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Nueva Ley de Soberanía Alimentaria controlaría producción agropecuaria

b Según Fusades, en el anteproyecto de Ley se ve una clara intención de que sea el Estado el que decida lo que se va a producir

Según los agricultores el gobierno da cifras de producción sin tomar en cuenta las afectaciones del clima. foto edh

Según los agricultores el gobierno da cifras de producción sin tomar en cuenta las afectaciones del clima. foto edh

Según los agricultores el gobierno da cifras de producción sin tomar en cuenta las afectaciones del clima. foto edh

A finales de la semana anterior, la especialista en agricultura de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Amy Ángel, planteó que en el anteproyecto de Ley de Soberanía Alimentaria, elaborada por el Gobierno, se ve una clara intención de que el Estado llegue a controlar la producción nacional.

Aunque dicha ley, según consigna el anteproyecto, tiene como objetivo establecer un marco normativo que garantice el derecho humano a la alimentación adecuada, "no queda claro quién es el soberano, si es el productor o el consumidor, porque no se sabe quién decidirá qué producir y qué comer, o si será el gobierno quien decida en realidad", apuntó la especialista.

El anteproyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional se presentó en 2013 ante la Asamblea Legislativa, luego varias gremiales presentaron otras iniciativas de soberanía alimentaria, y de acuerdo con esos insumos se combinaron las propuestas para generar una sola iniciativa de ley.

Sin embargo, Amy Ángel critica que en cuanto el Gobierno usurpe las decisiones de los productores, irá en contra de las libertades. Lo ideal sería empoderar a los productores para que ellos puedan tomar una decisión o a los consumidores para que estén mejor informados. "Estamos en un terreno resbaladizo cuando tratamos de legislar en tema de soberanía alimentaria", agregó.

En cuanto al tema de legislación, Fusades considera que la propuesta de Ley posee inconstitucionalidades y errores de forma, tales como, por ejemplo, la obligación de realizar determinadas labores productivas en terrenos particulares de manera obligatoria, consumir o dejar de consumir cierto tipo de productos por la calidad nutricional que le atribuye el Estado.

Para Fusades se observa una clara intención de que sea el Estado el que decida lo que van a producir los particulares y lo que van a comer, lo que es una violación del derecho de libertad personal consagrado en la Constitución de la República.

La analista también advierte sobre efectos económicos negativos por disposiciones contempladas en el anteproyecto. Una de ellas es el control de precios. La especialista indicó que la ley propone precios máximos y mínimos y esto provocará distorsiones en el mercado.

Además, según Marjorie de Trigueros, investigadora del Departamento de Estudios Legales de la Fundación, son "dudosas las facultades" que se le darían al Presidente de la República, ya que este podría gestionar recursos (como algunos préstamos), efectuar compras y poner límites a los precios de productos básicos.

La Asamblea comenzó la discusión de esta propuesta en 2014, pero hasta la fecha todavía no ha llegado hasta su discusión en el pleno; y si bien hay sectores que se han pronunciado a favor de la seguridad alimentaria, están en contra de la fijación de precios.

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