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Pacific Rim demanda al Estado por $315 millones

La compañía demanda al Estado por negarles permisos de explotación minera

Pacific Rim demanda al Estado por $315 millones

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PacRim Cayman LLC, la filial estadounidense de la empresa minera Pacif Rim, demandó al Estado salvadoreño por $315 millones ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según un comunicado oficial de la compañía.

La empresa minera reclama al Estado salvadoreño el pago por los gastos de inversión en los que incurrió para la exploración de la mina de oro, que inició en 2005, además de pérdidas ocasionadas más intereses.

La nueva cifra fue determinada con base en un valúo realizado en marzo de este año, según especifica el comunicado oficial de la empresa.

La primera demanda interpuesta en 2009 fue de $77 millones, pero fue desestimada por el tribunal.

El CIADI deberá determinar si El Salvador violó la Ley de Inversiones al negarse a expedir las licencias mineras necesarias para el proyecto.

También determinará la responsabilidad monetaria de El Salvador por el incumplimiento de cualquiera de las leyes de protección de inversiones para los extranjeros.

La compañía dijo que el diseño de la mina El Dorado fue presentado a las autoridades salvadoreñas hace ocho años y "excede los actuales estándares (ambientales) de Canadá y Estados Unidos".

"Si El Salvador siguiese sus propias leyes, la mina El Dorado estaría en funcionamiento en la actualidad, empleara a miles de salvadoreños en una de las regiones más pobres del país", dijo la compañía, agregando que el proyecto le permitiría ser el más grande pagador de impuestos del país.

País ha tenido ventaja

Pese a que hasta ahora el CIADI solo ha dado fallos parciales, el Estado salvadoreño ha ganado varias batallas.

En junio del año pasado el CIADI determinó que el litigio se resolvería con base a la Ley de Inversiones y no el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) que la compañía minera presentaba como argumento para lograr su cometido ante el tribunal.

En mayo de 2009 el entonces presidente de la República, Elías Antonio Saca, aseguró que el hecho de que el Estado les permitiera explorar la mina no lo comprometía a otorgarles los permisos de exploración. En contraste el presidente y consejero delegado de la compañía, Tom Shrake, afirmó ayer en el comunicado: "tenemos mucha confianza en los méritos de nuestro caso y nuestra capacidad de recibir el valor justo de los activos expropiados".

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