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Pacific Rim, en quiebra pero exige $301 Mlls.

Pacific Rim se declara en quiebra y su valor accionario en el mercado es de $12.5 millones, precio en que la comprará Oceana Gold

Pacific Rim, en quiebra pero exige $301 Mlls.

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Pacific Rim, en quiebra pero exige $301 Mlls.

Las acciones de la compañía minera Pacific Rim Corp., que tiene en juego una demanda de $301 millones contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI -ente adscrito al Banco Mundial-, se han desplomado al punto de la quiebra, por lo que el consorcio Oceana Gold Corporation la adquirirá por 12.5 millones, según un valúo final de acciones.

El consorcio, que opera minas en Nueva Zelanda y Filipinas, firmaría la transacción a finales de noviembre y le apuesta a conseguir un veredicto a su favor y recabar del erario salvadoreño $301 millones que aduce Pacific Rim dejó de percibir por no concedérsele el permiso de explotación de la mina El Dorado en Cabañas.

"Esta transacción se completará de acuerdo al plan estatutario y en adicción a cambio normativo aplicable con la aprobación del tribunal, pues se requiere la aprobación de los accionistas de Pacific Rim como se describe con más detalle en la "circular de información", explica la demandante en un documento para convocar a la junta de accionistas para el 21 de noviembre y acordar la venta y liquidación de la compañía, luego de cumplir una rigurosa aritmética para tener el aval.

La empresa canadiense trasladó una filial a EE. UU. para ampararse al Tratado de Libre Comercio entre EE. UU., Centroamérica y República Dominicana (CAFTA, siglas en inglés), para entablar la demanda contra el Estado salvadoreño.

La querella se mantiene viva luego que el tribunal instalado en el centro de arreglos en Washington, le diera la razón a una parte de la demanda, lo relativo a la Ley de Inversiones, no así a la jurisdicción bajo el CAFTA, por lo que ordenó pasar a la etapa de fondo del caso, que entrará a una primera ronda de escritos que enviarán las partes en las próximas semanas y concluirá con las jornadas de audiencias donde el Estado salvadoreño y la demandante se enfrentarán en septiembre de 2014 ante el tribunal que dará el veredicto final.

Pacific Rim, ya en manos de Oceana Gold Corporation tendría que demostrar con pruebas y testigos los argumentos de su querella y las proyecciones de sus ganancias que esperaba con el oro que extraería del subsuelo salvadoreño, del que nunca tuvo permiso de explotar por no cumplir los requisitos de la actual legislación del país referente a extracción de metales preciosos.

El abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, especializado en arbitrajes internacionales, y que tiene la defensa del país en este caso junto a otros cuatro especialistas, explicó que a pesar de esta transacción y del estado de quiebra en que estaría la compañía minera, todo indica que el nuevo consorcio mantendrá en pie la demanda, pero que difícilmente podrán ganar el caso porque los argumentos son débiles al no estar sostenidos sobre la ley actual de minería del país, sino que están pretendiendo que se aplique una legislación de principios del Siglo XX, que no corresponde al marco jurídico vigente.

"Fue a finales de marzo del año pasado que presentó Pacific Rim su documento final de la demanda donde cuantificó sus perdidas que alega en $301 millones, que lo han mencionado como un hecho relevante en esta negociación de compraventa, pero el valúo de Pacific Rim en este momento es de 12.5 millones", explicó Parada.

Para completar la transacción la empresa, que alega que el ministerio de Economía a través de la Dirección de Hidrocarburos y el ministerio del Medio Ambiente, le negaron a mediados de la década pasada, el permiso para explotar la mina, pues antes de presentar los permisos ambientales que no le fueron aprobados por no cumplir todos los requisitos, se le había dado un permiso de exploración para estudiar la presencia de yacimientos de oro.

Bajo ese argumento es que la compañía se ha atrincherado en su defensa, pues según el defensor salvadoreño, ese permiso inicial de exploración, no significaba una concesión para explotar el recurso. Pues al avanzar a la siguiente fase no pudo demostrar la tenencia de toda la tierra del área de la mina, que pertenece a cientos de propietarios en Cabañas, un requisito indispensable en la ley vigente del país para la extracción.

Tampoco pudo la compañía-según él- demostrar en sus solicitudes de permiso ambiental ante el Medio Ambiente y Recursos Naturales que su actividad de extracción de oro no generaría contaminación de recursos hídricos en la zona de influencia del yacimiento de oro.

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