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Gobierno deberá publicar diagnóstico de pensiones

El diagnostico elaborado por tres entidades de gobierno, sugiere elevar la tasa de cotización y la edad de jubilación, así como regresar al sistema de pensiones público

Pensiones

El documento solicitado contiene propuestas para modificar el sistema de pensiones salvadoreño.   | Foto por Archivo

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ordenó a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) que entregue a dos ciudadanos salvadoreños una copia del diagnóstico del sistema de pensiones que la institución realizó entre 2012 y 2014 junto al Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva y  que sugiere un aumento de las tasas de cotización y años de jubilación, así como el regreso de un sistema de pensiones público, entre otras propuestas. 

El documento, al que tuvo acceso El Diario de Hoy en febrero de 2014, se elaboró con total reserva durante esos años y a pesar de que era citado por los funcionarios de las instituciones mencionadas, nunca fue divulgado públicamente.

La única forma en la que se supo de él fue cuando se le presentó a un grupo de diputados de todas las fracciones políticas y sus asesores. 

El documento, denominado “Sistema Previsional de El Salvador. Diagnóstico y  Propuesta de Reforma”, así como otros documentos relacionados, fue solicitado formalmente por los ciudadanos José Roberto Burgos Viale y Xenia Lavinia Hernández Castro a la Oficina de Información Pública de la Superintendencia el 14 de mayo de este año. 

Pero después de varios días de espera, la Oficina les informó que la SSF  les negaba el informe por considerarse “información confidencial”. 

Tras apelar la resolución el Instituto le pidió al superintendente Ricardo Perdomo que explicara por qué no podía entregar el documento, a lo que este respondió que se trataba de un documento de carácter confidencial, con información recabada por las tres instituciones.

La SSF  justificó que no podía entregarla   porque “podría causar pánico debido a que dicho documento está enfocado a riesgos de carácter financiero” y que no se divulgó  “para evitar un mayor daño que el beneficio que podría esperarse de su publicidad”.

El superintendente también alegó que “por contener datos desactualizados (el informe) podría provocar una crisis en el sistema previsional que podría derivar en un contexto de pánico entre los afiliados y pensionados, por la incertidumbre del destino de sus ahorros previsionales y el pago de sus pensiones”. 

Los demandantes, por su parte, alegaron que el documento es información pública oficiosa, que no existe declaratoria de reserva para tales datos y que tampoco está en el índice de información reservada de la Superintendencia.


Resolución 
Tras analizar los pros y contras, el Instituto dio la razón a los ciudadanos que solicitaron la información pues  a su juicio “los datos contenidos en el documento no se ajustan al supuesto del Art. 24 letra “d”  de la LAIP (información confidencial) pues se trata de información general y estadística  del sistema previsional salvadoreño, por lo que su conocimiento no pone en riesgo ningún  tipo de secreto de empresa o similares”, explicó. 

El Instituto también argumentó que la justificación de la SSF de no entregar el documento porque podría influir negativamente en la calidad de propuestas para una reforma previsional contradice la finalidad del acceso a la información pública. 

“El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP)  prepara a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, informada, deliberante y  responsable, indagar y considerar si dichas reformas están orientadas a mejorar su condición de vida y  el de la sociedad en general, permitiendo que el proceso de la reforma del sistema previsional salvadoreño sea consensuada y enriquecida por los aportes de los diferentes  sectores civiles del país”,  explica el Instituto. 

“Tampoco es válido aceptar que la divulgación del diagnóstico podría provocar una crisis en el sistema previsional, que podría derivar en un “contexto de pánico entre los  afiliados y pensionados”, por la incertidumbre del destino de sus ahorros previsionales y el pago de sus pensiones”, indica.  

“Contrario a dicho argumento este Instituto considera que el  desconocimiento y la eventual imposición de una posible reforma no consensuada,  provocaría en la población salvadoreña el efecto antes descrito por la SSF”, reiteró la institución. 

En la resolución el Instituto ha pedido a la SSF que entregue el documento  en los tres días hábiles y que además le envíe en un lapso de 24 horas un informe de cumplimiento de la solicitud. 

Más negativas
Este no es el primer caso en el que el Gobierno niega información relacionada al tema de pensiones. 

Este año Bandesal, como administrador del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) se ha negado en varias ocasiones a proporcionar documentos que justifiquen la decisión del Estado de pagar una tasa de interés del 3% por la emisión de Certificados de Inversión Previsional cuando este porcentaje le corresponde definirlo solo a la Asamblea Legislativa (que aún sigue discutiéndolo).

Por esta negativa representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) también han recurrido al Instituto de Acceso a la Información, quien ya les dio la razón. 

Por ahora el proceso está detenido porque las instituciones que se niegan a dar la información (BANDESAL, MH, SSF, INPEP) presentaron recursos de revocatoria. 

Si el Instituto resuelve a favor del Comité, las instituciones también tendrán que entregar la información.

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