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Puerto La Unión continúa con azolve y sin operar

Hay montículos que han reducido a siete metros la profundidad del canal de acceso

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El Puerto de La Unión, una obra de importancia logística para el país y la región, continúa sin operar, con problemas en el canal de acceso y un grado de azolvamiento significativo, lo cual tendrá un costo estimado de $25 millones para encontrar una solución.

Esto, junto con el tamaño de la embarcación que viajó desde Puerto Manzanillo, Panamá, obligó hace varias semanas que la flota de buses del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) desembarcara en la base naval de La Unión, algo que evidencia como el país desaprovecha esta puerta de atracción de inversiones, en contraste con otros países del Istmo.

El asesor de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), Carlos Paredes, indicó que las mejores condiciones se presentan en los 17 kilómetros de canal externo, donde el canal tiene una profundidad promedio de 10 metros. Sin embargo, en el canal interno, es decir, cinco kilómetros antes de llegar al puerto, "hay áreas de mayor azolve" por la sedimentación y otros factores, incluyendo mareas.

"Bajo estas circunstancias, el problema es con los barcos de gran calado porque, entre el casco y los montículos, hay una distancia estimada de siete y ocho metros. Es algo que estamos considerando antes de la licitación de la concesión", indicó.

A la fecha, Cepa ya tiene realizado los ejercicios y la batimetría por parte de las firmas Echo y Toponort. Sin embargo, los resultados de estos aún no se han presentado, aunque la autónoma sostiene que más allá de dicho análisis, el Estado se hará cargo de este trabajo a un plazo de 30 años por lo que Cepa buscará una empresa de servicios de dragado o arrendará (leasing) una maquinaria especializada (draga) para ejecutar estas tareas, aunque se desconoce si los fondos del financiamiento se obtendrán vía titularización o préstamo con la banca multilateral.

Lo que frena este proceso es que aún no ha terminado la redacción del contrato de concesión, el cual debe enviarse junto con las bases de licitación a la Autoridad Marítima Portuaria (AMP) después de su aprobación por parte de la junta directiva de Cepa, algo que puede alargar más los tiempos pero que obedece al marco legal que regula este procedimiento.

"Dragaremos según lo que requiera la empresa que gane la concesión. Podemos empezar con 10 metros y luego llegar a 15 para cumplir lo que estipula la reforma de la Ley (de Concesión del Puerto)", señaló el ejecutivo.

En otros momentos del proceso de concesión el presidente de Cepa, Alberto Arene, ha reconocido que el tema del canal es prioritario. Pese a ello, la institución buscó, hace varios meses, dragar con un rastrillo artesanal que se trasladó desde el Puerto de Acajutla, sin que esto brindara resultados para mantener con menos sedimentos el acceso.

Proceso con poco avance

Después de un proceso de precalificación que concluyó hace más de dos meses, Cepa solo ha logrado el acercamiento "directo" con las firmas Bolloré Ports Logistics, de Francia, e International Container Terminal Services, de Filipinas. Incluso, hay una firma estadounidense que "ya trasladó las muestras de interés" a la institución, por lo que podría participar en el proceso, amparándose en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el país norteamericano y realizando una precalificación dentro de la licitación.

Al respecto, Paredes no entró en detalles y se limitó a indicar que este Gobierno dejará "negociada y concesionada" la obra, la cual es importante a juicio de los exportadores e importadores porque permite diversificar mercados y lograr integrar una cadena logística, dada la lógica "regional" con la que fue concebido el puerto hace más de diez años. El también gerente de Concesiones confirmó que estudian una tercera vía para dragar, la cual sería con el apoyo de un inversor o un socio bajo una especie de Asocio Público-Privado.

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