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Funde afirma que ley de responsabilidad fiscal de Goes es "letra muerta"

Faltan medidas de coerción para el cumplimiento de las metas fiscales

Según Funde, el impuesto a los inmuebles afectaría las lotificaciones de vivienda popular y media. Foto edh / Lissette Monterrosa

Según Funde, el impuesto a los inmuebles afectaría las lotificaciones de vivienda popular y media. Foto edh / Lissette Monterrosa

Según Funde, el impuesto a los inmuebles afectaría las lotificaciones de vivienda popular y media. Foto edh / Lissette Monterrosa

Las propuestas de reforma tributaria, presentadas recientemente por el Gobierno, si bien podrían fortalecer las finanzas públicas e introducir elementos de equidad fiscal, también incluye vacíos, ambigüedades y aspectos de iniquidad que deben revisarse a fondo, afirmó ayer a Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

El consultor del área macroeconómica de la Fundación, Carlos Pérez, explicó que consideran "letra muerta" la propuesta de Ley de Responsabilidad Fiscal, debido a la carencia de un aspecto coercitivo en la misma.

La normativa establece un marco de medidas y metas con las cuales el gobierno se compromete a reducir la deuda pública (sin incluir la deuda de pensiones) a menos de 42 % del PIB en un plazo de 10 años.

Pero, entre las falencias detectadas, las más grave es quizá la falta de elementos coercitivos o sanciones que garanticen el cumplimiento de las metas sobre incremento de recaudación y o de reducción de la deuda.

El investigador del área macroeconómica de Funde, Rommel Rodríguez, enfatizó que en otros países leyes similares han establecido sanciones. "Algunos países incluyen destituciones de Ministros o cuando hay incumplimiento de parte de una institución del Estado los recursos le son congelados hasta que se nivele", explicó.

El elemento coercitivo, dijo, es importante considerando la importancia de cumplir con los objetivos con que la ley de responsabilidad fiscal fue creada.

Entre ellas se encuentran: reducir el gasto en un 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) y aumentar la carga tributaria en 17% del PIB en tres años, período denominado de estabilización fiscal.

Además se plantea reducir la deuda, en un plazo de 10 años (período de sostenibilidad fiscal) a menos de 42 % del PIB, limitar los gastos corrientes a menos del 19 % y el pago de remuneraciones al 9 % del PIB.

Del texto de la ley también se desprenden otras ambigüedades que ha señalado Funde. Las metas mencionadas, por ejemplo, pueden ser modificadas de forma discrecional por el Estado.

Este punto está relacionado con la parte de la coerción, ya que convierte en metas frágiles y volátiles la falta de garantías para cumplirlas.

Por otro lado, el consultor Carlos Pérez explicó que algunos términos incluidos en la ley (período de estabilización fiscal y el de sostenibilidad fiscal) no coinciden con definiciones internacionales como las incluidos en el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas, utilizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Incertidumbre en la deuda previsional

Funde también criticó que la Ley de Responsabilidad Fiscal excluye la deuda previsional en el conteo de variables. Esto significa que en el monitoreo de la deuda del sector público no se incluirá la deuda que enfrenta el sistema de pensiones.

El investigador macroeconómico, Rommel Rodríguez, matizó esta situación. Aunque el pago del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) generará mayor presión en la deuda, no es un problema que se pueda tratar sin realizar una reforma al sistema de pensiones. Este tema ha demostrado ser más "álgido y confrontativo", comentó.

Por ello Rodríguez cree que la apuesta del Ministerio de Hacienda es reducir lo más posible la deuda del sector público no financiero, para que no se acumule junto con la deuda previsional, la cual deberá controlarse después.

Análisis al detalle

Los analistas de la Fundación también realizaron un análisis de las otras propuestas incluidas en el paquete de reforma fiscal: los impuestos a las operaciones financieras, a las propiedades inmobiliarias suntuarias y las reformas a la ley de impuesto sobre la renta, ley de imprenta y al código tributario.

Respecto a las mejoras, Carlos Pérez expresó que son medidas administrativas que complementan y fortalecen las medidas de control tributario vigentes. "En general no causan perjuicios a sujetos pasivos", consigna el análisis de Funde.

En cuanto al impuesto mínimo sobre la renta la organización propone una imposición independiente del impuesto sobre la renta, ya sea sobre activos netos o el patrimonio.

Según Carlos Pérez, el actual texto plantea algunas problemáticas. "Una persona puede poseer un activo, pero no utilizarlo, por lo que su aporte a la renta es nulo", explicó.

Sobre el impuesto a los inmuebles suntuarios, los analistas de la Fundación señalaron dos riesgos. Este podría afectar a lotificaciones para vivienda de clase media y popular, ya que se gravaría el lote.

La otra deficiencia es que los métodos de valuación son "discrecionales y subjetivos" y no se basa en controles de catastro.

Solo el impuesto a los bienes inmuebles recaudaría $50 millones al año según el Ministerio de Hacienda. Funde señaló que un impuesto al patrimonio, de mayor alcance, se ubicaría entre $150 y $200 millones anuales.

Por último, sobre la reforma a la ley de imprenta, Funde valoró que representa un avance en la equidad horizontal. Sin embargo señaló que debe mantenerse la exención del impuesto de renta a publicaciones educativas o culturales como libros escolares y periódicos debido a su aporte al desarrollo de la sociedad.

La nueva reforma fiscal podría aumentar la recaudación en $200 millones, según el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Sin embargo, evaluando el desempeño de anteriores reformas, el consultor macroeconómico de Funde, Carlos Pérez, dijo que los ingresos podrían ser de $120 o $125 millones (un 60 %) en el corto plazo.

Esta menor recaudación se debería a que medidas como el impuesto a las transacciones son utilizadas para salir de una crisis pero su efectividad se reduce en el largo plazo

La recaudación de las reformas anteriores de este gobierno rondó el 54 % de lo que se estimó, señaló Pérez.

Históricamente la efectividad de las reformas fiscales ha sido menor a la esperada debido a que la carga tributaria no ha estado acompañada de una reactivación económica que permita mantener los ingresos. Se vuelve importante entonces un control de gastos, recomendaron los analistas.

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