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Pacific RIM arrecia querella para ganar laudo

La compañía minera cambió de propietario y ahora impulsa con más fuerza la demanda contra El Salvador

La demanda inicial contra el Estado salvadoreño era por $77 millones, porque no se le permitía extraer oro, luego Pacific Rim la incrementó a $301 millones. Foto EDH / Archivo

La demanda inicial contra el Estado salvadoreño era por $77 millones, porque no se le permitía extraer oro, luego Pacific Rim la incrementó a $301 millones. Foto EDH...

La demanda inicial contra el Estado salvadoreño era por $77 millones, porque no se le permitía extraer oro, luego Pacific Rim la incrementó a $301 millones. Foto EDH / Archivo

La compañía minera Pacific Rim, ahora parte de la transnacional Oceana Gold, ha reforzado su estrategia en la demanda contra El Salvador ante el Centro Internacional de Disputas Relativas a Inversiones (CIADI); ente adscrito al Banco Mundial en Washington.

Para la última ronda de escritos previos a la audiencia de la etapa de fondo, programada para el 15 de septiembre próximo, la que podría durar hasta dos semanas, el equipo de abogados del bufete Crowell & Morring ha reforzado su estrategia basada en supuestos derechos ganados para la concesión de la mina El Dorado, en Cabañas, por haber existido unos permisos de exploración previos validados en la legislación vigente.

En la querella ante el organismo multilateral, los abogados Timothy McCrum, George Ruttinger, Ian Laird, Kassi Tallent y Ashley Riveira instan a los tres árbitros que forman el tribunal: V.V. Vender, británico que funge como presidente; Brigitte Stern, de Francia, y Guido Santiago Tawil, de Argentina, para revisar a profundidad los preceptos legales de la Ley de Inversiones, con la que está amparada su demanda, y los alcances del proceso iniciado para la concesión, que empezó con el derecho a exploración.

"La misma concesión de una licencia de exploración crea un nuevo derecho de presentación de su titular, que no se poseía anteriormente, y que consiste en el uso exclusivo del subsuelo para la exploración de sustancias minerales.

Este derecho es real en la naturaleza, ya que supone una relación directa de sujeto-cosa, cuyo respeto es exigible a cualquier persona, y pertenece a la categoría de los derechos administrativos reales debido a la naturaleza pública especial de la propiedad a la que se aplica", expone la firma demandante en un denso documento de 241 páginas en el que metodológicamente jerarquizan sus reclamos.

El abogado Luis Parada, miembro del bufete Foley Hoag, que tiene a su cargo la defensa del Estado salvadoreño en esta disputa por la minería, confirmó que la demandante ha inyectado mucho vigor al caso, luego que Pacific Rim entró en bancarrota a finales del año pasado, y fue vendida por $12 millones de dólares a la multimillonaria Oceana Gold, de origen coreano - australiano.

El abogado comentó que en esta, Pacific Rim presentó el reciente 11 de abril una réplica de sus reclamos, para la que el equipo defensor de El Salvador está preparando un nuevo documento que enviará al tribunal del CIADI en julio próximo.

Consta en los nuevos escritos que la empresa demandante ha invertido muchos más recursos ampliando su lista de testigos y peritos para la audiencia de septiembre.

Con este giro, comenta el abogado Luis Parada, Pacific Rim busca rehacer el caso a última hora ante el CIADI, y especula que con la compra de la empresa minera por parte de Oceana Gold se pudo generar una alta expectativa para la ahora propietaria de que la concesión para extraer metales preciosos de El Salvador era parte de la compra.

"Han querido recomponer su caso a última hora, pero en realidad el caso es el mismo. Ellos con mucha arrogancia se autoproclaman que son los que pueden interpretar los requisitos de la ley salvadoreña y no las autoridades del país y rechazan lo que se les dijo desde el principio de cuáles eran los requisitos para obtener la concesión", dijo el abogado del equipo salvadoreño.

Este experto en arbitrajes internacionales, quien ha participado desde mediados de la década de 1990 en los equipos de defensa de El Salvador en anteriores querellas que se han ventilado ante el CIADI en Washington, y de los cuales no ha perdido ni un caso, afirma que la defensa mantiene la estrategia de hacer hincapié y recordar en cada escrito al tribunal que Pacific Rim nunca cumplió los estatutos de la Ley de Minería de 1996, y que por tal razón no existe un derecho obtenido para la concesión de la explotación minera en el país.

La demandante tenía la premisa, según el abogado que el país cambiaría la Ley de Minería, con una propuesta que surtiría en 2007, para ajustar los requisitos del marco legal a la compañía minera y no al revés, y de ahí la molestia y el fondo de los reclamos de Pacific Rim ante el CIADI.

Las bases de la petición de la firma demandante

En el documento enviado por el bufete de la compañía minera contra El Salvador se establecen los seis puntos medulares de la demanda por la que reclama una indemnización de $300 millones de dólares por las pérdidas causados al habérsele negado el derecho de explotación del recurso ya explorado.

Apelando al Capítulo 15 de la Ley de Inversiones, la demandante considera que El Salvador ha violado sus derechos luego de haber adquirido derechos de propiedad sobre la Mina El Dorado, en Cabañas.

Dicen además que la compañía minera actuó en función de su inversión ya hecha en el país, y de sus legítimas expectativas "de lograr un objetivo económico determinado con su inversión, principalmente con el desarrollo de la activa explotación minera de El Dorado".

Consideran además que la conducta de facto del Estado salvadoreño, a través del Poder Ejecutivo, durante la gestión de Elías Antonio Saca (2004 – 2009) al poner una prohibición al proceso de la concesión está demostrada en los hechos "como un acto ilícito del Estado".

La defensa tiene previsto que para la jornada de audiencias que iniciarán el 15 de septiembre comparezca ante el tribunal en calidad de testigos a favor del estado, la entonces ministra de Economía, Yolanda de Gaviria, y la directora de Hidrocarburos del Ministerio de Economía (Minec), Gina Navas de Hernández, quien posee amplia experiencia en el tema al haber sido ella también redactora de la ley vigente para la extracción de metales preciosos.

Pacific Rim considera en su escrito que las dos testigos (de Gaviria y Navas de Hernández) no pueden ser validadas por el tribunal del CIADI; porque ambas son parte del conflicto y aparecen en los documentos del proceso como partes del conflicto cuando surgió la querella.

Pero la defensa está confiada en que el caso está sostenido sobre los aspectos medulares, como que la compañía minera nunca logró los derechos de propiedad del terreno que pretendía explotar -al ser más de mil familias de la zona propietarias de la tierra.

"Quisieron abarcar demasiado porque pensaban tener una concesión de una gran porción de yacimientos que no estaban todavía seguros de que había oro, pero lo veían en futuro y no se concentraron en El Dorado que pudieron haber logrado manejar", enfatizó el abogado Luis Parada.

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