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Gobierno planea subir 7 años de cotización a los militares

La medida es parte de una serie de propuestas de reformas del Ejecutivo para evitar la quiebra del  sistema de reparto del Ipsfa.

Los militares cotizántes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)

El gobierno asegura que garantizará las pensiones de los militares jubilados del IPSFA. | Foto por Archivo

Los militares cotizántes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) tendrán que trabajar siete años más para poder jubilarse como resultado del colapso financiero al que ha llegado el sistema de reparto

Los militares cotizantes del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa) tendrán que trabajar siete años más para poder jubilarse, como resultado del colapso financiero al que ha llegado su sistema de reparto. 

De acuerdo con el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ya se decidió aumentar a siete años las cotizaciones de los militares, como una medida inicial que está incluida en una serie de reformas que se pretenden aprobar, pero que aún están en estudio.
 
“Lo que sí ya se definió es que habrá un incremento de la edad de cotización, estamos hablando de siete años más”, dijo el funcionario, en relación a las medidas que se discuten para solventar la grave crisis fiscal que afronta el Ipsfa desde hace varios años y que está llegando a su límite. 

La propuesta, redactada por la misma directiva del Ipsfa, también incluye un aumento a la edad de jubilación, que subiría a seis años, según el proyecto de ley que se estudia en el Ejecutivo. 

Actualmente los militares que quieran retirarse con el 100 % de su último salario, requieren 30 años de cotización, pero de acuerdo con lo dicho por Lorenzana, este margen subiría a siete años más. 

Según manifestó, en marzo pasado, el gerente general del Ipsfa, René Díaz Argueta, las reservas de la institución solo alcanzan para pagar pensiones hasta 2016. 

Por eso la institución le propuso a la Asamblea Legislativa que le apruebe una reforma para pasar del sistema de reparto o público al sistema privado, en el que cada militar cotice a su cuenta de ahorro individual y se jubile de acuerdo con sus aportes más los intereses por inversión, tal como ocurre con las AFP. 

La idea no es bien vista por algunos miembros del Ejército. Dos representantes del movimiento de militares retirados “Causa Justa” explicaron ayer, en una entrevista televisiva, que si bien es cierto que los años de cotización y edad de retiro de los militares son diferente a la de los trabajadores comunes, sus condiciones son mucho más difíciles, pues tienen jornadas laborales mucho más largas debido a su condición de acuartelamiento.
 
“Nosotros permanecemos en la Fuerza Armada casi las 24 horas del día, nosotros hacemos servicio, en tres días agotamos las 48 horas por ley y seguimos trabajando, nosotros somos también los que participamos en la guerra. Yo llegué a mi casa cuando mi hijo ya había nacido y muchos pasaron así”, justificó el general en retiro, Carlos Cáceres Flores. 

“El tema es que el ser militar, la profesión militar tiene exigencias completamente diferentes”, dijo por su parte el general Jaime García Escobar. 
Ambos están preocupados porque el Ipsfa no tenga el dinero suficiente para pagar las pensiones de los actuales jubilados y de los cotizantes que, en algún momento, solicitarán su pensión. 

De acuerdo con cifras de la institución, al cierre de 2014 el déficit previsional fue de $20 millones, pero en total suma más de $1,300 millones que el Gobierno tiene que asumir. 

Lorenzana dijo, el lunes pasado, en una entrevista televisiva que solo el déficit del próximo año ronda los $35 millones, que deberán respaldarse con fondos del Estado. 

El tema se está discutiendo de forma paralela a la reforma de pensiones de los empleados públicos y privados. 

Sin embargo la propuesta del Ipsfa es pasar a un sistema de capitalización individual, que le permita a cada militar jubilarse con lo que ahorre en su cuenta individual. 

“Con el sistema de capitalización el riesgo se viene al mínimo porque cada quien ahorrará el dinero con el que se jubilará después”, dijo en marzo Díaz Argueta.

El presidente Salvador Sánchez Cerén, que a su vez es comandante General de las Fuerzas Armadas, comunicó hace varias semanas que el Gobierno garantizaría la pensión de los militares y apoya la propuesta de reforma que está en estos momentos en la Asamblea Legislativa. 

 “Aunque sea una reforma separada la reforma de pensiones de la Fuerza Armada sí creemos nosotros que hay que cubrir ese déficit”, dijo Lorenzana, que por cierto no detalló cuál sería la fuente de financiamiento para asumir esta deuda, que se sumaría a la larga lista de gastos que el Estado debe subvencionar para garantizar la seguridad social. 

Sistema inviable 
El sistema previsional bajo al cual ha operado el Ipsfa ha tocado fondo, primero, por el insuficiente número de cotizantes del Ipsfa versus el creciente número de jubilados. 

Según las estadísticas de la institución, dos cotizantes activos sostienen la pensión de un militar inactivo (2x1) cuando lo ideal sería que fuera una relación de cinco a uno (5x1). 

Segundo, por la situación extraordinaria de un conflicto armado en el que murieron cientos de soldados, por lo que se tuvo que compensar a sus mujeres y sus esposas con una pensión. 

“Este sistema previsional no estaba pensado para una guerra”, dijo el general Cáceres Flores, en la que se han unido decenas de militares preocupados por su pensión y el bienestar de todos los soldados que están por retirarse.
El pago de las pensiones, sin embargo, es muy dispar. 

De acuerdo con una tabla del rango de pensiones proporcionada por la institución a este periódico, la pensión mínima por retiro es actualmente de $122.01 y la máxima es de $3,154.29. El promedio es de $570.58, pero se entrega con más frecuencia una cantidad de $142.88.

Dicho desbalance ha obligado a la institución a vender sus activos (terrenos y edificios) a precios por debajo de lo que valen. Muchos de ellos han llegado a manos de funcionarios como el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, en transacciones cuestionadas. 

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