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Inversión parada por falta de ley inclusión financiera

La ausencia de esta normativa ha causado que Tigo retrase inversiones en ampliar la red de Tigo Money y ha impedido que otros sectores, ante el vacío legal, entren al sector

Esta ley permitiría que más personas gocen de la inclusión financiera. foto edh / Archivo Tigo Money se ha reconocido como el prestador de servicio de inclusión financiera más popular en el país. foto edh / Archivo

Esta ley permitiría que más personas gocen de la inclusión financiera. foto edh / Archivo

Esta ley permitiría que más personas gocen de la inclusión financiera. foto edh / Archivo

La falta de una Ley de Inclusión Financiera, que regule el acceso a servicios financieros y la posibilidad de realizar actividades económicas como pagos de servicios básicos (agua, luz o telefonía), servicios de ahorro y crédito por medio de un teléfono celular o a través de diferentes plataformas, ha creado un vacío legal que no está permitiendo más inversiones en ese sector.

Y no se generan inversiones porque los nuevos actores no saben a qué atenerse en ese tema en particular.

Si bien ya existe un anteproyecto de ley, este lleva más de ocho meses sin aprobación en la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Actualmente solo empresas como Tigo han incursionado en el área de transferencias financieras.

En el caso de Tigo, que ya brinda el servicio de transferencias de dinero a través de Tigo Money, ha tenido que atrasar inversiones importantes, debido a que aún espera que la ley sea aprobada.

Javier Urdampilleta, vicepresidente de Servicios Móviles Financieros de Tigo, señaló que "entre más rápido (se apruebe) mejor, porque nos da más seguridad en las inversiones, nos da oportunidad de implementar proyectos más rápido y empezar a que el sistema se desarrolle mejor".

El ejecutivo apuntó que el problema es que Tigo podría realizar más inversiones y poner a prueba más proyecto para desarrollar de mejor forma el sistema, sin embargo, no puede debido a que la legislación ha tenido demasiados retrasos en la comisión.

Urdampilleta añadió que "entendemos que está en discusión (el anteproyecto de ley) y que está en la agenda, pero que no ha avanzado mucho adentro de la comisión".

Tigo espera que esta normativa pueda aprobarse antes de que finalice este mandato legislativo, puesto que una vez se realice el cambio de diputados pueda que se den más retrasos.

"La ley está redactada, está bastante bien hecha, ya recibió la opinión de muchas entidades de Gobierno, de muchas de las personas interesadas, y creo que es un tema que está sucediendo a nivel mundial y en El Salvador tenemos que apoyar la tecnología y seguir invirtiendo para que la población goce de estos beneficios", reiteró.

Explicó que "hay inversiones que definitivamente están a la espera de la ley, inversiones para expandir la red de servicio, para invertir en la plataforma tecnológica y ofrecer productos que no se pueden ofrecer ahorita".

Este es un problema para la empresa, debido a que son inversiones grandes que requieren la seguridad que "estarán ahí por un buen tiempo", pero para asegurar esto se debe tener una legislación vigente, dijo.

¿Por qué se ha retrasado este anteproyecto?

Uno de los principales motivos por los cuales la ley ha experimentado retrasos es que grupos partidarios han cuestionado sus fines y objetivos.

Para el caso, ARENA cuestiona si la ley "está diseñada para regularizar servicios (de inclusión financiera) que actualmente no tienen ley o es un enfoque marco general para el tema más grueso de inclusión financiera de todo tipo de plataforma para el servicio".

Rafael Lemus, asesor de ARENA para la Comisión Financiera, apuntó que el tema de inclusión financiera implica un tema de cultura, mecanismos y confianza; por lo que debe permitir cualquier mecanismo que ofrezca dicho servicio.

Actualmente, el servicio ha sido popularizado por Tigo Money; sin embargo, Lemus indica que "no hay que tener una ley para hacer legal ese sistema, sino una ley para que cualquier mecanismo de ese servicio se permita".

Rafael Barraza, presidente ejecutivo de Banco Agrícola, criticó que la normativa no incluye la posibilidad de que el sector financiero participe de los servicios de inclusión financiera. "No es una ley que está hecha para que los bancos podamos dar más servicios financieros", añadió el representante del Banco.

Barraza dijo que "los integrantes del sector financiero creemos que (la ley) puede ser mejorada sustancialmente y equiparar las condiciones entre la industria de telecomunicaciones y la financiera".

Hizo hincapié en que "ambas industrias pueden ser grandes complementos pero hasta ahora no se ha presentado una ley cuyo objetivo sea la inclusión financiera, sino que es una ley que no conjuga los intereses de la inclusión financiera".

Ante esto, el sector financiero busca que no se discrimine el prestador del servicio y que tengan acceso al mercado en igualdad de condiciones a todos los competidores.

Barraza concluyó que esta debe ser una legislación que no solo promueva la inclusión financiera sino también la competencia entre diferentes integrantes de la industria.

Por su parte, Javier Urdampilleta consideró que el objetivo de la ley no debe "inclinar la balanza" hacia un sector en específico, sino que tiene que permitir la participación de todas las empresas interesadas en ofrecer el servicio, siempre y cuando se cumplan los requisitos que establece la ley para que la población pueda gozar de un servicio confiable.

Agregó que "sin duda, el sistema financiero cumple los requisitos que la ley establece, no le veo ningún problema a la ley tal cual esta".

Para el representante de Tigo Money, el anteproyecto "no establece ninguna cosa positiva para un sector específico".

De acuerdo con la empresa, dicha normativa está abierta para que toda industria que desee competir participe del mercado. "Al final eso es bueno para la población porque es así como se ofrecen los mejores servicios y como se dan innovaciones también", dijo.

La competencia permitiría que se creara un sistema más robusto, lo que beneficiaría a las empresas. "Creo que es un sistema abierto que nos da la posibilidad de competir en iguales condiciones siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios para el sistema, que permita operar de una manera eficiente para brindar el servicio", finalizó Urdampilleta.

No obstante, Rafael Lemus considera que la legislación podría tardarse más de lo esperado, ya que se han realizado más observaciones relacionadas a algunos temas gruesos como es el caso de las extorsiones.

El diputado Douglas Avilés, de Cambio Democrático (CD), quien funge como presidente de la Comisión Financiera, explicó que la ley se encuentra en una discusión artículo por artículo; pero concluyó que desde hace varios meses no se había tocado debido temas "más trascendentales para el país.

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