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Gobierno busca indagar cuentas de depositantes

La Superintendencia del Sistema Financiero solicitó a los bancos un listado con los 100 mayores depositantes de sus entidades

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La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha comenzado a solicitar a los bancos, cooperativas y sociedades de ahorro y crédito que le envíen cada mes un listado de los 100 mayores depositantes de los bancos e información específica sobre su nacionalidad, el monto depositado cada mes, y detalles de si el dinero fue agregado a una cuenta corriente, cuenta de ahorro o a plazos.

Fuentes de alto nivel de la banca salvadoreña expresaron su "total inflexibilidad" a cumplir esa disposición, debido a que respetarán el Secreto Bancario.

El requerimiento de información se hizo a través de una circular enviada el 28 de julio pasado, dos días antes de que se aprobara una ley que aplica un impuesto a las transferencias bancarias y que, de acuerdo con el exdirector ejecutivo de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa), Claudio de Rosa, pasa por encima del secreto bancario.

Sin embargo, el superintendente, Ricardo Perdomo, descartó que se vulnere el secreto bancario pues que con este requerimiento se pretende crear un mapa de riesgo de cada banco y que "se guardará la confidencialidad" (ver nota aparte).

El requerimiento de la SSF se basa en el artículo 32 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que avala a la SSF a requerir "el acceso directo a todos los datos, informes o documentos sobre sus operaciones".

La misiva dice que lo que se busca es "preservar la estabilidad del sistema financiero y velar por la eficiencia, transparencia, seguridad y solidez de los integrantes del sistema".

Además explica a los bancos que toda la información deberá enviarse los primeros siete días hábiles de cada mes, debiendo realizarse el primer envío a partir de julio de 2014.

Los datos sobre cada depositante deben agregarse a un formulario que la SSF tiene disponible en la página web de la institución y que detalla el nombre, la nacionalidad del depositante, su actividad económica, si es una persona natural o jurídica, el monto de dinero que agregó a su cuenta y el desglose del dinero por tipo de cuenta o a plazo al que se ha depositado en el banco.

La carta fue firmada por el actual superintendente, quien anteriormente se desempeñó como director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) en 2012 y, un año después, fue juramentado como ministro de Seguridad.

De acuerdo con el artículo 232 de la Ley de Bancos, los depósitos y captaciones están sujetas al secreto bancario y su información solo se le podrá entregar a la Dirección General de Impuestos Internos cuando éste haya iniciado un proceso de fiscalización. El secreto bancario se puede romper cuando la Fiscalía solicita la información de cuentas bancarias a través de una orden judicial y dentro de una investigación formal.

Critican medida

La solicitud de información que hace la SSF está relacionada a la recién aprobada ley que creó un impuesto a las transferencias bancarias en la que los bancos son los principales agentes de retención.

Claudio de Rosa explicó que los diputados pasaron desapercibido que con esta ley, se pasa automáticamente por encima del secreto bancario que protege a los depositantes pues con el nuevo impuesto, Hacienda tendrá cada mes un informe detallado de las transacciones que ha hecho cada depositante, que a la vez será su contribuyente.

Con este informe, el fisco ya no necesitará iniciar un proceso de fiscalización para solicitar los datos pues los tendrá a la mano.

"El Ministerio de Hacienda ya no tendrá que esperar a iniciar un proceso de fiscalización, para solicitar información de los contribuyentes, porque todos los datos le llegarán a su puerta cuando el banco reporte la retención de los impuestos", agregó.

De Rosa explicó que "la razón fundamental del impuesto a las transferencias es obtener toda la información de los contribuyentes. Ahora te pueden hacer la radiografía del cliente, contribuyente o agente económico", explicó.

De acuerdo con el ex director ejecutivo de Abansa, en el fondo se persigue obtener toda la información de los contribuyentes y usarla a su conveniencia, para mantener un mayor control desde del Estado.

Además, la ley ya le permite al Gobierno publicar los nombres de las empresas que no están solventes con el fisco.

A su juicio, esta información podría usarse de forma discrecional, para perseguir el desempeño de las compañías y amenazarlas con publicar su nombre si no acceden a lo que requiera Hacienda.

"Este es un estado policial que busca controlar", señaló.

Sin embargo, dijo desconocer por qué la SSF está solicitando esta información pues en su experiencia, como ejecutivo de Abansa, nunca supo que la Superintendencia solicitara datos detallados sobre los depositantes.

Los representantes de la Asociación Bancaria Salvadoreña aún analizaban esta información por lo que no pudieron dar su versión sobre esta solicitud de datos.

Hace poco, la Asociación Bancaria se pronunció en contra de la ley porque asegura que serán los usuarios del sistema financiero y el comercio en general, los que saldrán afectados con el 0.25% a las transacciones financieras que sobrepasen los $1,000.

Hacienda pidió información reservada

Esta no es la primera vez que el Gobierno solicita información reservada pues en marzo pasado, Hacienda también pidió datos confidenciales de las empresas privadas a través de una circular, que alegaba un nuevo plan de la Subdirección Integral de Impuestos Internos.

En esa ocasión el fisco solicitó conocer estrategias de negocio, reorganizaciones societarias, inversiones y proyectos actuales y futuros, así como una mayor revisión de los auditores de esa institución. Dichos requerimientos sorprendieron a los directivos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), quienes consideraron que el Gobierno estaba sobrepasando sus atribuciones por pedir datos confidenciales que de divulgarse pueden afectarles frente a su competencia.

La Cámara de Comercio dijo, en esa oportunidad, que era el inicio de una "persecución fiscal" para las empresas. Hacienda justificó esa medida afirmando que son datos que siempre han solicitado, y que se actuaba con base en la ley.

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