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Petrocaribe engrosó negocios de cúpula FSLN

La cooperación petrolera venezolana con los nicaragüenses se elevó a $3,439.2 millones en los últimos seis años, consolidando los negocios de Ortega

Las gasolineras Petronic pertenecen a la red que es abastecida por el combustible venezolano. foto edh / ivan olivares

Las gasolineras Petronic pertenecen a la red que es abastecida por el combustible venezolano. foto edh / ivan olivares

Las gasolineras Petronic pertenecen a la red que es abastecida por el combustible venezolano. foto edh / ivan olivares

Al inicio de la administración Ortega, Nicaragua era el segundo país más pobre de Latinoamérica. Seis años y casi $3,500 millones de 'petrodólares' después, la nación más grande de Centroamérica, sigue ocupando el mismo lugar. Si no ha caído al último, es porque es difícil desbancar de esa posición a la sufrida y subdesarrollada Haití.

En el proceso, los negocios del Grupo Alba, controlados por la familia presidencial, y financiados con los recursos de la cooperación venezolana a través de los acuerdos con PetroCaribe, crecen año con año: medios de comunicación, el monopolio de la importación y distribución de combustibles, generación de energía eléctrica, hoteles, ricas haciendas ganaderas, talleres para reparación de la flota de buses y de los taxis Lada que funcionan en Managua, negocios madereros, de construcción, de exportación y de alimentos, entre otros.

El once de enero de 2007, en uno de sus primeros actos como Presidente de la República, Daniel Ortega hizo oficial la adhesión de Nicaragua a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, (Alba), y su brazo petrolero-financiero, PetroCaribe, prometiendo grandes beneficios para la población, que sigue esperándolos.

Más de siete años después, Ortega, su familia y sus más cercanos se han enriquecido de forma desmesurada, mientras los ciudadanos del país más pobre de Centroamérica, compran el combustible más caro de la región: $1.16 por un litro de diésel, $1.28 por uno de gasolina regular, y $1.33 por otro de gasolina de superior calidad.

El acuerdo petrolero mantiene unas magníficas condiciones (el 50 % se paga a 90 días, mientras que el resto se pagará a 23 años plazo más dos años de gracia, a una tasa de interés del 2 % anual).

Así las cosas Nicaragua consumió 11.1 millones de barriles el año pasado, a un costo total de $1,182.9 millones ($106.2 por barril), eso significa que solo en 2013, la administración Ortega recibió $591.45 millones 'para programas sociales'.

La cifra para 2013 se elevó a los $654.2 millones si se incluyen préstamos, donaciones, e Inversión Extranjera Directa de la misma fuente, pero el gran total del periodo 2008 – 2013 es, cuando menos, escalofriante: $3,439.2 millones o casi $1.6 millones diarios. La gran pregunta es: ¿qué hizo Ortega con tanto dinero?

Dado que el Frente Sandinista quería decidir en solitario qué hacer con tanto dinero, la estrategia fue simple: se decidió que manejarían la 'ayuda' venezolana por medio de una cooperativa financiera que ellos controlan, para evitar la vigilancia de la Asamblea Nacional (congreso), que todavía era un poder independiente en el periodo 2007–2011.

La oposición rechazó este esquema de "privatización de la cooperación venezolana", pero sus protestas cayeron pronto en el olvido.

Se acabó la fiesta

Según el Informe de Cooperación Externa 2013 del Banco Central de Nicaragua, (BCN), casi la cuarta parte de los recursos recibidos de Venezuela –que el Banco denomina "préstamos de PDVSA", o sea, la empresa petrolera estatal de ese país– se usó para financiar un proyecto de "soberanía energética", en donde destaca la ampliación de la capacidad generadora de Alba-Generación, que es una de las empresas privadas que maneja el Grupo Alba, controlado por la familia presidencial.

Otros rubros aparecen sólo definidos como financiamiento "a la industria... al desarrollo del comercio justo... inversión financiera... al desarrollo empresarial... y a la producción agropecuaria y forestal". También se mencionan proyectos de infraestructura habitacional, (algunas casas son disponibles solo para los militantes del partido); subsidio al transporte colectivo (en Managua), y aportes para un plan de "soberanía y seguridad alimentaria y nutricional", entre otros.

Uno de los proyectos sociales a los que el oficialismo dedicó más promoción durante las comparecencias del mandatario o su consorte, Rosario Murillo, a través de las emisoras de radio y los canales de televisión, ahora propiedad de la 'primera familia' fue el "bono solidario", que regala unos $30 al mes a los trabajadores del Estado, y un poco más a los jubilados que no llegaban a completar las cotizaciones necesarias para recibir una pensión de la seguridad social.

A partir de 2014, el "Bono Cristiano, Socialista y Solidario", como se le llama en la jerga grandilocuente del orteguismo, hubo que desviar unos $211.5 millones del Presupuesto General de la República para seguir financiando el subsidio a los empleados estatales, que se dejó de pagar con los recursos venezolanos.

Peor destino tuvieron los programas "Hambre Cero" (que entregaba una vaca, diez gallinas, alambre de púas y alimentos para animales) destinados a familias campesinas pobres, y "Usura Cero",(con el que se otorgaba créditos blandos, a mujeres de escasos recursos), los que apenas sí se mantienen en pie, pero que ahora son financiados con los impuestos de los ciudadanos, porque los recursos venezolanos tienen otro destino.

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