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Comerciantes piden a la CSJ declarar inconstitucional procedimiento para aprobar reforma tributaria

La demanda presentada por la Sociedad de Comerciantes es contra el procedimiento de aprobación de la normativa, ya que afirman no fue discutida como la ley manda.

Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

Víctor Rodríguez, presidente de la Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), presentó la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.

La Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS) presentó este día, ante la Corte Suprema de Justicia, una demanda de inconstitucionalidad en contra de la aprobación del paquete de reformas tributarias que la Asamblea Legislativa aprobó el 31 de julio pasado, durante un madrugón.

Víctor Rodríguez, presidente de la gremial empresarial, y Javier Argueta, director de asuntos legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, explicaron que la Constitución manda a los diputados a discutir una ley antes de aprobarla, pero ese día en la sesión plenaria las reformas no fueron discutidas ni concensuadas entre todos los partidos políticos, por lo que viola el artículo 135 de la Carta Magna.

"No justicaron por qué lo aprobaron de forma apresurada". "No se siguió el procedimiento correcto para aprobar una ley", dijo Rodríguez.

La SCIS anunció, además, que están evaluando presentar otra demanda de inconstitucionalidad más adelante porque la reforma incluye un tributo del 1 % a los activos de las empresas, un impuesto que de acuerdo a Rodríguez afectará definitivamente a las micro y pequeñas empresas, que representan más del 90 % de la actividad empresarial en el país.

En la anterior reforma fiscal de 2011 el Gobierno aplicó un impuesto similar a los ingresos brutos de las empresas, una medida legal que fue recientemente declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

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