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Emergencia fiscal en Puerto Rico

El Gobierno aprobó ayer la Ley de Sostenibilidad. El decreto permitirá importantes recortes.

La deuda de Puerto rico asciende a más de $73,000 millones, por lo que su crédito ha sido calificado como "basura".

La deuda de Puerto rico asciende a más de $73,000 millones, por lo que su crédito ha sido calificado como "basura".

La deuda de Puerto rico asciende a más de $73,000 millones, por lo que su crédito ha sido calificado como \"basura\".

SAN JUAN. Puerto Rico está desde ayer, oficialmente, en emergencia fiscal, después de que el Gobierno aprobara el martes por la noche una "Ley de Sostenibilidad" que implica todo tipo de ajustes encaminados a atajar la crisis fiscal que vive la isla, y que ha puesto en pie de guerra a varios sindicatos de empresas públicas.

El controvertido texto que el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, convirtió en ley con su firma, impone medidas para que, por primera vez en más de dos décadas, la Administración sea capaz de gastar lo mismo que ingresa durante el próximo ejercicio fiscal, que comienza el mes que viene.

El Ejecutivo había presentado un presupuesto recomendado de $9,640 millones para el próximo año fiscal -del 1 de julio al 30 de junio- y si quiere financiarlo con recursos propios, va a tener que ajustarse enormemente el cinturón, con esfuerzos en, prácticamente, todos los estamentos públicos.

Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE. UU., tiene una tasa de desempleo que ronda el 15 % y una deuda de más de 73,000 millones de dólares.

El Gobierno justifica la nueva ley ante la imposibilidad de seguir endeudándose, una vez que las agencias de calificación de crédito degradaran el pasado invierno a nivel de "chatarra" o "basura" la deuda de la isla, lo que hace muy costoso acudir a los mercados, tal y como ha hecho en exceso en los últimos años.

La ley trata de poner en marcha una política pública que ataje el déficit y mejore la situación financiera de las empresas estatales, sin recurrir al despido masivo de empleados del sector público, apuntan desde el Ejecutivo.

El gobernador García Padilla, en el cargo desde enero de 2013, señaló, al firmar la norma, que con la nueva ley se adopta un plan "para manejar las consecuencias de la degradación del crédito y establecer una gerencia estructurada que permita cumplir con los compromisos del país".

La nueva ley exige que todas las entidades estatales congelen cualquier reclutamiento de personal y aumento de salarios, además de reducirse en al menos un 20 % los salarios de los puestos de confianza.

Además de reducirse la cuantía de las pagas de verano y Navidad, se prohíbe incurrir en gastos extraordinarios y se congela la renegociación de los convenios colectivos hasta que la deuda vuelva a estar en el grado de inversión, se prevé volver al crecimiento económico, de al menos un 1.5 %, o se cierra un ejercicio fiscal sin haber incurrido en déficit. —EFE

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