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Proponen ampliar inversión pública del 1 % al 3 % del PIB, en Ley APP

Proyectos que el Gobierno evalúa ejecutar casi llegan al 1 % del PIB

La ampliación del Aeropuerto Internacional El Salvador es uno de los proyectos que podría ejecutarse por vía APP. foto edh

La ampliación del Aeropuerto Internacional El Salvador es uno de los proyectos que podría ejecutarse por vía APP. foto edh

La ampliación del Aeropuerto Internacional El Salvador es uno de los proyectos que podría ejecutarse por vía APP. foto edh

Representantes de la Iniciativa para la Competitividad informaron ayer, que después de hacer un análisis de la Ley Especial de Asocios Público Privados, APP, y de encontrar que existen varias debilidades que no le permiten ser competitiva ni efectiva, propondrán a la Asamblea Legislativa resolver de forma diligente las reformas para su mejor funcionamiento.

Una de las reformas que destacó el coordinador de la mesa de infraestructura, transporte y logística de la Iniciativa para la Competitividad, Rafael Ruiz, es que se amplíe el límite de compromisos presupuestarios del Estado del 1 % al 3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La Ley de APP vigente, establece un techo fiscal permitido o un monto total de compromisos que el Estado podría destinar en proyectos APP de 1 % del PIB, que asciende a un valor aproximado de $240 millones.

Actualmente el Órgano Ejecutivo está evaluando dos proyectos que tienen potencial prometedor de ejecutarse vía APP: la ampliación del Aeropuerto Internacional El Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, y el parque Eólico de Metapán; de los cuales, el primero significaría una inversión de $150 millones y, el segundo, de $37 millones, lo que sumaría $187 millones aproximadamente, es decir, el 80 % del techo fiscal permitido.

Según lo cita textualmente un documento presentado por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, donde se presenta un análisis de la APP, "un techo fiscal bajo, es una limitante que cierra oportunidades para el desarrollo de futuros proyectos estratégicos".

En este sentido, Rafael Ruiz, refirió que la Iniciativa para la Competitividad pedirá a la Asamblea Legislativa, una revisión de este punto de la ley, para ampliarlo al menos a un 3 % del PIB. "El 1 % no nos alcanza para llegar a los niveles de robustez que nosotros necesitamos", mencionó Carlos Orellana, representante de la mesa de acceso a mercados e inversiones que también forma parte de la Iniciativa.

En un documento emitido por la Iniciativa para la Competitividad, se señalan al menos seis reformas puntuales que se le deben realizar a la Ley Especial de Asocios Público Privados que entró en vigencia el 17 de junio de 2013.

Entre estas se menciona: la revisión de exclusiones, reglas claras para la aprobación legislativa, modificación de la institucionalidad, aclaración en el arbitraje y mayores niveles de transparencia y el fortalecimiento de la Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Proesa.

Destacan importancia de aprobación de Ley de Proesa

Para los representantes de la Iniciativa para la Competitividad, Proesa debería ser la entidad encargada de darle funcionalidad a la APP, y además, son enfáticos en indicar, que esta debe tener un consejo directivo que incluya al sector empresarial.

La administración de la actual Ley APP, está a cargo de la Dirección de Asocios Público Privados, DAPP, adscrita al Ministerio de Economía. "Nosotros como Iniciativa para la Competitividad creemos que eso no es lo más conveniente, en primer lugar, en términos de eficiencia administrativa del estado, el crear una institución nueva que implica mas recursos, mucha más tiempo para ponerla a funcionar, creemos que la administración de la ley debería estar en manos de una institución que ya esta operando como es Proesa", mencionó Carlos Orellana.

De acuerdo con el representante de la mesa, esta institución cuenta con mayor experiencia y conocimiento en el sector público en temas de asocios público privados.

Adicionalmente a peticionar que esta sea la institución encargada, sugieren que el consejo directivo este conformado por diversos sectores.

Entre estos: un presidente, designado por el Presidente de la República, tres representantes de los ministerios de Economía, Hacienda y Obras Públicas, dos representantes del sector empresarial y además un académico. La incorporación del sector privado en Proesa, resultaría clave para mejorar prácticas y experiencias internacionales en temas de asocio, detallaron.

La Iniciativa para la Competitividad plantea también que debe dársele mayor estabilidad y legitimidad a Proesa, y buscar el accionar compartido con un aliado estratégico como el sector privado.

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