protestas y demandas ante los tribunales, que hasta ahora no han llegado a una decisión unánime sobre si el servicio se ajusta a las leyes que rigen en el país.

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