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En julio vence el plazo para prórroga por cobro de $18

La inspección a través de rayos X sigue ocasionando tardanza y pagos extra a los transportistas nacionales y extranjeros.

Los equipos de rayos X están instalados en siete aduanas del país. Por ahí se revisan los contenedores. foto EDH / archivo

Los equipos de rayos X están instalados en siete aduanas del país. Por ahí se revisan los contenedores. foto EDH / archivo

Los equipos de rayos X están instalados en siete aduanas del país. Por ahí se revisan los contenedores. foto EDH / archivo

La prórroga que el Gobierno dio para no cobrar los $18 por el uso del equipo no intrusivo de rayos X por parte del consorcio Cotecna-Smith vencerá en julio, por lo que la negociación para decidir si se elimina o se toma otra medida también deberá correr, con la llegada de la nueva administración pública.

De acuerdo con Raúl Alfaro, presidente de ASTIC, el tema solo ha quedado en discusión entre los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), pero a juicio de Alfaro, lo ideal sería que no haya más discusión y se derogue definitivamente.

Alfaro dijo que está considerando presentar una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa para que el transporte internacional quede exonerado de ese pago, por no tener como destino final El Salvador.

Agregó que, a pesar de la prórroga, las autoridades están obligando a los camioneros a hacer revisión de su mercadería, a pesar de que ésta tiene como destino final Nicaragua o Costa Rica.

Por su parte, el presidente del comité de transporte y logística de la Cámara de Comercio, René Vásquez, dijo que debe discutirse desde ya este tema porque de lo contrario, "podríamos tener otro tapón" en las fronteras el próximo mes, refiriéndose a la huelga que cerró por completo las fronteras salvadoreñas a inicios de este año.

Con respecto al pago que deben hacer los transportistas de carga con destino final para El Salvador, Alfaro dejó el tema a la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (Cifacil) para que sean ellos quienes decidan si interponen alguna solicitud formal para derogar o modificar la medida.

Alfaro dijo que, personalmente, él creería que es necesario presentar una demanda de inconstitucionalidad por la tarifa, pero dejó en manos de la Comisión esta decisión, pues al final, son ellos quienes tienen que asumir el pago por sus productos.

Alfaro coincidió con que la llegada de Cativo a la Dirección General de Aduanas podría mejorar el diálogo para resolver este problema, que ha afectado a todo el comercio regional este año.

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