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Ley de estabilidad crearía clima de desigualdad entre los inversionistas

Analistas sugieren que texto actual de ley podría ser declarado inconstitucional

La generación de empleo y el apoyo a polos de inversión son algunos criterios que recomiendan los analistas para otorgar los contratos de estabilidad. Foto EDH/ARCHIVO

La generación de empleo y el apoyo a polos de inversión son algunos criterios que recomiendan los analistas para otorgar los contratos de estabilidad. Foto EDH/ARCHIVO

La generación de empleo y el apoyo a polos de inversión son algunos criterios que recomiendan los analistas para otorgar los contratos de estabilidad. Foto EDH/ARCHIVO

La Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones, cuyo texto se encuentra en discusión en la comisión de economía de la Asamblea Legislativa, podría crear condiciones de desigualdad y discriminación en el país, según opinaron analistas. De hecho, ya se habla de una posible inconstitucionalidad dentro de la normativa.

El artículo 4 de la ley establece cinco garantías que pueden solicitar las empresas al realizar nuevas inversiones. Dos de ellas equivalen a congelar los impuestos, nacionales y municipales, que las personas jurídicas tendrían que pagar por las actividades relacionadas a la inversión.

El beneficio de la ley también "estabiliza" las exenciones tributarias con que se cuente al momento de firmar un Contrato de Estabilidad Jurídica. En otras palabras, los cambios en tasas de impuestos o exenciones no afectarían a dicha inversión mientras dure el acuerdo. Sin embargo las empresas sí deberán pagar los nuevos impuestos creados por el estado.

El economista Manuel Hinds advirtió con preocupación a El Diario de Hoy que dicha ley "quitaría el principio de igualdad". Según su análisis las garantías de los contratos crearían un ambiente de discriminación entre las empresas. En primer lugar, señaló, con las pequeñas empresas, las cuales no logran manejar los montos necesarios para aplicar a esta ley.

Según el texto, las inversiones deben ser superiores a 9,200 salarios mínimos para poder aplicar a los contratos de estabilidad, el equivalente a $2,180,400.

Además, la normativa daría privilegios a los nuevos inversores, excluyendo a las empresas que ya ejecutan sus fondos en diferentes proyectos.

La posibilidad de alterar el ambiente competitivo de las inversiones ya se abordó durante la discusión de la comisión de economía el pasado martes. El diputado por el partido GANA, Francis Zablah, incluso habló de inconvenientes legales que podría generar el actual texto. Esta valoración es compartida por el economista Manuel Hinds. "Yo creo que la ley es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante la ley", explicó.

Por otro lado el director de asuntos económicos de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIES), Mario Magaña, consideró que la ley daría una mayor seguridad y confianza al clima de inversión. Aún así reconoció el riesgo de general desigualdad entre las empresas. "Se va a tener esa disyuntiva, son de las cosas que se tienen que evaluar bien. El tema también es que las exenciones fiscales tienen sus limitaciones", comentó.

La duración de estos beneficios, establecidos en el artículo 8 de la ley, varían entre los 10 y 20 años, dependiendo del monto de la inversión. En este período se espera que las empresas recuperen la inversión realizada. Mario Magaña, comentó que debido a los rubros y tipos de proyectos, es muy complicado establecer un tiempo promedio para recuperar los fondos.

Focalización

El director de asuntos económicos de la CCIES, Mario Magaña, comentó además que otorgar este tipo de beneficios fiscales de forma generalizada complicaría las finanzas públicas.

Magaña recomendó que se agreguen nuevos criterios para otorgar los contratos de estabilidad jurídica. "La generación de empleo, el valor agregado, el impacto multiplicador, el efecto en el entorno. Todas esas cuestiones podrían hacer a una empresa valedera para esos beneficios", explicó.

El texto por ahora solo considera como criterios el monto de la inversión, el rubro en que se realizaría y el tiempo en el cual se ejecutarían los fondos. El superintendente de Competencia, Francisco Díaz Rodríguez, ya valoró estos indicadores como muy generales.

Por su parte Manuel Hinds recalcó que la estabilidad jurídica se relaciona más con el respeto a las instituciones y reducción de la burocracia. Limitar la ley a puntos fiscales es una medida que calificó de "miope".

"No hay que discriminar, eso (los impuestos) tienen que ser igual para todos", concluyó el economista.

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