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Empresarios piden prórroga para cumplir con las reformas de la Ley de Lavado de Dinero y Activos

Aún no cuentan con el Instructivo de la UIF de la Fiscalía y solo tienen 20 días para cumplir los requisitos.

costura pequeña empresa

Todas las empresas formales, micro, pequeña, mediana y grande, tendrán que cumplir con las reformas de la ley. | Foto por elsalv

La empresa privada, en sus diferentes sectores, ha pedido a la Fiscalía General de la República (FGR) una prórroga para poder conocer e implementar todos los cambios que se incluirán en el nuevo instructivo de la Ley de Lavado de Dinero y Activos, que hasta la fecha no ha sido publicado. La petición obedece sobre todo, a todas las dudas que despierta la figura del oficial de cumplimiento.

El día de ayer la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) publicó un comunicado en nombre de las empresas a quienes dan servicios, solicitando una ampliación para que las modificaciones no entren en vigencia el 1 de enero de 2016.

De la misma manera se expresó la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silvia Cuéllar. Ella aclaró que el sector privado no está en contra de la ley, sino que han identificado muchas dudas que hacen muy difícil implementar los cambios a partir del 31 de diciembre de este año.

La gremial de exportadores  junto con técnicos de la FGR han realizado capacitaciones a empresas, pero utilizando la versión del instructivo que vence este año. Cuéllar declaró que contar con la versión modificada disiparía la incertidumbre.

La Fiscalía insiste en que el documento se publicará durante este mes.

¿Qué es lo complicado? Según la representante de Coexport, la incertidumbre es acerca los requisitos para nombrar al oficial de cumplimiento y cómo la Fiscalía procesará la información. 

“Las empresas están siguiendo el proceso para contribuir e implementar lo que la fiscalía pide. Si está claro como el agua, es fácil cumplirlo”, expresó Cuéllar.

La gremial pidió una prórroga para implementar la reforma o que el instructivo actualizado especifique nuevos plazos. Hasta ahora no hay respuesta oficial de la FGR.

Confusión general

Representantes del sector empresarial y gremiales de abogados se han mostrado preocupados los últimos días debido a que las reformas al instructivo de la Ley de Lavado de Dinero y Activos aún no han sido publicadas por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) de la Fiscalía.

Su principal preocupación radica en que a partir de hoy cuentan con 20 días para poder cumplir con los requisitos establecidos en la normativa, ya que las reformas a la Ley de lavado de dinero y activos entra en vigencia el 1 de enero de 2016.

Según quedó establecido en las enmiendas a la normativa  aprobadas por la Asamblea Legislativa el pasado 3 de septiembre de 2015, los sujetos obligados deberán reportar las diligencias u operaciones financieras sospechosas y/o que superen el umbral de la ley, $10 mil, además de nombrar y capacitar a un oficial de cumplimiento y acatar  las demás responsabilidades de la normativa.

Los sujetos obligados de esta ley que están señalados en el artículo 2 son “cualquier institución privada o de economía mixta  y sociedades mercantiles”. Es decir cualquier entidad del sector formal estaría obligada al cumplimiento de la normativa independientemente de la naturaleza de su giro, tamaño y rama económica a la que pertenezca, según la lectura que ha hecho el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Luis Cardenal.

Sobre este punto el ex ministro de Economía, Miguel Lacayo, expresó que “hay sectores que los han incorporado y no veo el criterio”.

Según el empresario, los agentes inmobiliarios no deberían incluirse en la ley, pues el reporte de la transacción lo puede hacer el abogado al redactar el contrato de compra-venta del inmueble.

Además resaltó que un agente inmobiliario solo es un intermediario en la venta y que éstas suelen ser empresas pequeñas.

Precisamente luego de conocerse que las nuevas disposiciones incluyen a todos los sectores económicos, una de las principales interrogativas que ha surgido es respecto a la creación de la figura de oficial de cumplimiento con el que todas las empresas deben contar, el cual será el enlace de la empresa con la Unidad de Investigación Financiera de la FGR.

De acuerdo con la Ley, el oficial de cumplimiento debe tener una certificación ratificada por parte de la Fiscalía General de la República en materia de prevención de lavado de dinero y activos, financiamiento de terrorismo y dos años de experiencia como mínimo en dichas ramas.

Además, este oficial de cumplimiento debe ejercer un cargo gerencial y poseer habilidades y conocimientos sobre aspectos jurídicos, negocios y controles, entre otras cosas.

Esto ha puesto en incertidumbre a los comerciantes, quienes aseguran que no todos los sectores empresariales cuentan con las condiciones económicas para agregar esta nueva plaza en las compañías.

Por ejemplo, la capacitación y certificación del oficial tiene costos en tiempo y dinero. Algunos asesores han expresado a Coexport que este proceso tiene un costo de $13 mil con entidades internacionales que manejan el tema de lavado de dinero. 

Esta opción costosa tendrían que utilizarla algunas empresas porque la FGR no tiene suficiente capacidad para certificar a todos los oficiales de cumplimiento.

Además, algunos empresarios como Miguel Lacayo, advirtieron que contratar a una persona con esos conocimientos y con cargo de gerente (como manda la ley) significa un salario mensual que ronda los mil dólares.

El especialista en Derecho de Empresa y Cumplimiento, Pedro Arieta, dijo que el costo económico estará definido por la demanda que tengan estos profesionales y la cantidad de transacciones que deban monitorear.

Pero el costo no solo es económico, sino también operativo, dijo Arieta. Esto porque si la empresa nombra como Oficial a un empleado que ya tienen, esta persona tendrá una mayor carga laboral.

“A las empresas les están poniendo una gran carga de trabajo y carga de costos y de todo para cumplir con algo que no va a servir de mucho”, advirtió el presidente de la Cámara de Comercio.

De la misma manera se expresó Miguel Lacayo, añadiendo que “esto tiene un objetivo loable, pero el instrumento que están utilizando para hacerlo no es práctico. Le pasan el costo al sector productivo nacional”.

Controles rigurosos

La Ley obliga a establecer estrictos mecanismos de control en los negocios sujetos de esta disposición legal.

“Dentro de la normativa le dicen que hay que reportar a quién le compra y quién le vende, tiene que explicar porqué un mes compró una cantidad y otro mes otra”, señaló Cardenal.

En efecto, la  Ley obliga a establecer políticas de prevención del delito de Lavado de Dinero y Activos, debiendo contar con manuales de cumplimiento, identificación de clientes y proveedores, protocolos de actuaciones, sistemas de reporte de transacciones y operaciones financieras, para que garanticen la implementación y ejecución de las medidas adecuadas.

Según lo explicó el especialista Pedro Arieta  se deberán reportar las transacciones en efectivo, ya sean individuales o múltiples, independientemente se considere sospechosa o no, realizada por cada usuario o cliente que en un mismo día o en el término de un mes exceda los $10,000 o su equivalente en moneda extranjera. 

De la misma manera se hará al tratarse de operaciones financieras por cualquier otro medio si son iguales o superiores a $25,000; y otras complementarias como transacciones mayores de $1,000; transferencias generadas a través de la banca regional; y remesas familiares por montos iguales o mayores a $200.

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