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Gobierno paga con 6 meses de retraso

Gobierno alista sistema de factoraje con el que pretende pagar en 60 días. Empresarios dudan

Proveedores de uniformes reciben pagos atrasados, y por temor no lo denuncian. EDH /archivo

Proveedores de uniformes reciben pagos atrasados, y por temor no lo denuncian. EDH /archivo

Proveedores de uniformes reciben pagos atrasados, y por temor no lo denuncian. EDH /archivo

Esperar cuatro meses para que el Gobierno le pague por sus productos está llevando a Henry Linares y su equipo de trabajo, a una situación económica caótica, grave.

Linares es representante de Casco Safety, empresa que vende productos de seguridad ocupacional y que ha prestado servicios a instituciones municipales y del gobierno central por varios años.

Dentro de sus carteras de clientes tienen alcaldías e instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional Civil. El empresario asegura que la relación se ha vuelto complicada, por la demora de los pagos de los productos y servicios que proporcionan.

"Cuando son fondos provenientes de cooperación de organismos internacionales, el pago es inmediato, pero en general cuando son fondos locales es más complicado recibir el pago, a veces los pagos pueden tardar más de 120 días, eso nos impide poder realizar otros proyectos", dice Linares, que no teme se sepa su nombre, lo que le interesa es que le paguen por su trabajo, que el Gobierno honre sus compromisos.

Un sondeo de la Cámara de Comercio hecho el mes pasado reveló que 94 por ciento de los agremiados, son afectados por los retrasos en pago de bienes y servicios de parte de las instituciones estatales.

Otro emprendedor, J. A., recibió en febrero anterior "la gran noticia" de que sus productos serían adquiridos bajo contrato de alquiler por una institución del Gobierno.

Asi en los primeros días de febrero pactó una cifra superior a los cuatro mil dólares, y hasta este día lo único que recibió fue un "adelanto" por $900, y toda una cadena de justificaciones sobre el atraso del pago por el resto del contrato.

"Que no está la firma, que no está bien la carta del departamento que solicitó el pedido, etc..." son solo algunas de la excusas del departamento de pagaduría de la institución a la que prestó equipo informático y por el cual no ha recibido pago luego de cinco meses.

Los anteriores son dos de múltiples casos, de empresarios afectados por el incumplimiento del Gobierno y que según datos del sondeo de la Cámara de Comercio limita en 35 por ciento el flujo de caja de los empresarios y en hasta 24 por ciento la capacidad de pago, lo que a su vez genera que los pequeños o medianos empresarios deban recurrir a nuevas deuda o simplemente a esperar la quiebra.

Según el sondeo de la Cámara, los mayores problemas provienen de los contratos firmados con el Ejecutivo (47 por ciento), luego está el Organo Judicial (8 por ciento) y el Legislativo llega al 4 por ciento.

Como ellos, hay otros empresarios que argumentan que el impago del Gobierno a proveedores -que según ANEP supera los $250 millones- afecta de manera enorme porque necesitan ese dinero para invertirlo nuevamente como capital de trabajo, para ellos pagar a su propios proveedores o frena el poder realizar nuevas inversiones. Indudablemenete que limita el crecimiento rdel negocio y sus operaciones, argumenta Linares.

Pablo Arturo Durán, actual presidente de Coexport y miembro de Unión Mipymes, por su lado afirma que el hecho de que el Gobierno de El Salvador haya establecido por ley que el 12% de sus compras iban a ser con la pequeña empresa, era importante para el sector, porque les daba una oportunidad de tener un cliente grande a los pequeños productores.

"Hubo mucho entusiasmo porque se generaría producción y empleo en la micro empresa, el problema fue que la capacidad financiera del Gobierno se fue reduciendo, hay más endeudamiento, los fondos que reciben son para gastos corrientes y lastimosamente ha existido atraso en los pagos a los pequeños productores," afirma Durán.

Para un pequeño empresario el hecho de que nos se le pague inmediatamente, representa una limatante, esperar 30 días los amarra, pero tener que espera hasta 180 días a veces los obliga a cerrar por falta de liquidez, comenta el empresario.

"Por eso las ventas que no encuentran en el gobierno, las buscarán en la empresa privada, algunos tal vez se atrevan a venderles otra vez" señala.

Como si fuera poco, los empresarios no solo deben encarar las deudas de uno de los principales compradores, sino que a diario deben enfrentar a la delincuencia que les ataca por la vía de los robos, asaltos o extorsiones. De ahí se deriva la alta inversión que muchos deben hacer para salvaguardar sus bienes.

Esperar cuatro o seis meses para que el Gobierno le pague por sus productos está llevando a Henry Linares y su equipo de trabajo a una situación económica grave y preocupante.

Linares es representante de Casco Safety, empresa que vende productos de seguridad ocupacional y que ha prestado servicios a instituciones municipales y del Gobierno central por varios años.

En su carteras de clientes tiene alcaldías, el Ministerio de Obras Públicas y la Policía Nacional Civil. El empresario asegura que la relación se ha vuelto complicada, por la demora de los pagos de los productos y servicios que proporcionan. "Cuando son fondos provenientes de cooperación de organismos internacionales, el pago es inmediato, pero en general cuando son fondos locales es más complicado recibir el pago, a veces los pagos pueden tardar más de 120 días, eso nos impide realizar otros proyectos", dice Linares, a quien solo le interesa les paguen por sus servicios, que el Gobierno honre sus compromisos.

Un sondeo de la Cámara de Comercio realizado el mes pasado reveló que el 94 por ciento de los agremiados es afectado por los retrasos en pago de bienes y servicios de parte de las instituciones estatales.

El empresario Mauricio Navas recibió a inicios del año la buena noticia de que sus productos serían rentados bajo contrato al Instituto Nacional de Juventud (Injuve).

Así en los primeros días marzo pactó rentar equipo informático por $425 mensuales por dos meses, prorrogables. Hasta hoy lo único que recibió fue una cadena de justificaciones sobre el atraso del pago.

Le adeudan $950, y por lo menos, dice, a tiempo decidió retirar el equipo. "Que no está la firma, que no está bien la carta del departamento que solicitó el pedido, etc...", son solo algunas de la excusas del departamento de compras.

Los anteriores son dos de múltiples casos de empresarios afectados por el incumplimiento del Gobierno y que, según datos del sondeo de la Cámara de Comercio, limita en 35 por ciento el flujo de caja de los empresarios y en hasta 24 por ciento la capacidad de pago, lo que a su vez genera que los pequeños o medianos empresarios deban recurrir a nuevas deudas o simplemente a esperar la quiebra.

Según el sondeo de la Cámara, los mayores problemas provienen de los contratos firmados con el Ejecutivo (47 por ciento), luego está el Órgano Judicial (8 por ciento), y el Legislativo (el 4 por ciento).

Como ellos, hay otros empresarios que argumentan que el impago del Gobierno a proveedores —que según datos de ANEP supera $250 millones— afecta de manera enorme, porque necesitan ese dinero para invertirlo nuevamente como capital de trabajo o para pagar a su propios proveedores. Indudablemente, limita el crecimiento del negocio, frena nuevas inversiones y todas sus operaciones, argumenta Linares.

Pablo Arturo Durán, presidente de Coexport y miembro de Unión Mipymes, afirma que el hecho de que el Gobierno de El Salvador haya establecido por ley que el 12 % de sus compras iban a ser con la pequeña empresa, era importante para el sector, porque les daba una oportunidad de tener un "cliente grande" a los pequeños productores.

"Hubo mucho entusiasmo porque se generaría producción y empleo en la microempresa, el problema fue que la capacidad financiera del Gobierno se fue reduciendo, hay más endeudamiento, los fondos que reciben son para gastos corrientes y lastimosamente ha existido atraso en los pagos a los pequeños productores", dice Durán.

Para un pequeño empresario el hecho de que nos se le pague representa una limitante, "esperar 30 días los amarra, pero esperar hasta 180 días a veces los obliga a cerrar por falta de liquidez", dice.

"Por eso las ventas que no encuentran en el Gobierno, las buscarán en la empresa privada, algunos tal vez se atrevan a venderles otra vez", señala Durán.

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